El gobierno federal no justificó el gasto de 34 mil
mdp durante 2001
( Francisco Reséndiz )
Pese a una enérgica oposición del Partido Acción Nacional el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública de 2001, la cual establece
que el gobierno del presidente Vicente Fox no justificó el gasto de 34
mil millones de pesos durante su primer año de ejercicio.
El dictamen, avalado por 241 votos a favor, 113 en contra y tres
abstenciones, subraya que la administración foxista no se ajustó a los
criterios señalados por el presupuesto, que no ha cumplido los objetivos
de diversos programas y que existe un gran número de incumplimientos que
ameritaron observaciones.
Luego de un largo debate entre perredistas y panistas, se dio la
instrucción para que la Auditoría Superior de la Federación dé
seguimiento a la solventación y en su caso finque las denuncias penales
correspondientes.
El dictamen, elaborado por la Comisión de Presupuesto, que el PAN
intentó retrasar al presentar una moción suspensiva que fue rechazada
por la mayoría, destaca que inicialmente las observaciones fueron de 339
mil 456.2 millones, pero que de esa cantidad al final no se solventaron
34 mil millones de pesos.
Al fundamentar el documento, el perredista Guillermo Huízar, secretario
de la Comisión de Presupuesto, aseveró que el dictamen reporta los
resultados obtenidos en las 355 revisiones practicadas a 134 de 335
entes. Se emitieron 3 mil 23 observaciones y hubo 4 mil 113 acciones
correctivas y preventivas.
Estas acciones tienen que ver con deficiencias en la operación de los
sistemas y mecanismos de control interno, con el incumplimiento de
objetivos y metas de algunos programas, con la presunción de daño al
erario federal o al patrimonio de las dependencias y con la falta de
comprobación de operaciones.
Citó que entre las irregularidades encontradas la más significativa
sigue siendo el rescate bancario, en el cual se detectaron múltiples
operaciones al margen de la norma que generaron 32 observaciones, con un
impacto económico de casi 60 mil millones de pesos.
La administración pública federal, sostuvo, violó la ley 309 veces, 18
veces la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuatro la
Ley de Ingresos, 37 el Presupuesto de Egresos, 32 la Ley de Presupuesto,
76 su reglamento y 43 la Ley de Adquisiciones. El documento, avalado por
el pleno de San Lázaro, destaca que las principales variables económicas
del país presentaron desviaciones importantes respecto a las metas
previstas en los Criterios Generales de Política Económica del Gobierno
Mexicano.
Así, durante 2001, el PIB cayó 0.3% en términos reales, cuando se
esperaba un crecimiento de 4.5% proyectado originalmente y del alcanzado
un año antes, de 6.6 puntos porcentuales. A su vez el sector industrial
se contrajo 3.5%, lo cual se reflejó en pérdida de 358 mil 587 empleos
formales.
El balance presupuestario arrojó un déficit de 43 mil 430 millones de
pesos, monto superior en 2 mil 459.7 millones de pesos respecto de la
meta aprobada, que como proporción del PIB fue equivalente a 0.75%,
mayor en 0.1 puntos al aprobado, y que el superávit primario se situó en
144 mil 630 millones de pesos, nivel equivalente al 2.5% del PIB.
Durante el 2001 el gobierno federal aumentó su deuda en 30 mil 345.1
millones de pesos, con lo que su monto total ascendió a 1 billón 304 mil
824 millones de pesos.
Por otra parte, en el dictamen se establece que en ese año se destinaron
59 mil 713.8 millones de pesos a los programas para superar la pobreza
extrema, lo cual significó un incremento de 9.7% real, pero también un
subejercicio de 5.2% al dejar de erogar 3 mil 287.6 millones.
Explica igualmente que para ese mismo ejercicio fiscal se autorizaron
recursos para el desarrollo humano por 31 mil 663 millones de pesos; sin
embargo todos los programas que contienen esta vertiente de apoyo social
registraron subejercicios de mil 793.7 millones de pesos.
De la misma forma, los recursos encauzados al fortalecimiento de la
infraestructura social básica del país ascendieron a 20 mil 803.7
millones de pesos, de los cuales, durante su primer año, el gobierno de
Vicente Fox dejó de ejercer cerca de 519 millones de pesos.
Luego de que el pleno rechazó, bajo la argumentación de Pablo Gómez, la
moción suspensiva presentada por el panista Rafael Sánchez, su
correligionario Salvador Vega declaró que en esta revisión de la cuenta
existen atropellos y datos falsos que tratan de ocultar los verdaderos
resultados.
"El motivo de fondo es que el partido de la corrupción probada, el de
René Bejarano, Carlos Ímaz, no puede aceptar de cara al pueblo que ésta
es la mejor cuenta y la más transparente que se ha presentado", dijo su
compañero Federico Döring, quien estimó que sólo fueron errores.
Consideró que se están potencializando los detalles de incumplimiento y
no se reconoce lo correcto, como el cumplimiento del 97.6% en la
recaudación de ingresos presupuestarios, 98.3% en ingresos tributarios y
99.3% en ingresos no tributarios. Resaltó que sólo está pendiente por
solventar el 0.3% de lo observado por la ASF.
En contraste, la perredista Minerva Hernández Ramos indicó que este
dictamen constituye un severo llamado de atención al gobierno federal,
pues los legisladores no permitirán que la revisión de cuenta pública
continúe siendo un acto de simulación.