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Corrupción y régimen fiscal

Fuente: diarioolmeca.com.mx
(20/08/07)

Energía

Comentábamos aspectos de la corrupción y de la falta de transparencia en Petróleos Mexicanos (Pemex)...

Por: David Shields.

Desde entonces, la bancada panista en el Senado ha dado a entender que condicionará su apoyo a modificaciones del régimen fiscal de la paraestatal a que se aprueben mayores controles y una mayor rendición de cuentas.

A su vez, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Germán Martínez, se ha expresado a favor de crear un comité de auditoría que vigile el manejo de los recursos, sobre todo para evitar transferencias excesivas al sindicato.

Estos planteamientos generan cierta desconfianza, porque la historia moderna del país y de Pemex demuestra que es muy débil el compromiso de la clase política con los controles y la transparencia.

Ejemplo de ello es que, hace dos años, cuando se revisó el régimen impositivo de Pemex, los legisladores suprimieron una propuesta para crear un comité de auditoría en el consejo de administración que habría obligado a una mayor rendición de cuentas de acuerdo con las mejores prácticas internacionales para las empresas petroleras del Estado.

Los integrantes de dicho comité habrían sido profesionales externos, con experiencia técnica, administrativa y financiera y sin conflictos de interés personales, patrimoniales o económicos.

La falta de transparencia en Pemex es un asunto estructural de gobierno corporativo, propio de un monopolio mal manejado por los políticos.

Las direcciones general y corporativas y sus respectivos consejos son una zona casi libre de rendición de cuentas y se desconocen tanto sus criterios internos como sus decisiones. Lo menos transparente de Pemex son esas decisiones políticas y de negocios del más alto nivel, a veces envueltas en intrigas políticas.

Ahora resurge la propuesta de crear un comité (o comités) de auditoría. Sin duda, este tipo de comités serán útiles en la medida en que se enfoquen sobre esas decisiones de alto nivel, siempre y cuando no estén sujetas a presiones políticas de diversa índole y no sean ignorados por los más poderosos, ya que su propósito sería precisamente vigilar a éstos.

Al mismo tiempo, preocupa que mediante una modificación al régimen fiscal de Pemex se pretenda destinar más recursos a la paraestatal, sin que haya una clara voluntad política para desendeudarla ni reestructurarla a fondo. Sin soluciones reales, más dinero puede significar más corrupción.

También preocupa que un objetivo fundamental del nuevo régimen fiscal propuesto por el PRI y el PRD sea garantizarles a las entidades federativas –o sea, a los gobernadores, quienes manejan los recursos en forma discrecional– una participación elevada y estable (o incluso creciente) en los ingresos de Pemex, aun cuando estos ingresos tienden a disminuir año con año.

Si bien es válido pretender robustecer las finanzas de los gobiernos estatales, habría que cuestionar que este objetivo se logre a base de ordeñar a la primera empresa de la Nación.

Asimismo, es una falacia pensar que una reducción en los derechos que paga Pemex por la extracción de hidrocarburos pueda significar que el organismo dispondrá de más fondos para sus inversiones y sus operaciones.

En la práctica, Pemex es controlado en el ámbito fiscal-financiero por la Secretaría de Hacienda, quien puede manejar a su arbitrio aspectos como el superávit primario para autorizar o no los recursos que el Congreso decida destinar a Pemex.

Así, las decisiones del Congreso quedan en meras expresiones de buena voluntad. Por lo mismo, Pemex no podrá invertir más ni sanear sus finanzas, si no cuenta con autonomía presupuestal y una política de repago y disminución de su deuda.

Se ha dicho en diversos foros que la solución está en reorganizar a Pemex como empresa nacional, al estilo de las empresas nacionales de Brasil y Noruega, para que realmente opere con criterios empresariales y no como organismo público descentralizado.

A fin de que esto suceda, es probable que Pemex requiera un nuevo marco jurídico y estructuras de gobierno corporativo con la participación activa de la sociedad y los inversionistas.

Un mejor futuro para Pemex significa realizar reformas más profundas a fin de desligarlo lo más posible de la burocracia, del fisco y de los criterios políticos. De otro modo, la rendición de cuentas quedará en letra muerta y las decisiones de alto nivel seguirán provocando escándalos recurrentes.

David Shields es analista de la industria energética. shields@energiaadebate.com.mx

 



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