Orlando
Delgado Selley
o_selley2001@yahoo.com
Pemex y las instituciones
Fuente:
CNEE-sur.net
(18/04/08)
• El debate sobre el
futuro de la industria petrolera empezó hace tiempo. En 1999, cuando
se discutía la posibilidad de que la oposición al régimen de partido
único pudiera presentar un solo candidato, las posiciones de
Cárdenas y Fox respecto a Pemex eran divergentes: fortalecerlo o
privatizarlo. Una solución a esta diferencia que permitiera una
candidatura única era someter el tema a los electores, es decir,
comprometerse a realizar un referendo que determinase la postura
gubernamental. La posición de los panistas no ha variado: siguen
pensando que Pemex debe privatizarse. Tienen argumentos ideológicos,
pero también intereses prácticos.
Pemex se encuentra en un momento crítico. Como bien señala David
Ibarra, ha dejado de cumplir con su función estratégica de fomentar
el desarrollo nacional, a través de la industrialización,
convirtiéndose en una empresa cuyos ingresos han servido para
equilibrar las finanzas públicas. Los gobiernos neoliberales usaron
a Pemex como sostén presupuestal de un régimen de bajos impuestos.
Ello la ha llevado a una crisis que se pretende resolver mediante
asociaciones con grandes petroleras privadas que invertirían para
explorar y luego extraer crudo, así como en la refinación, a cambio
de compartir la renta petrolera.
Esto es privatizar. Eso propone Calderón. Puede mostrarse con
facilidad que resolver la situación crítica de Pemex es posible por
otras vías: si lo que hace falta es tecnología para explorar y
extraer crudo de aguas profundas, pues se compra; si no se cuenta
con los recursos fiscales para hacerlo, se puede financiar con
créditos pagables con los ingresos nuevos que resultarían del uso de
esa tecnología; si la empresa requiere autonomía de gestión
administrativa y financiera es posible hacerlo eliminando los
candados macroeconómicos a sus decisiones de inversión; si los
costos salariales impiden abrir nuevas refinerías, el asunto debe
resolverse.
La iniciativa gubernamental, independientemente del tiempo que se
discutiera, iba a ser aprobada por la bancada panista y por los
diputados priístas necesarios para alcanzar los votos que se
requieren. Una decisión de este tipo no necesariamente refleja la
opinión social y es discutible que el mandato de los legisladores se
los permita. Las cámaras reúnen a representantes electos, diputados
y senadores, pero debemos preguntarnos sobre los límites de esa
representación ante decisiones que comprometen el futuro de la
nación y que no fueron presentadas claramente en el momento de la
elección. El gobierno y los legisladores de todos los partidos
políticos están obligados a reconocer que no se puede legislar sobre
temas de esa relevancia sin consultar expresamente a los electores.
El país está dividido. La contienda electoral de 2006 así lo
constató. Las instituciones creadas para terminar el régimen de
partido único cumplieron eficientemente su cometido, pero no
sirvieron para establecer un sistema político democrático. Frente a
un electorado notoriamente polarizado, las tensiones generaron
desviaciones que no pudieron ser atajadas por un árbitro parcial.
Aunque el perfil de las preferencias electorales pudiera haberse
modificado, en buena medida como respuesta ante la actuación de las
organizaciones políticas, frente a la privatización de Pemex la
polarización se reconstruye acentuadamente.
Soslayar esta situación puede generar complicaciones en el
funcionamiento institucional. El linchamiento mediático sólo
exacerba esas dificultades. No se trata de un asunto menor: se trata
de la fuente mayor de ingresos del Estado. Se trata de una empresa
que ha sido fundamental en la vida de la nación y que ha sido
llevada deliberadamente a circunstancias críticas. Aprobar la
iniciativa sin un mandato expreso de los votantes sería un craso
error. Discutir con la mente abierta, ponderar verdaderamente las
diversas posibilidades técnicas que llevarían a diferentes medidas
de política económica es central. Pero lo es más que la población
establezca su mandato. Ello sólo será posible sometiéndolo a
referendo.
