José
Blanco
La fibra Pemex
Fuente:
CNEE-sur.net
(22/04/08)
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Las últimas semanas parecen probar que
la fibra más sensible de la sociedad mexicana se llama Pemex. Muy
pocos ciudadanos parecen dispuestos a creer que la propuesta
gubernamental no lleva en su centro alguna(s) forma(s) de
privatización y/o que la secuela operativa, bajo los términos de esa
propuesta, no desemboque en lo que hoy es sospecha.
Ello ocurre en el contexto de la experiencia que la sociedad tiene
respecto a las privatizaciones que comenzaron con Miguel De la
Madrid, se aceleraron con Carlos Salinas y Zedillo, y continuaron
con Fox. Si es cierto que la pobreza extrema disminuyó unos puntitos
en los últimos años, la proporción es tan insignificante que, para
todo efecto práctico, no ha ocurrido nada ni con la pobreza, menos
aún con la inmensa desigualdad. Es decir, las privatizaciones no
sólo no resolvieron socialmente nada, sino que son percibidas como
pérdidas contrarias a las mayorías. Los casos sobran, pero los más
obvios son Telmex, empresa a la que deben los usuarios pagar precios
muy por encima de los precios internacionales, y la banca, que vive
del presupuesto de la nación –secuela del Fobaproa– y no ha servido
como palanca del desarrollo productivo.
Si bajo cualquier circunstancia la sociedad habría dicho no a
cualquier forma de privatización de Pemex, en la circunstancia de
las experiencias vividas en los sexenios recientes, ése no puede
convertirse en un grito de guerra.
No debe perderse de vista, de otra parte, la tendencia en una serie
creciente de países que, bajo la experiencia hasta ahora andada por
la globalización neoliberal, han ido cambiando de rumbo buscando
asegurar la soberanía y el control nacional sobre recursos que han
considerado, por razones nacionales, especialmente estratégicos.
Ahí está el Congreso de Estados Unidos, que se opuso a que fuera
vendida la Union Oil Company de California (Unocal) a una compañía
petrolera china. Fundada en el siglo XIX, esta empresa es una
sociedad hoy extinta porque sintomáticamente se fusionó en agosto de
2005 con la también estadunidense Chevron Corporation.
Francia está en contra de vender la siderúrgica Arcelor a una
empresa india; el gobierno español lo está a la venta de la línea
aérea Iberia y más recientemente el gobierno italiano estuvo
bloqueando la venta de un banco de esa nacionalidad.
Diversos países no desarrollados siguen tendencias similares (en
América Latina, por ejemplo), y aun tenemos experiencias como las
limitaciones que Estados Unidos impone a Televisa y Telmex para
operar en su territorio. El gobierno mexicano no puede ser ajeno a
estas nuevas tendencias estratégicas, en el contexto de los cambios
en los bloques que integran la economía globalizada.
Se diría que las tesis centrales de la propuesta oficial son: no
tenemos la tecnología necesaria para la reforma y el desarrollo de
Pemex, y ésta sólo podemos obtenerla por la vía de la asociación o
de alianzas “estratégicas”; Pemex carece de capacidad de gestión de
proyectos (!!!); sólo podemos alcanzar mayores reservas probadas en
aguas profundas; ¡Pemex no tiene recursos suficientes!; la mejor
manera de transportar el producto es por ductos (parece ser que
empresas extranjeras podrían hacer esto mejor que Pemex); empresas
extranjeras podrían construir y operar mejor que Pemex una
refinería.
Una exploración somera en la Internet permite encontrar tesis
distintas y seguramente muchos expertos no coinciden con los
argumentos centrales de la propuesta del gobierno. En un coloquio
realizado el año pasado en México sobre el tema de la exploración y
extracción en aguas profundas, el director de General Electric dijo
que la tecnología para aguas profundas estaba disponible en el
mercado, pero además técnicos mexicanos ya han perforado cuatro
pozos con “tirantes de agua” de mil metros de profundidad.
En 2004 Pemex obtuvo 45 mil millones de dólares de utilidades antes
de impuestos y se ubicó en el segundo lugar mundial después de Exxon
Mobil. En 2006 sus utilidades fueron de 57 mil millones de dólares,
y mantuvo ese lugar en el ranking mundial.
El asunto, dígase una vez más, se relaciona con el sistema
impositivo.
Los militares en Brasil llevaron la carga fiscal de ese país a 30
por ciento del producto. Cardoso la elevó otros 2 puntos
porcentuales, y Lula, dos más, de modo que ahora la carga fiscal en
Brasil es de 34 puntos del producto. Chile tiene un peso fiscal
similar, y quien lo llevó a cabo, en lo fundamental, fue Pinochet.
La democracia mexicana, en cambio, está “estructuralmente” impedida
de rebasar 12 o 13 por ciento del producto, de modo que ha debido
esquilmar históricamente a Pemex para financiar gasto corriente,
pagar deudas y saldar compromisos de sello corrupto, malgastar, en
fin, derrochar millones que no han servido al desarrollo.
Llévese a cabo de una buena vez la reforma fiscal necesaria, déjese
a Pemex que se recapitalice, cómprese la tecnología que fuere
necesaria y háganse alianzas estratégicas cuando sea absolutamente
transparente que una asociación dada traerá en consecuencia
tangibles ventajas al desarrollo económico de México, cuestión que
no debiera requerir ninguna reforma constitucional, menos aún de
ninguna violación a la misma. Brasil ha venido aumentando su
industria petrolera con la más diversificada estrategia
internacional que pueda imaginarse. Y lo ha hecho muy bien.
Creo que una amplia y transparente consulta por el Congreso es
indispensable, como creo también que un referendo abierto inclinaría
la pendiente por la que Pemex viene derrumbándose.
