Petróleo: medios y fines
Fuente:
CNEE-sur.net
(23/04/08)
•
Eugenio Anguiano
La largamente anunciada reforma energética, en particular la de la
industria petrolera nacional, ha provocando una feroz polarización
en el Congreso de la Unión, que repercute en los medios de
comunicación y es retroalimentada por éstos. En este debate no se
escucha la voz de una opinión pública no partisana, a la cual le
queda como nunca el mote de “mayoría silenciosa”.
Por una parte está el núcleo del gobierno panista de Felipe Calderón
Hinojosa; una proporción mayoritaria de legisladores y agrupaciones
e individuos de la sociedad civil de variada pertenencia social,
pero con predominio de sectores acomodados empresariales; académicos
de universidades privadas; una parte quizá minoritaria de
intelectuales, y algunos que podrían identificarse como la derecha
nacional.
Los pertenecientes a este conjunto se muestran escandalizados por
las acciones a las que ha recurrido el extremo opuesto, la izquierda
en sus diferentes matices y los partidos políticos aglutinados en
esa alianza de ocasión denominada Frente Amplio Progresista (FAP),
para parar en seco el debate formal de las iniciativas del gobierno,
remitidas finalmente por el Presidente de la República al Congreso
el pasado 8 de abril, y referentes a la reforma de diversas leyes en
materia petrolera y energética del país, principalmente de la Ley
Reglamentaria del artículo 27 constitucional.
Los opositores a dichas propuestas, que viéndolas con cuidado
carecen de un sentido de transformación a fondo de la industria
energética, han recurrido a prácticas violatorias de los principios
de una democracia representativa, por ejemplo la de movilizar
personas —la mayoría de ellas convencidas de que está tramándose la
privatización de la empresa nacional Pemex— para impedir el acceso a
las cámaras de Diputados y de Senadores, mientras legisladores del
PRD y sus aliados se apoderan de los salones de sesiones e impiden
el debate.
Sin duda es reprobable tal conducta, sobre todo porque proviene de
grupos que postulan la defensa de la democracia, el imperio de la
ley, la defensa de los derechos individuales y la lucha contra la
inequidad social, y también porque el grueso de los que participan
se subordinan a las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador,
personaje de la política nacional muy próximo al prototipo del
político manipulador que describiera Maquiavelo, para quien los
fines perseguidos justifican el uso de cualquier medio.
Lo esencial de esta relación medios-fines radica precisamente en los
fines perseguidos. Resulta poco convincente que la “razón” del
rechazo al diálogo legislativo sea, como escribiera en este diario
el coordinador de Convergencia en la Cámara de Diputados, “la
defensa de la industria petrolera”, sinónimo de “profundo
nacionalismo” —agregó el coordinador. Este tipo de retórica, muy
repetido por los “patriotas” que salvan al país de las maquinaciones
de los malvados que quieren entregar la riqueza de los mexicanos a
manos privadas, extranjeras o nacionales, desprestigia acciones que,
por otra parte, colindan en lo irracional.
El FAP, López Obrador y quienes pretender evitar un ardid para abrir
la puerta a los negocios privados, que no a la modernización y
racionalización de la industria petrolera nacional, deberían ofrecer
un proyecto alterno al del gobierno, que sea verdaderamente
reformista. Por lo pronto, deberían explicar, sin demagogia, el
verdadero contenido de las propuestas de reforma jurídica, las
trampas contenidas en la propuesta de Felipe Calderón cuando se
habla de la incapacidad de Pemex en cuanto a evitar la caída de las
reservas de hidrocarburos y a elevar la producción de los refinados,
y la falacia de que eso solamente podría resolverse a partir de la
libre asociación de Pemex con empresas privadas locales o
extranjeras.
Una vez paralizada la acción legisladora, cabe decir que por medios
ilegítimos, habría por lo menos que tratar de volver al discurso
objetivo, usando para ello el abundante material de quienes (y son
varias personas) han explicado los alcances reales del proyecto
gubernamental, y hacer una autocrítica de la industria petrolera
nacional, de sus despilfarros y de su larga historia de corrupción.
Porque finalmente no es Pemex lo que está en juego, sino la
posibilidad de que se construya una política de Estado con la cual
se alcance la transformación de la industria petrolera en beneficio
del desarrollo económico del país.
Profesor investigador de El Colegio de México
