ENTREVISTA CON EL ING. WILLIAM DONAIRE
DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA, BOLIVIA: FUNDAR
Fuente:
UNTCIP.net
(17/12/07)
• En el marco del
Seminario Internacional "Recursos naturales, desarrollo y democracia
en América Latina" que se llevó acabo el 5 y 6 de diciembre en Lima,
Perú Fundar entrevistó al Ing. William Donaire -Viceministro de
Industrialización y Comercialización en el Ministerio de
Hidrocarburos y Energía del gobierno de Evo Morales- sobre las
medidas de transparencia y rendición de cuentas en el sector
petrolero que fue nacionalizado en el 2006.
Bolivia tiene grandes reservas de gas natural. En el 2004 –todavía
en medio de la crisis política que vivía Bolivia en ese momento- el
gobierno de Carlos Meza realizó un referéndum en el cual una mayoría
se expresó a favor de la nacionalización de los hidrocarburos. En
consecuencia, el 1° de mayo de 2006, el Presidente Evo Morales
emitió el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos, lo cual
implicó que a partir del 28 de octubre se suscribieran nuevos
contratos con las empresas nacionales e internacionales que operan
en Bolivia. Antes de la nacionalización, la relación entre Estado y
empresas se regulaba por Contratos de Riesgo Compartido en los
cuales el titular del contrato -la empresa privada- controlaba toda
la cadena de producción, transporte y comercialización del recurso
natural y pagaba regalías e impuestos al Estado. Ahora es la empresa
estatal YPFB que controla toda la cadena que comercializa el
producto en el mercado interno e internacional y que compra, por
medio de Contratos de Operación, los servicios de las empresas
nacionales e internacionales que siguen participando en las
actividades extractivas y de exploración.
De acuerdo a William Donaire, la opacidad en el esquema anterior era
de tal grado que el gobierno no podía conocer los costos reales de
la extracción de hidrocarburos por lo cual el primer paso en la
negociación de los nuevos contratos fue la realización de auditorías
a las empresas para determinar sus costos y posibles ganancias.
El futuro va a demostrar si el nuevo esquema cumple con las
expectativas de proveer el Estado boliviano con más recursos para el
desarrollo y bienestar de la población. Una condición para esto será
la instrumentación de mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas para asegurar una mejor administración de los ingresos
provenientes de la venta del gas y petróleo en el mercado nacional e
internacional. Por lo pronto, desde la perspectiva de una mayor
transparencia, es significativo que, por primera vez en la historia
boliviana, el Poder Ejecutivo presenta los contratos con las
empresas petroleras ante el Poder Legislativo para su aprobación.
