Desembolsan empresas $12 mil millones
para obtener favores de las autoridades
Fuente: lajornada.com.mx
(22/08/05)
ANTONIO CASTELLANOS
El sector privado reveló que 20 por ciento de las empresas que
operan en el país reconocieron realizar pagos extraoficiales para
influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones
para favorecer sus intereses. En 2004 gastaron 6 por ciento de sus
ingresos para tales operaciones, lo que representó 12 mil millones
de pesos.
De acuerdo con una encuesta, la corrupción por captura regulatoria
afecta a todos los niveles de los gobiernos federal, estatal y
municipal. De los resultados de la misma, sobresale que por nivel de
gobierno, los pagos extraoficiales más frecuentes entre el sector
público y las empresas son para ignorar violaciones a regulaciones
laborales, de seguridad, agilizar la conexión de servicios públicos
y obtener privilegios fiscales a escala federal.
En el orden estatal, los pagos más comunes son para agilizar
trámites con el fin de no ser molestados por la policía estatal y
para obtener reducciones o exenciones en el pago de comisiones. A
escala municipal los pagos buscan agilizar la conexión de servicios
públicos, evitar ser molestados por la policía o ignorar violaciones
a regulaciones ambientales.
Con estas acciones ilícitas se afecta la competitividad del país,
porque al impedir el funcionamiento natural del mercado y la
competencia al favorecer a pocas empresas, genera significativos
costos de transacción para el resto de los agentes económicos.
Esto se suma a los 120 mil millones de pesos que al año pagan los
empresarios por sobornos a entidades como la policía federal, Pemex,
Aduanas, PGR, IMSS y CFE. El Centro de Estudios Económicos del
Sector Privado (CEESP) precisó que en el mundo la mayoría de los
gobiernos enfrentan el problema conocido como la captura regulatoria.
Esto es el comportamiento de las autoridades públicas orientado a
proteger prácticas ilegales o que están en contra del bien público
por favorecer intereses particulares o de grupos de poder y que, por
tanto, son prácticas que esas mismas autoridades tendrían la
responsabilidad de prevenir o evitar.
El CESSP, por encargo de la Secretaría de la Función Pública, llevó
a cabo la encuesta Gobernabilidad y desarrollo empresarial 2005, que
buscó captar la percepción de los empresarios mexicanos sobre los
obstáculos que limitan su desarrollo, la honestidad de las
instituciones gubernamentales, la transparencia en la prestación de
servicios públicos y la incidencia de prácticas de corrupción.
Según el sondeo, la captura regulatoria sucede en todos los niveles
de gobierno y destaca que en algunas entidades federativas el
problema es severo. De la clasificación de resultados por entidades,
Hidalgo, Tabasco, Zacatecas, Nayarit y Distrito Federal son donde
más pronunciado es el problema.
