La pugna por Pemex
Fuente:
infolatam.com
(18/01/08)
• Infolatam
(Especial para Infolatam)
"... Plantear la reforma del artículo 27 de la Carta Magna, que
blinda el sector energético a la inversión extranjera, sigue siendo
tabú en un país donde la expropiación de las petroleras
estadounidenses y británicas realizada en 1938 por Lázaro Cárdenas
constituye un hito histórico. Por eso Felipe Calderón busca un
acuerdo básico con el PRI que permita sanear Pemex e inyectarle
recursos sin tocar el delicado artículo".
Andrés Manuel López Obrador vuelve por sus fueros. Después de unos
meses de capa caída, el ex candidato presidencial de la izquierda
mexicana ha convocado hoy a las masas para presentar su calendario
de festejos 2008. Sus ejes son el Programa de Resistencia contra el
Gobierno y la constitución del Movimiento Nacional en Defensa del
Petróleo. AMLO cabalga de nuevo.
Pero, ¿por qué hay que defender al petróleo? Porque el Gobierno
quiere hacerlo rentable. El presidente, Felipe Calderón, estudia
fórmulas que permitan la entrada de la inversión privada en
Petróleos Mexicanos (Pemex), antes de que este gigante estatal dé
sus últimos estertores. En esa labor está también la oposición. El
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la propia formación de
López Obrador, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), son
perfectamente conscientes de que si no se toman medidas para sanear
ese monopolio ineficaz y descapitalizado, México se enfrenta a la
crisis fiscal y al desabastecimiento energético.
Lo advertían hace unos meses el ex presidente de la Reserva Federal
estadounidense, Alan Greenspan, y la calificadora de riesgos Moody’s.
Nada que los mexicanos no sepan ya. Pemex es la gran ubre del
Estado. Sufraga un tercio del gasto público: en 2006, entregó al
fisco 585.000 millones de pesos (53.181 millones de dólares), o lo
que es lo mismo, el 60% de sus ingresos. Simultáneamente, su deuda
alcanzó los 51.727 millones de dólares, la más alta entre las
petroleras del mundo. También bate récords en pasivos laborales: con
una plantilla que ronda los 140.000 trabajadores (el doble que Exxon,
que es dos veces su tamaño), Pemex dedicó 41.272 millones de dólares
a pensiones y prestaciones sociales.
Extenuada, la tercera petrolera mundial no tiene dinero para la
exploración, justo cuando el yacimiento de Cantarell, el mayor del
país, empieza a dar síntomas de agotamiento. México posee reservas
probadas de crudo sólo para once años más (14.000 millones de
barriles). Y sus reservas de gas (20,7 billones de pies cúbicos) se
pudren porque no hay inversiones para su explotación.
Todo esto lleva a la situación absurda de que Pemex, con una
producción de 3,4 millones de barriles al día, es uno de los tres
principales proveedores de petróleo a EEUU, pero no puede atender
las necesidades energéticas de México, que importa un 30% del gas y
un 25% de sus gasolinas, por la escasez de refinerías.
El cuadro se completa con una burocracia y un sindicato todopoderoso
que tienen maniatada a la empresa, con una corrupción endémica y con
una de las peores tasas mundiales de accidentes debido a la
obsolescencia de las instalaciones. Pemex necesita con urgencia
inversiones, pero el Estado no le permite disponer de sus beneficios
y la Constitución prohíbe el capital privado.
Plantear la reforma del artículo 27 de la Carta Magna, que blinda el
sector energético a la inversión extranjera, sigue siendo tabú en un
país donde la expropiación de las petroleras estadounidenses y
británicas realizada en 1938 por Lázaro Cárdenas constituye un hito
histórico. Por eso Felipe Calderón busca un acuerdo básico con el
PRI que permita sanear Pemex e inyectarle recursos sin tocar el
delicado artículo. Se están perfilando varias fórmulas (desde
intercambios con empresas estatales como la brasileña Petrobras,
hasta el finaciamiento privado en la explotación de yacimientos de
aguas profundas, pasando por la salida a Bolsa o los contratos por
prestación de servicios, como ya existen en la explotación del gas).
La bancada del PRD en el Congreso, encabezada por Jesús Ortega, está
dispuesta a negociar. López Obrador, no. “Cero negociaciones con
quienes sostienen una política contraria al pueblo”, ha advertido.
Tras su derrota electoral, en julio de 2006, López Obrador ha ido
dejando jirones de sensatez por el camino, para convertirse en una
caricatura de sí mismo. A las denuncias de fraude (desmentidas por
los tribunales) siguieron, en noviembre, su esperpéntica
“investidura” como “presidente legítimo” de México, en el Zócalo de
la capital, y la constitución de un fantasmagórico “gobierno
paralelo”.
El eco de sus actos, sin embargo, se ha ido diluyendo en el ajetreo
cotidiano de un país razonablemente optimista y que, según las
encuestas, apoya en un 59% la gestión del presidente Calderón. Con
una capacidad de convocatoria notablemente disminuida, con la
credibilidad por los suelos y con unos correligionarios dispuestos a
sustituirle al frente del PRD, López Obrador necesita una Causa, con
mayúscula, que le permita movilizar a las masas. ¿Qué mejor idea que
enarbolar la bandera contra la “privatización” en el año en el que
se cumple el 70 aniversario de la expropiación de la industria
petrolera?
Pero no hay que subestimar los riesgos políticos de la demagogia. El
pasado septiembre, el Ejército Popular Revolucionario, un oscuro
grupo armado que se mueve por el sur y el centro del país, atentó
contra instalaciones de Pemex en Veracruz, provocando el corte de
suministro de gas a más de 2.500 empresas de diez Estados y de la
capital, y obligando a la evacuación de más de 20.000 personas. Como
en 1994, cuando surgió el Ejército Zapatista para frenar las
reformas emprendidas por el presidente Carlos Salinas, los
tentáculos de la desestabilización pueden reactivarse en cualquier
momento.
