Concebida como la obra que empezaría a poner fin a la importación de
combustibles de Estados Unidos, la reconfiguración de la refinería de
Cadereyta se convirtió en un embrollo que atenta contra el ya muy
mermado patrimonio de Pemex, debido a sus elevados costos derivados de
la cauda de errores que cometieron tanto funcionarios como contratistas.
Por si fuera poco, la paraestatal se enfrascó en un proceso legal con
una de las empresas cuyo desenlace podría obligarla a pagar poco más de
500 millones de dólares.
A ocho años de su construcción, con un costo que suma ya 2 mil 600
millones de dólares, irregularidades como desvío de recursos, errores de
planeación y tráfico de influencias, llevaron al fracaso la
reconfiguración de la refinería de Cadareyta -localizada en el estado de
Nuevo León-, mientras que signos de estos males se asoman ya en todo el
Sistema Nacional de Refinación de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Y aunque la Secretaría de la Función Pública, cuando su titular era
Francisco Barrio, realizó auditorías a Pemex así como a todas sus obras,
hasta la fecha no se han deslindado responsabilidades, aun cuando la
paraestatal podría pagar poco más de 500 millones de dólares este año
debido a los errores que cometieron los exfuncionarios, en el caso de
que pierda el juicio que la paraestatal libra en París con el grupo
Conproca.
El proceso está en su fase final y, hasta donde se pudo averiguar, Pemex
no tiene argumentos sólidos para reclamar el reembolso de pagos por
adelantado, hechos sin apego a la ley, ni para exigirle a las empresas
contratistas que reparen las fallas de ingeniería básica y de detalle
que presenta la obra.
El proyecto de reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación (SNR)
se inició en 1997 con la modernización de Cadereyta. El sexenio de
Ernesto Zedillo concluyó sin que la obra se terminara, por lo que le
tocó al gobierno foxista enfrentar todos los problemas que ésta
arrastraba desde su origen.
El asunto se complicó para Pemex cuando su entonces director, Raúl Muñoz
Leos, decidió que la paraestatal fuera a juicio ante un árbitro
internacional con el afán de defender algo aparentemente indefendible,
toda vez que Pemex carga con la mayor parte de las responsabilidades en
la ejecución de la obra y ésta se aceptó como terminada, a pesar de que
presenta un amplio abanico de fallas en su diseño y funcionamiento.
De acuerdo con el Informe sobre la firma del convenio del contrato de
obra pública financiada PR-SP-035/97, se podrían desprender diversas
responsabilidades por daño patrimonial contra Pemex que afectarían tanto
a funcionarios como a exfuncionarios de la empresa, entre ellos Raúl
Muñoz Leos, actualmente integrante del equipo de campaña de Rubén
Mendoza, candidato del PAN a la gubernatura del Estado de México
También resultarían implicados los exdirectores de Pemex-Refinación,
Mario Willars -uno de los impulsores de la obra- y Armando Leal Santana;
Eduardo Vergara, extitular del área de Proyectos de Pemex, así como el
exgerente de Pemex-Refinación, Máximo Téllez.
A causa de los errores de planeación y de las modificaciones
desordenadas que sobre la marcha se le hicieron a la obra, Pemex y la
empresa Consocio Proyecto Cadereyta (Conproca) dirimen desde 2001 un
juicio -asentado en el expediente 11760/KGA- ante la Corte Internacional
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en
París, en el cual la empresa contratista reclama a Pemex un pago que
actualmente supera los 500 millones de dólares.
Aunque la megaobra fue aceptada y reconocida como terminada en 2001 por
Muñoz Leos -según se establece en el Convenio de culminación del
contrato de obra pública financiada PR-SP-035/97-, la refinería enfrenta
problemas en la producción de combustibles, de tal suerte que su
capacidad actual de procesamiento es casi similar a la que registraba en
1981.
De acuerdo con el programa de reconfiguración presentado en 1997 por
Mario Willars -uno de los funcionarios que hasta la fecha no ha sido
llamado a cuentas-, la planta de Cadereyta sería reconfigurada para
procesar al día 270 mil barriles de crudo pesado, aunque según informes
internos de Pemex la refinería ocasionalmente ha rebasado los 200 mil
barriles por día.
A principios de este año, Fermín Narváez, gerente de la refinería de
Cadereyta, entregó un informe al secretario de Energía, Fernando
Elizondo, y al director de Pemex-Refinación, Juan Bueno Torio, en el que
señala que la refinería alcanzará a procesar al día 270 mil barriles una
vez que entre en operación el oleoducto Nuevo Teapa-Madero-Cadereyta.
Sin embargo, el oleoducto, que atraviesa los estados de Tamaulipas,
Veracruz y Nuevo León, aun cuando está pagado y aceptado como listo para
funcionar, según consta en el citado convenio de culminación de
contrato, aún no entra en funcionamiento porque la empresa coreana
Sunkyon Engineering dejó su construcción a medias y ahora, con recursos
propios, Pemex concluye los trabajos con el fin de conectar los mil 185
kilómetros de tubería con la planta de Cadereyta, lo que -según el
programa- debió terminarse en agosto de 2000.
El ducto, dice el informe, está terminado en el tramo Nuevo
Teapa-Madero, pero el resto, que va de Madero a Cadareyta, presenta poco
más de 100 fallas debido a la falta de supervisión de la obra. Existen
largos tramos con altas dosis de corrosión y falta de protección
catódica -recubrimientos-, que elevan el riesgo de una explosión e
impiden que los petrolíferos fluyan con alta presión hacia la refinería,
por lo que el "bombeo" de petróleo resulta lento.
Ahora se sabe que Pemex descuidó todo el proceso de supervisión de la
obra, para la cual se contrataron a decenas de ingenieros -algunos
jubilados-, quienes cobraban su salario sin visitar ni revisar los
diversos tramos de la tubería.
Concebida como la obra que empezaría a poner fin a la importación de
combustibles de Estados Unidos, Cadereyta hoy es un embrollo que golpea
el patrimonio de Pemex y del país, por sus elevados costos derivados de
la cauda de errores que cometieron tanto los funcionarios de la
paraestatal como los empresarios contratistas.
En un informe de Pemex denominado Problemática asociada al proyecto de
reconfiguración de la refinería de Cadereyta, una copia del cual está en
poder de Proceso, se incluye el apartado Problemática posterior a la
firma del convenio de culminación entre Pemex-Refinación y Conproca en
el que se destacan los puntos medulares del fracaso de la obra.
El documento señala que en la reconfiguración de Cadereyta "se presentan
incumplimientos de ambas partes" -Pemex y contratistas- y se añade que
el corporativo Conproca -conformado por las empresas Sunkyon, Siemens y
Protexa- no ejecutó la protección catódica (recubrimiento eléctrico) en
las líneas de funcionamiento de la planta ni Pemex cumplió con los
llamados derechos de paso.
Con la complacencia de Pemex, los empresarios coreanos trajeron tubería
de su país, de espesor menor al establecido en el contrato, lo cual, a
juicio de expertos, reduce hasta en 30% la vida útil de dichas líneas.
Otras fallas se le atribuyen a Pemex en su calidad de propietario, como
el incumplimiento en la adquisición de un terreno aledaño a la
refinería, la falta de formalización de los derechos de vía y el retraso
en la terminación de la planta coquizadora, vital para el funcionamiento
de la refinería.
El informe analiza el mal estado en que Pemex recibió la llamada obra
emblemática del proyecto de reconfiguración y señala, por ejemplo, que
los funcionarios de Pemex recibieron la obra sin que se encontrara
concluida "provocándose un daño patrimonial a la entidad, en virtud de
no poder cumplir con los fines perseguidos en el proyecto Cadereyta, por
lo que incurrieron en la comisión del delito de ejercicio indebido del
servicio público".
En el caso del oleoducto que debe alimentar a la planta, el documento
asienta que la entidad (Pemex) recibió la obra "con el pleno
conocimiento de la serie de irregularidades incurridas durante su
construcción, situación que claramente provoca un daño grave al
patrimonio e intereses (de Pemex) al no poderse cumplir con los fines
perseguidos con la obra, como la transportación del crudo maya".
Detectadas las irregularidades de la obra en general, 12 días después de
que Vicente Fox tomara posesión como presidente de la República, Pemex y
Conproca firmaron un convenio de ajuste de eventos críticos para
resarcir las fallas en Cadereyta.
El acuerdo provocó dos modificaciones al contrato original, aunque las
irregularidades no se resolvieron, ya que en la entrega del oleoducto se
contravinieron las características esenciales pactadas. La obra se debió
haber entregado en tiempo y forma y lista para operar, pero
Pemex-Refinación aceptó llevar a cabo los trabajos que se requerían para
su culminación. Un dato que revela el retraso de los trabajos fue la
puesta en operación del oleoducto, la cual se inició 3 años después de
lo establecido en el contrato.
Al respecto, Pemex no puede argumentar que se vio sorprendida por los
contratistas, ya que el informe señala que "la entidad tenía
conocimiento y evidencia de las irregularidades cometidas durante su
construcción... y el haber aceptado la obra como concluida provocó un
daño patrimonial.
Y no sólo eso: el documento también establece que "los funcionarios
públicos que intervinieron en la firma del convenio de culminación del
contrato contaban con los elementos suficientes para prever que se
causaría un daño patrimonial a la entidad al no llevar a cabo las
acciones necesarias y tomar las medidas para evitar la recepción de la
obra...".
Por ello, el informe considera que la firma del convenio de aceptación
de la obra, efectuada por Muñoz Leos en 2001, "resulta violatoria a la
legislación aplicable, ya que es claro que los servidores públicos que
lo suscribieron, además de tener conocimiento de que pudieron resultar
gravemente afectados tanto el patrimonio como los intereses de la
entidad, pudieron evitar el impacto al patrimonio al haber evitado la
firma del convenio".
Refinerías de corrupción
El llamado Sistema Nacional de Refinación está compuesto de seis
refinerías: Cadereyta, Madero, Salamanca, Tula, Salina Cruz y
Minatitlán, y a la fecha sólo quedan por reconfigurarse las dos últimas.
Pero a pesar de los vicios y fallas cometidas, Pemex sigue incurriendo
en los mismos.
A nueve años de que inició el proceso de reconfiguración de las
refinerías, no sólo se han incumplido los objetivos programados, sino
que la producción de gasolinas es menor a la que había antes de que se
modernizaran las plantas.
La refinería de Madero procesaba 190 mil barriles diarios antes de la
reconfiguración. Después de su modernización, que concluyó en 2002 con
un costo de 2 mil millones de dólares, la planta sólo procesa 150 mil
barriles por día, no obstante que con su nuevo diseño se pretendía
alcanzar 330 mil barriles diarios. En el caso de Tula y Salamanca, Pemex
optó por realizar una modernización parcial.
Aunque tiene un retraso de cuatro años, la reconfiguración de la planta
de Minatitlán, una de las más antiguas, se realiza actualmente en medio
de los mismos vicios y fallas -falta de planeación y tráfico de
influencias, por mencionar algunos- que se dieron en Cadereyta.
La obra consta de seis paquetes, dos de ellos, identificados en las
bases del concurso como IPC-1 e IPC-2, presentan graves fallas y en
ambos asoman signos de tráfico de influencias.
En el primer paquete, que tiene que ver con la compactación del suelo y
la cimentación, la obra fue ganada por la empresa Tradeco, S.A de C.V.,
compañía de la familia Martínez, cuya cabeza, Federico Martínez, fungió
como subdirector de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas en la
subsidiaria Pemex Exploración y Producción, de la que hasta hace unos
meses era titular Luis Ramírez Corzo, director actual de la paraestatal.
Federico Martínez funge como director corporativo de Ingeniería y
Desarrollo de Proyectos de Pemex.
Los trabajos de compactación del suelo en la refinería de Minatitlán ya
presentan problemas, pues en lugar de que la obra se haga con "material
de banco" (tierra sólida), el área donde se asentará la planta se está
rellenando con arena de río, lo que, a juicio de expertos, puede causar
serios problemas en la cimentación de la obra.
El segundo paquete, el IPC-2, que tiene que ver con Servicios Auxiliares
e Integración y significa un contrato por 700 millones de dólares, fue
obtenido por la empresa ICA.
Por lo que se refiere a la modernización de la refinería de Salina Cruz,
hasta el momento se desconoce si existe un proyecto para llevarla a
cabo, por lo que dicha obra lleva ya cinco años de retraso.
En el diagnóstico denominado Pemex retoma el rumbo, que un grupo de
ingenieros, encabezados por Juan Barrera y Enrique Salazar Ibargüen,
entregaron en diciembre de 2004 a la Presidencia de la República, se
establece que si la reconfiguración de las refinerías se hubiera llevado
con transparencia, Pemex se estaría ahorrando alrededor de 26 mil
millones de dólares anuales por concepto de importación de combustibles.
Y para rematar, el estudio señala que la modernización de las refinerías
ha resultado un fracaso, como queda demostrado en el caso de Cadereyta,
pues esa planta registra pérdidas por mil 69 millones de pesos, lo que
ha provocado un incremento en la importación de gasolina, que se
aproxima a 340%
