Notas periodísticas
Diciembre 2004
Pemexgate
Montemayor logra amparo contra peculado
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
La Procuraduría General de la República (PGR) no podrá solicitar al
gobierno de Estados Unidos que el ex director general de Pemex, Rogelio
Montemayor Seguy, enfrente ante autoridades judiciales mexicanas el
cargo de peculado electoral derivado del Pemexgate, debido a que una
juez federal le concedió una suspensión provisional, informó el abogado
Fernando Gómez Mont, defensor del ex funcionario.
Esta resolución sólo protege a Montemayor de manera momentánea, y será
en las próximas semanas cuando la juzgadora determine -después de
analizar los informes que rindan las autoridades señaladas como
responsables de violar las garantías constitucionales del quejoso- si le
concede la protección de la justicia federal de manera definitiva al ex
titular de Pemex, quien fue extraditado del vecino país el pasado 2 de
septiembre, y ahora enfrenta un proceso penal por el delito de peculado.
El litigante refirió que el amparo fue pedido contra la solicitud "que
quiere hacer el gobierno mexicano para conseguir autorización para
procesar a mi defendido por el delito de peculado electoral (considerado
grave en nuestro país y sin derecho a la libertad bajo caución); es
decir, estamos impugnando el tratado de extradición" entre México y
Estados Unidos.
Indicó que fue la juez sexta de distrito A de amparo, María Elena
Leguízamo Ferrer, que está conociendo el fondo de la demanda de
garantías (2253/2004), la que concedió a Montemayor la protección de la
justicia federal mediante una suspensión provisional.
Aunque hasta el momento desconoce si las autoridades mexicanas ya
solicitaron a su contraparte estadunidense que el ex titular de la
paraestatal pueda ser juzgado por otro delito por el que no se concedió
su extradición en agosto pasado, el abogado precisó que "pedimos el
amparo porque han estado diciendo en los medios de comunicación que la
PGR iba a solicitar aplicarle peculado (a Montemayor), y nosotros
creemos que dadas las condiciones de nuestro cliente sería un acto
ilegal, por eso pedimos la suspensión".
Agregó que el Ministerio Público de la Federación ya tuvo su oportunidad
-durante el juicio de extradición al que estuvo sometido desde 2002 y
que concluyó en agosto pasado- para que Montemayor hubiera podido ser
enjuiciado en México por delito electoral, pero "no pudieron hacerlo
antes (...) y ahora sería ilegal".
Gómez Mont precisó que la demanda de amparo fue presentada desde hace
dos meses, pero la juez Leguízamo la desechó por improcedente, lo que
motivó que la defensa del inculpado presentara una queja ante el décimo
tribunal colegiado, mismo que ordenó a la juzgadora que aceptara dar
trámite a la demanda.
