Irma
Eréndira Sandoval*
irma.sandoval@servidor.unam.mx
Corrupción y petróleo
Fuente:
CNEE-sur.net
(29/04/08)
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Los más recientes datos de
Transparencia Mexicana demuestran que la alternancia en el poder no
ha tenido ningún impacto positivo en el combate a la corrupción.
Mientras en 2001 los mexicanos tuvimos que pagar mordidas en 10.6 de
cada 100 trámites gubernamentales, en 2005 este indicador se ubicó
en 10.1 y para 2007 la cifra se quedó en 10.0. Es decir, durante
estos ocho años no ha cambiado absolutamente nada. Durante 2007 las
familias mexicanas gastaron 27 millones de pesos en mordidas y
sobornos, lo cual en promedio equivale a 8 por ciento de sus
ingresos (y para las familias más pobres, 18 por ciento). Estas
cifras demuestran el rotundo fracaso de las políticas de combate a
la corrupción por parte de los gobernantes, tanto al nivel federal
como en las distintas entidades federativas.
Si los ciudadanos en general gastan tanto dinero en mordidas para
agilizar la conexión de la luz, sacar su coche del corralón o
inscribir a sus hijos en la escuela, la cantidad de recursos que los
empresarios están dispuestos a ofrecer para lograr los jugosos
contratos con el gobierno debe ser infinitamente superior.
Desafortunadamente, Transparencia Mexicana no se ha atrevido a
incursionar en la medición de este ámbito. Su timidez seguramente se
relaciona con el hecho de que sus principales patrocinadores son
algunas de las empresas más poderosas del país, entre otras:
Televisa, Tv Azteca, FEMSA, Banamex, BBVA-Bancomer, Cemex, el
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Modelo.
Las investigaciones auspiciadas desde el Laboratorio de
Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la
UNAM han demostrado que hay un gran desaseo en materia de compras
gubernamentales en México. La mayoría de las dependencias hacen todo
lo posible por evitar la realización de licitaciones públicas, y dan
la preferencia a las adjudicaciones directas o las invitaciones
restringidas, donde tienen mayor margen de maniobra y
discrecionalidad. Asimismo, cuando se realizan licitaciones públicas
las empresas proveedoras frecuentemente buscan influir de manera
ilegal en los funcionarios a cargo de los concursos o coludirse
entre sí para inflar los precios. Esta situación ha llegado a
extremos sumamente peligrosos en instituciones como Petróleos
Mexicanos (Pemex).
La gravedad del diagnóstico exige soluciones de fondo.
Desafortunadamente, tanto las reformas propuestas a la Ley Orgánica
de Petróleos Mexicanos como los cambios a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público ya aprobadas por un
grupo de diputados y senadores en las sedes alternas del Congreso
podrían empeorar esta de por sí preocupante situación. La reforma a
Pemex propone crear un régimen de excepción para las compras de
bienes y servicios en todas las “áreas sustantivas” de la empresa,
removiéndolas del control del Congreso de la Unión. Para cualquier
producto relacionado con la exploración, la producción y la
refinación simplemente no se aplicaría la ley de adquisiciones sino
las disposiciones propias que elaborara el consejo de administración
de la empresa a su leal saber y entender.
Asimismo, el nuevo artículo 45 de la ley orgánica incluiría una
larga lista de áreas donde Pemex podría simplemente “optar por no
llevar a cabo el procedimiento de licitación pública”,
independientemente del monto del contrato respectivo. Estas áreas
incluyen asuntos tan sensibles como todos los “servicios
financieros”, el “desarrollo de innovaciones tecnológicas”, la
“instalación, mantenimiento o conservación de equipos industriales”
y cualquier servicio de “consultoría, estudios, asesorías,
investigaciones y capacitación”. En lugar de reducir el margen de
discrecionalidad, la reforma a Pemex promete hundir aún más a la
empresa en el hoyo de la corrupción.
Para las compras en las áreas no sustantivas de Pemex, así como para
todas las licitaciones de las dependencias del gobierno federal, se
aplicarán las nuevas disposiciones de la ley de adquisiciones. El
centro de esta otra reforma es la introducción de la figura de las
subastas públicas por Internet. En principio la propuesta suena muy
“moderna”, ya que obliga a las empresas proveedoras a competir entre
sí de manera pública y en tiempo real para ofrecer los mejores
precios al gobierno. Con este mecanismo, sería el “mercado” y no un
servidor público aislado quien determinaría al ganador de la
licitación.
Sin embargo, como bien lo ha señalado Eduardo Pérez Motta,
presidente de la Comisión Federal de Competencia, habría que ser
sumamente escépticos con respecto al poder purificador del mercado
en contextos de alta concentración económica. Cuando una docena de
empresas controlan la economía nacional, como ocurre en nuestro
país, lo más seguro es que tales empresas utilizarán las nuevas
subastas electrónicas no para reducir sus precios sino para aumentar
sus ganancias.
Todo parece indicar que en lugar de ayudar al Estado a defender
mejor su patrimonio y tener un desempeño más eficiente y eficaz,
estas dos reformas únicamente ampliarán las oportunidades para la
colusión y la corrupción. Nuestros legisladores harían un gran
servicio a la nación si reflexionaran de manera cuidadosa y
responsable sobre las implicaciones de la iniciativa de Calderón y
exploraran formas para evitar el abuso de la nueva ley de
adquisiciones.
* Investigadora y coordinadora del Laboratorio de Documentación y
Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM.
