España recupera sus antiguas colonias
en América
Mouriño aplicará en México la
política de Aznar
Fuente:
UNTCIP.net
(21/01/08)
• Jaime Avilés. jamast@gmail.com
A sus escasos 36 años de vida Juan Camilo Mouriño llega a la
Secretaría de Gobernación como representante personal de las
empresas hispanas que ya controlan en México amplias porciones de la
banca, el turismo, las telecomunicaciones, los aeropuertos, el
transporte, la industria editorial, el mercado automovilístico, el
de la ropa, y de manera notable el sector de la generación privada
de energía eléctrica y la exploración de nuevos yacimientos
petroleros. Nada más, pero nada menos. Y van por el resto.
El ascenso de Mouriño que posee en el sureste 38 gasolineras, de las
cuales 37 estafaron a sus clientes en 2006 (datos de la Profeco,
citados anteayer por Carlos Fernández Vega)– se produce 10 días
después del despido de Carmen Aristegui de W Radio (concertado por
Televisa y el Grupo Prisa español, que hace los libros de texto para
la SEP), pero también a dos semanas de la apertura del nuevo periodo
de sesiones del Congreso, que será de consecuencias terribles para
los mexicanos.
En su entrega del sábado pasado, mientras Desfiladero se preguntaba
si la mordaza aplicada a Aristegui no era sino la antesala de una
nueva etapa de represión, la Policía Federal Preventiva desalojaba
con brutalidad a los mineros de Cananea que llevaban largos meses en
huelga. Ahora, a la luz de los nuevos hechos, se comprende que la
alianza con la Presidencia clausuró ese espacio crítico en la
emisora radial más oída del país, no sólo para quitarle ruido a la
designación ilegal, de Mouriño, sino también como parte de los
preparativos que está haciendo para consumar la privatización de
Pemex.
El primero de febrero las cámaras de Diputados y Senadores
reanudarán sus actividades y la coalición priísta, panista y
chuchista, aprobará en fast track la Ley Gestapo, que permitirá a
cualquier policía entrar a cualquier casa en cualquier momento,
destruyendo el capítulo de las garantías individuales consagrado por
la Constitución, y con la misma rapidez presentará a la
consideración del pleno la llamada “reforma energética”, es decir,
la fórmula jurídica que le permitirá a cualquier inversionista
privado entrar a cualquier sector de Pemex a robarse el patrimonio
del pueblo con cualquier pretexto.
Esto, según dicen los que saben, ocurrirá en los primeros días de
febrero, pues la decisión ya está tomada en Los Pinos, en Madrid y
en Washington, y Mouriño acaba de coger las riendas del aparato
represivo y los teléfonos de los actores políticos afines (PRI, PAN,
Chuchos), luego de advertir, en su primerísima declaración a la
prensa, que no dialogará “ni con AMLO (al que llamó así) ni con el
EPR”. Y así trazó las reglas de su juego.
En el otro lado de la cancha, mientras tanto, el movimiento social
también se prepara, día a día, para la gran batalla que viene. Si el
Congreso reanuda labores el primero de febrero, el jueves 31 de
enero se efectuará en el Zócalo una gigantesca manifestación
popular, protagonizada por las organizaciones campesinas que exigen
la revisión del TLC para evitar de ese modo el ingreso del maíz, el
frijol y la leche en polvo estadunidenses, lo que para millones de
productores agrícolas sería el tiro de gracia y el inicio del
colapso final para el campo.
Con una ambición tan desmesurada como su irresponsabilidad y su
desprecio por el pueblo y por la historia, Calderón y la
ultraderecha golpista nacional e internacional (Bush y Aznar) que lo
patrocina, han decidido poner en riesgo demasiadas cosas al mismo
tiempo, y ninguna de ellas pequeña, sino al contrario, de inmenso
valor simbólico, cultural y ante todo funcional para los mexicanos
(y por funcional entiéndase “sin las cuales ya no podríamos vivir
sino en el caos”): el maíz, el frijol, el petróleo y el derecho
constitucional a que nadie tumbe de una patada la puerta de nuestra
casa.
