Privatización
La lucha por la defensa del petróleo continuará desde varios frentes
Fuente:
CNEE-sur.net
(28/04/08)
• Héctor Aguilar Camín
escribió una serie de artículos en el periódico en el que colabora,
poniendo en duda el rigor semántico de la definición que nuestro
grupo de intelectuales en defensa del petróleo dio y, debo decirlo,
con justas razones. Yo no voy a defender nuestra definición, excepto
diciéndole que nos referimos con ella a los intentos privatizadores
del gobierno de Calderón.
Ahora quisiera darle una definición que busque ser de verdad
rigurosa. Un jurista y, más aún, un constitucionalista, diría que la
privatización es un asunto de derecho público, no de derecho
privado.
Héctor nos enmienda la plana diciendo que “privatizar en sentido
estricto quiere decir que la empresa sea vendida a capitales
privados, como se vendieron los teléfonos y los bancos”. En
realidad, privatizar no quiere decir, necesariamente, vender. Hay
innumerables formas de transmisión del dominio y lo mismo se observa
cuando un bien público pasa a ser propiedad de un privado. Aparte
del contrato de compraventa, existen la cesión del derecho, la
dación en usufructo ad aeternum, la enfiteusis (uso de superficie de
terreno público), el abandono del bien que puede ocasionar que un
privado lo reclame y muchas otras. Tampoco se trata de una venta
total, como se la imagina mi amigo. Cuando se trata de una empresa
tan grande, puede ocurrir que la privatización opere sólo en ciertas
áreas, servicios, bienes o, incluso, créditos.
Si se la observa desde ese punto, nuestra definición es acertada,
aunque no completa ni rigurosa. Cuando decimos que el gobierno
panista está cediendo con su iniciativa bienes, derechos y funciones
que la ley hasta ahora mantenía dentro de la competencia de Pemex,
estamos afirmando, con rigor jurídico, que se está privatizando la
empresa.
Privatizar y estatizar o expropiar o nacionalizar (para el objetivo
jurídico diseñado en la ley, exactamente lo mismo) son conceptos
antitéticos sin mediación alguna posible. Se trata de una materia de
propiedad de bienes reales, de cosas y éstas no pueden estar más que
en el dominio de los privados o del Estado (en nuestra Constitución,
representante de la nación). Si de una empresa del Estado,
cualquiera que sea, por ejemplo, se pasa a manos de privados, un
bien real, un servicio, un valor (esfera de derechos personales) o,
incluso, una función antes exclusiva, se está privatizando. Sí, un
poquito, pero se está privatizando.
Hay muchísimos servicios que los privados pueden hacer para Pemex,
mediante contrato de servicios y el pago correspondiente. Transporte
por carretera, por ferrocarril y también por mar, construcción de
infraestructura, como ductos, refinerías o plataformas marítimas,
pero todo pagado y bajo contrato. El que muchas de las áreas de
actividad de Pemex estén ya en manos de privados y que, de acuerdo
con la Carta Magna no deben estar, Héctor tiene razón, es algo que
debe anularse. A él no se le ocultará el colosal saqueo de nuestra
riqueza petrolera a que eso da lugar.
Las privatizaciones son materia de derecho público, no de derecho
privado. Entre privados se ceden derechos. Entre el Estado y los
privados se puede comprar y vender, se puede ceder, se puede
expropiar (mi amigo debe saber lo que es el derecho de reversión),
pero todo será siempre de interés público, porque va en entredicho
el interés público, representado por el Estado, que encierra el bien
en cuestión. Tratar al Estado como si fuera un privado sólo se
permite en contratos o convenios en los que la materia es de
estricto interés privado (comprar clips o papel para oficinas, por
ejemplo).
Cuando se trata del patrimonio público (vender o ceder un bien que
está bajo el dominio de la nación y al cuidado de su Estado),
permitir que el Estado se vuelva un privado como todos y pueda hacer
transacciones de carácter privado no sólo choca con la letra de
nuestra Carta Magna, sino también contra toda lógica jurídica. Un
bien público es, por definición, un bien que está fuera de la esfera
de los privados. Si se da al Estado, contra la letra y el espíritu
de la Constitución, la facultad de tratar a los bienes públicos como
bienes de los privados, la misma noción que diferencia derecho
público y derecho privado desaparecería por completo. Todos sabemos
muy bien lo que eso podría significar.
Es verdad que privatizar es un concepto muy ambiguo y casi no hay
manera de definirlo con todo rigor; pero, si se ve su objeto
jurídico, la cosa o el servicio en cuestión, resulta bastante
sencillo. Se trata de un bien público que pasa a manos de un
privado, cualquiera que sea el modo en que se haga. Es una pena que
el concepto lo hayan redefinido y manejado sin discriminación los
economistas (“vender”). Los juristas lo definen y lo usan de otra
manera.
Creo que Héctor no podrá ignorar el cambio de ruta que el gobierno
panista ha efectuado en torno al eterno tema de las finanzas de
Pemex. En una reciente entrevista con La Jornada, la señora Kessel
nos dice que el tema a debate no son las finanzas de Pemex (se negó
a decir adónde van los excedentes petroleros), sino técnico.
Necesitamos de los que saben manejar mejor que nosotros la industria
petrolera. Yo creo que los argumentos se les están acabando (si es
que alguna vez los tuvieron).
¿Por qué nuestros oponentes no discuten con nosotros en los terrenos
en los que de verdad podemos debatir? No he visto argumentos
jurídicos. Los economistas reaccionarios no abren la boca o sólo
pronuncian improperios. Los intelectuales de derecha sólo nos dicen
“fascistas” o “alamanistas” porque ocupamos sedes parlamentarias.
¿Por qué no nos dan el tiempo y las condiciones para que podamos
discutir con ellos, en el terreno que deseen?
