Pemex: privatizadores al acecho
Fuente:
jornada.unam.mx
(18/12/07)
• En información
publicada ayer en estas páginas se da cuenta de un convenio de
carácter confidencial, llamado Proyecto Margarita, entre Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell,
para realizar actividades de exploración en el campo petrolero de
Chicontepec y posicionar a la trasnacional en el país ante una
eventual eliminación de las restricciones constitucionales a la
inversión privada en el sector energético. La reacción de la
paraestatal al respecto ha sido errática, pues primero negó la
existencia de un proyecto con ese nombre, si bien admitió que se
tiene un acuerdo con Shell, firmado en septiembre de 2007, cuyo
objetivo es estudiar en conjunto opciones para mejorar la producción
de hidrocarburos. Finalmente, en un documento enviado ayer a este
diario, Pemex sostiene que lo único que se mantiene con Shell es un
“convenio general de colaboración”, firmado en 2004 para llevar a
cabo “estudios de carácter no comercial en materia de investigación
científica y tecnológica”, que a su vez forma parte de una serie de
alianzas suscritas con otras compañías petroleras, como la noruega
Statoil y la brasileña Petrobrás.
La respuesta de los directivos de Pemex, sin embargo –en parte por
su falta de claridad en torno a las fechas y la naturaleza de los
convenios firmados con empresas internacionales– no deja de generar
suspicacias sobre si lo que se está configurando es un proyecto
privatizador, que tendría, por ahora, tres vertientes: una campañía
que busca presentar a la paraestatal como una empresa depreciada,
económicamente inviable y prácticamente en quiebra, y que obedece al
afán del grupo en el poder de justificar la venta de ésta a un
precio muy por debajo de su valor; la actitud demagógica del
gobierno federal, expresada en la negativa sistemática de las
intenciones de privatizar la paraestatal, y la suscripción de
acuerdos, aparentemente inconfesables, con empresas internacionales,
como el que existe con Shell
Sostener que los convenios que se han suscrito con empresas privadas
son de carácter “no comercial” y se limitan a la investigación
científica y tecnológica es, por decir lo menos, ingenuo: en la
industria petrolera lo que vale es, precisamente, la posesión de
tecnología que permita la exploración y la explotación de
yacimientos de hidrocarburos, pues de poco o nada sirven las
reservas de crudo si no puede accederse a ellas. Además, hasta donde
se sabe, compañías como Shell no son organismos consagrados a la
investigación científica, y en ese sentido habría que preguntarse
qué interés podría tener una empresa trasnacional en dicha
colaboración si, como se afirma, no espera recibir ganancias
económicas a cambio.
Por lo demás, cabe recordar que el problema de Pemex no es
precisamente el riesgo inminente de una bancarrota –que sin duda
implicaría el desmoronamiento de la economía nacional–, sino el
persistente saqueo de que ha sido objeto, tanto por la confiscación
fiscal de la mayor parte de sus ingresos como por la vasta e
inveterada corrupción que impera en la administración de la
paraestatal.
Ante lo que parece una nueva embestida de los intereses
privatizadores contra Pemex, hay que insistir en la necesidad de
colocarla en autonomía administrativa, a fin de que pueda disponer
de sus ingresos e invertirlos en rubros fundamentales como la
exploración, el desarrollo de nuevas tecnologías y la refinación.
También es imprescindible que se combata la corrupción que flagela
la administración pública –y que propicia la fuga de gran cantidad
de dinero–, así como que se aplique, efectivamente, el cobro de
impuestos a las grandes empresas y fortunas, para que el Estado
cuente con recursos suficientes que le permitan su funcionamiento,
sin asfixiar fiscalmente a la paraestatal ni tener que privatizarla
parcial o totalmente.
Por último, la sociedad debe estar alerta y evitar cualquier intento
del capital privado –de Shell o de cualquier otra compañía– de
incidir en la vida de Pemex, toda vez que esas intenciones no
obedecen a necesidades reales, sino al pago de facturas que
aparentemente se firmaron para asegurar el control de la paraestatal
a los aliados –nacionales e internacionales— del grupo en el poder.
