PEMEX, Chiapas, Oaxaca…
Fuente:
kaosenlared.net
(09/08/07)
Con la continuidad de la
campaña contra ‘objetivos de la oligarquía’, el EPR está procurando
imponer sus propios tiempos políticos a través de la demostración de
su capacidad militar, también con la decisión política de impulsar
nuevas acciones y su movilidad geográfica, desde el centro-norte
hacia el sur-sureste mexicano
Jorge Lofredo (Para Kaos en la Red)
PEMEX, Chiapas, Oaxaca…
Jorge Lofredo
Con la continuidad de la campaña contra ‘objetivos de la
oligarquía’, el EPR está procurando imponer sus propios tiempos
políticos a través de la demostración de su capacidad militar,
también con la decisión política de impulsar nuevas acciones y su
movilidad geográfica, desde el centro-norte hacia el sur-sureste
mexicano. Empuja así a otras fuerzas políticas y sociales a
posicionarse sobre la demanda por la presentación de sus
desaparecidos y a una definición acerca de la responsabilidad del
Estado Mexicano en esta materia. Esta ‘campaña nacional de
hostigamiento’ no es, en si misma, un objetivo revolucionario
enmarcado dentro de la guerra popular prolongada sino que, en este
caso, el recurso a la ‘autodefensa armada’ lo es por obligación de
estas particulares circunstancias y como una consecuencia posible de
los riesgos que impone el accionar clandestino.
En Chiapas y Oaxaca el EPR ha confirmado, además de la expansión
territorial y su lógica operativa regional –aunque con ello merme la
resonancia informativa de sus acciones–, un alejamiento de los
movimientos sociales en las entidades donde se produjeron las
últimas acciones. Si esta cuestión se evidenció en Chiapas, con los
explosivos de Oaxaca agudizó su distancia con la dirigencia de la
APPO, que ratifica en el cierre del comunicado del 1 de agosto. Al
debate abierto tras las explosiones del 5 y 10 de julio, que osciló
en torno de su presencia efectiva fuera del sureste mexicano, aquí
se suma otro que refiere a la relación con el EZLN. Chiapas nunca ha
sido un área de influencia exclusiva del neo-zapatismo; y aunque
nunca con la misma intensidad como en Guerrero y Oaxaca, el EPR y el
PROCUP siempre mantuvieron presencia en ese estado y la relación con
el EZ ha sido, cuanto menos, distante.
En sus comunicados también esgrime críticas por la falta de apoyo en
su reclamo; sin embargo, ello puede explicarse por, al menos, tres
razones: la ‘leyenda negra’ que embarga a la organización desde los
tiempos del PROCUP, el estigma que porta desde su emergencia en 1996
y el carácter clandestino, intrínseco en toda organización
político-militar.
En Oaxaca presenta su acción como una respuesta: “en México y Oaxaca
no pasa nada, todo es paz y armonía”; no obstante, es imposible
desconocer el largo e irresuelto conflicto que tiene lugar en la
entidad, como así también las consecuencias políticas del reciente
documento de AI conocido en las vísperas de los hechos y de la
inminencia del acto eleccionario. Protagonizando la vía armada
parece desentenderse de su declaración política, cuando el EPR
afirma que “no busca intimidar a la población o inhibir la
participación de la ciudadanía en el próximo proceso electoral, sino
solamente golpear los intereses de la oligarquía nacional y
extranjera”. De cualquier manera –aún cuando ha expresado que es el
resultado de la inviabilidad de los canales institucionales y de la
existencia de una violencia previa– la evaluación final de esta
campaña no podrá desligarse del desarrollo de la política mexicana.
La campaña desnuda su descreimiento en las formas institucionales, y
lo había subrayado en un texto anterior: “hasta hoy, de nada han
servido las gestiones realizadas dentro de la ‘legalidad existente’,
por lo que nos preguntamos y preguntamos ¿Qué es necesario hacer
para que este gobierno presente a nuestros compañeros… y a todos los
detenidos-desaparecidos del país?”. Para el EPR, la defección de
esta ‘legalidad’ abre los caminos para accionar a través de la vía
militar.
En PEMEX, tres fueron los elementos que potenciaron su repercusión:
el retorno del actor, objetivo y lugar; en cambio, en estos casos el
primero ya no resultó novedad sino su confirmación, el siguiente no
causó la misma impresión que los ductos (aunque ello desvanezca en
parte los argumentos contrarios pues ahora no hay referencia a la
afectación del patrimonio nacional a la vez que se disipa la teoría
de la ‘cortina de humo’), y en referencia al último, tampoco
trascendió como en la ocasión anterior debido al registro público de
su existencia previa en estos estados. Los más recientes objetivos
ya no demandan tanta justificación ideológica como si ocurrió con
los ductos.
Hay otra razón, en cambio, que parece expresar la tensa expectativa
que sostienen las demás organizaciones político-militares. No se
vislumbra en ciernes una unidad revolucionaria de sus fuerzas, pero
ello no alcanza para evitar la decisión de accionar en forma
autónoma, ya como expresión coyuntural o como símbolo de
‘solidaridad revolucionaria’, enmarcada siempre en la campaña
militar nacional. En este sentido, nada se conocía públicamente del
‘Colectivo Revolucionario Francisco Javier Mina’, que actuó junto a
TDR (el más activo hasta el inicio de la campaña) y otros en forma
coordinada desde junio de 2006 hasta la actividad de ‘propaganda
armada’ en Oaxaca, a fines de agosto de ese año. Ya en octubre no
participó de la conferencia de prensa ni de las explosiones de
noviembre en el DF reivindicadas por esa coordinación. Y tampoco se
supo luego, hasta que el EPR mencionó la participación del
‘Destacamento Francisco Javier Mina’ en Querétaro y Guanajuato. Y
aunque el nombre del caudillo insurgente no es propiedad de algún
grupo, en Chiapas y Oaxaca no se hace mención del pelotón o comando
que allí actuaron.
En cualquier sentido, el EPR aspira a liderar, con respecto a cada
una de las partes escindidas de su seno, la vía armada como medio
posible de actuación, y también a su ‘enemigo en común’: el Estado
Mexicano.
jorge.lofredo@gmail.com
Investigador del
Centro de Documentación de los Movimientos Armados
http://www.cedema.org
