¿Qué clase de privatización petrolera
quieren?
Fuente:
UNTCIP.net
(24/12/07)
• Antonio Gershenson
Se han publicado declaraciones e indicios de funcionarios y en
reportajes. De una u otra manera, se habla de introducir a empresas
extranjeras, aún más de lo que están, a la industria petrolera
nacionalizada.
Me voy a referir a declaraciones de senadores, dado que es en las
cámaras donde se legisla. No sólo a lo último y recién publicado,
sino a por lo menos una declaración anterior. El pasado 15 de
noviembre vimos en la edición de Internet de este diario unas
afirmaciones del priísta Francisco Labastida, presidente de la
Comisión de Energía del Senado, diciendo que se trataba de, sin
modificar la Constitución, impulsar la participación privada en
ciertas áreas de Petróleos Mexicanos (Pemex). En esto se implica
que, siendo un órgano legislativo, se modificaría la ley
reglamentaria.
El pasado jueves se publican afirmaciones de otro senador de la
comisión, ahora del PAN, diciendo, como ya es sabido, que hay
declinación en las reservas probadas y en la producción petrolera.
Él lo atribuye a la falta de inversión, y aunque se menciona que es
el régimen fiscal de Pemex el que lo ahoga, dice que este organismo
tendría dinero para exploración y producción si reduce sus gastos en
refinación, oleoductos y distribución del combustible. Y plantea que
la inversión privada ocupe ese lugar que Pemex dejaría. Entonces las
trasnacionales entrarían a refinerías, ductos y distribución (parte
de la cual ya fue privatizada).
Este pretexto no sólo revela que lo puso un derechista, un
reaccionario, sino también un ignorante de la industria petrolera.
Si está en la Comisión de Energía, debería por lo menos hacer su
tarea. El hecho es que, el año pasado, de la inversión total de
Pemex, que fue de 207.5 miles de millones de pesos, la de Pemex
Exploración y Producción abarcó, como ha sucedido durante años, la
absoluta mayoría, en este caso 151 mil millones. Y la de Pemex
Refinación fue de sólo 18.5 miles de millones, 12 por ciento que la
de exploración y producción. En años anteriores fue de 10 por
ciento, no del total sino de lo gastado en exploración y producción.
Quitarle una parte a refinación no le ayudaría nada a exploración y
producción. Sólo a las trasnacionales y a los funcionarios
beneficiados por el agradecimiento de las mismas.
Vemos la confabulación PRI-PAN. Tenemos el antecedente, en la
industria eléctrica, de la reforma de Salinas al artículo tercero de
la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta
ley abrió el paso a que ahora casi un tercio de la electricidad para
servicio público provenga de plantas generadoras de propiedad
privada, todas de empresas extranjeras.
Para justificar el que empresas extranjeras entren más también a la
exploración y producción, dicen que, a diferencia de empresas
extranjeras, Pemex no tiene la tecnología requerida para extraer
petróleo de yacimientos que están a más de mil 500 metros de
profundidad, donde estaría la mayoría del crudo de México. Esta ya
es la pura invención.
Hace un par de meses, en el artículo “La energía y las palabras”,
demostramos cómo se usan categorías de reservas petroleras que
organismos calificadores y de autoridad no aceptan, como son las
reservas probables y las posibles, estas últimas con 10 por ciento
de probabilidad de existir. Y luego agregan otra categoría, a la que
ni siquiera se atreven a ponerle nombre, ni tampoco dicen si hay uno
por ciento de probabilidad de que existan o cuánto. A falta de
nombre, les llamaremos reservas inventadas. Y de estas reservas
inventadas son las que la mayoría están en aguas profundas. Todo sea
por entregar la actividad petrolera a algunas trasnacionales.
Para decirlo de otra manera, no existen perforaciones exploratorias
que den un mínimo soporte a la existencia de esas reservas. Debería
haber varias perforaciones exploratorias en lo que podría ser un
yacimiento, para delimitarlo y poderlo cuantificar. Las reservas que
sí existen están en las zonas tradicionales de trabajo o junto a
ellas, y no hay justificación para que no sea la nación, como dice
el artículo 27 constitucional, la que los tenga, explore y explote.
Ese mismo artículo prohíbe incluso los contratos en esta materia, de
modo que los que se han firmado también son anticonstitucionales.
