La
trama energética
Fuente:
UNTCIP.net
(22/01/08)
• Nada detiene a los
panistas en su afán por impulsar la reforma energética con la que se
abrirá la puerta al capital extranjero. Si en el 2004 la Auditoría
Superior de la Federación acusó a Felipe Calderón, Juan Camilo
Mouriño y Dionisio Pérez-Jácome Friscione de otorgar permisos de
generación de energía ilegales, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación acaba de eximirlos. Además, al asumir como secretario de
Gobernación, Mouriño insistió en que su prioridad es concretar las
reformas energética y laboral. Y las compañías españolas generadoras
de energía eléctrica ya se frotan las manos
La breve trayectoria de Juan Camilo Mouriño Terrazo en la
administración pública se ha caracterizado por su impulso abierto a
la inversión extranjera, particularmente la española, en el sector
energético, con lo que de paso intenta beneficiar a su familia.
El nuevo secretario de Gobernación ha sabido aprovechar sus
posiciones políticas -desde la presidencia de la Comisión de Energía
en la Cámara de Diputados durante la LVIII Legislatura, hasta su
paso por la subsecretaria de Electricidad en el 2004- para frenar
cualquier investigación o anulación de permisos de generación de
energía a empresas extranjeras considerados por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) como ilegales.
En su primera conferencia como encargado de la política interna del
país el miércoles 16, habló de “concretar las prioridades
legislativas de este gobierno que, sin duda, serán “la reforma
energética y la reforma laboral”.
El martes 15, horas antes de que fuera nombrado oficialmente en su
nuevo cargo se anotó un triunfo más, cuando la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) cerró el caso de una controversia
constitucional promovida por el propio Mouriño y su entonces jefe en
la Secretaría de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, en contra de la
ASF.
Así, con la resolución de la Corte, ni él ni Calderón Hinojosa ni el
recién nombrado subsecretario de Egresos, Dionisio Pérez-Jácome
Friscione, podrán ser investigados por la autorización de permisos
de generación de energía.
Indignado por la resolución de la SCJN, el ex senador Manuel
Bartlett Díaz, promotor ante la ASF para que se investigaran los
permisos de energía eléctrica a empresas extranjeras, que concluyó
con la resolución final de la Corte, comenta:
“El efecto, el resultado de este (fallo) es que esos funcionarios
que violaron la ley, que entregaron permisos por millones y millones
de dólares de manera ilegal y que cometieron violaciones a la ley
están muy tranquilos”.
Y pregunta: ¿Sabe usted quién fue el que firmó la controversia
constitucional en contra de la auditoria? Fue, dice, “Felipe
Calderón, como secretario de Energía. Estaba ya señalado como reo de
responsabilidades serias y ahora resulta que se borra todo”.
En resumen, “Calderón, Mouriño y Pérez-Jácome quedaron exonerados de
toda culpa y de que continuaran las investigaciones en su contra por
la defensa a este tipo de permisos. Además, los contratos a empresas
extranjeras podrán continuar… por el momento”, advierte el ex
senador poblano.
La llave del futuro
El trabajo de Mouriño a favor de la inversión extranjera en el ramo
eléctrico comenzó en el 2000, cuando llegó a San Lázaro en la época
en que Calderón Hinojosa coordinaba a los diputados panistas. De
hecho fue él quien le entregó a Mouriño la presidencia de la
Comisión de Energía.
Desde ahí el joven político, quien tenía 28 años, comenzó a trabajar
sus contactos con los funcionarios del ramo, comenta el ex diputado
federal del PRD, Francisco Javier Carrillo Soberón. Malicioso,
asegura que justo en esa época la familia Mouriño incrementó las
franquicias de gasolineras y consolidó el Grupo Energético del
Sureste (GES).
“Como presidente de la Comisión de Energía, como representante del
Poder Legislativo frente a PEMEX, es la época en que su posición se
fortalece mucho en la distribución de gasolina”, sostiene.
Carrillo Soberón, quien fue diputado federal en la LIX Legislatura
(2003-2006), no duda en asegurar que Mouriño haya utilizado
“información privilegiada” para beneficiar a la empresa
Gándara-Censa, que en sociedad con GES elabora las torres que se
utilizan para la generación de energía eólica.
Al concluir la LVIII Legislatura, en agosto del 2003, Mouriño dejó
pasar un mes sin participar en la vida política. Pero al asumir
Felipe Calderón la Secretaría de Energía (SENER), el joven español
fue nombrado coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional
de esa dependencia, cargo que sólo ocupó algunos meses. A principios
del 2004 fue ascendido a subsecretario de Electricidad en esa misma
institución.
Y fue desde esa nueva posición que Mouriño elaboró, junto con otros
miembros de la SENER, una nueva ley que impulsa la participación
privada, sobre todo de inversionistas españoles, en la generación de
energía eólica, la llave del futuro ante la disminución y el elevado
precio de los hidrocarburos.
Manuel Bartlett, quien en esa época se desempeñaba como senador de
la República, comenta que la promoción de la llamada Ley para el
aprovechamiento de las fuentes renovables de energía empezó desde
que Mouriño era diputado federal en la LVIII Legislatura.
Y Carrillo Soberón, diputado por el PRD durante el trienio
2003-2006, explica que esa iniciativa fue aprobada durante el último
período de sesiones y se envió como minuta al Senado de la
República. Sólo el PRD votó en contra.
La ley se impulsó desde la SENER en el 2004, cuando Mouriño era el
subsecretario de Energía. Por esas fechas, su familia adquirió la
empresa española Gándara-Censa, S.A., que desde julio de ese año
encabeza Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre de Juan Camilo. La
línea de producción de esta compañía son molinos, hornos y torres de
viento, todos los aditamentos para construir una planta generadora
de energía eólica, llamada fuente de energía renovable; la fuente
del futuro.
El 6 de enero, se publicó que el presidente de GES anunció que
incursionará en el sector eléctrico al fabricar torres eólicas de
última generación “en coinversión con una empresa española”, la
Gándara-Censa. Asimismo, destacó que el gerente de esta última,
Javier Gómez, declaró al periódico La Voz de Galicia que entre sus
planes de expansión la empresa busca asentarse en México como
empresa auxiliar de consorcios españoles que tienen en la mira a los
mercados mexicano y estadounidense.
La nueva Ley para el aprovechamiento de las fuentes renovables de
energía, impulsada por Mouriño, incluye la creación de un
fideicomiso que se formará con el dinero que el Ejecutivo federal
destine a través del presupuesto de egresos.
Su objetivo es dar “incentivos” a las empresas que incursionen en la
generación de energía eólica. El dinero, según se establece en el
Artículo 17, será para “cubrir, en su caso, la diferencia que, a
juicio de la Secretaría de Energía, exista entre los recursos
requeridos para alcanzar la viabilidad financiera” de los proyectos
eólicos y los costos de una planta convencional.
Carrillo Soberón, quien fue secretario de la Comisión de Energía en
la LIX Legislatura, asegura que esto no es más que un subsidio. Y
explica que la generación de energía eólica es nueva, por lo que
será más cara que la convencional. Recuerda incluso que durante la
discusión de la ley en el pleno se pretendía dar un subsidio de mil
millones de pesos. “Pero quedó peor porque ahora -dice- se deja
abierto el subsidio y a juicio del titular de Energía”.
El ex senador Manuel Bartlett califica la citada ley como “una
barbaridad” y explica que sólo es parte de los lineamientos que
establece el Banco Mundial mediante los cuales se pretende que los
españoles y los extranjeros que construyen la tecnología para las
plantas eólicas recuperen parte de su inversión.
“Es una barbaridad que se subsidie a los españoles, violando la ley
con esos permisos que son ilegales”, dice. Y asegura que el último
día de sesiones de la LIX Legislatura en el Senado de la República,
el 27 de abril deL 2006, logró detener la aprobación de la citada
ley, la cual sólo alcanzó la primera lectura.
Al llegar la nueva legislatura, en septiembre deL 2006, comenta el
líder de la fracción priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones,
el gobierno pretendió que se aprobara dicha iniciativa, “pero
detectamos que había 20 minutas más que venían de la Cámara de
Diputados, por lo que mediante un acuerdo los senadores decidieron
enviarlas todas nuevamente a comisiones, y la Ley para el
aprovechamiento de las fuentes renovables de energía se turnó a
cuatro: las de Energía, Agricultura, Medio Ambiente y la de Estudios
Legislativos. Será difícil que pase”, asegura.
Pese a todo, Juan Camilo Mouriño, en su primera conferencia como
secretario de Gobernación, insistió en que su prioridad será
concretar la reforma energética, en la cual se incluye la citada ley
que favorece a los generadores de energía eólica.
Las empresas de la familia
En México existen sólo 11 plantas generadoras de energía eólica,
nueve de esos permisos fueron entregados por Dionisio Pérez-Jácome
Friscione durante el tiempo que estuvo al frente de la Comisión
Reguladora de Energía. Actualmente todas están en construcción;
cinco permisos están en manos de empresas españolas, tres son
estadounidenses, una más es francesa, otra corresponde al Instituto
de Investigaciones Eléctricas y la última a la empresa Vientos del
Istmo, S.A. de C.V.
Las empresas españolas que tienen el permiso en México son
Iberdrola, Eoliatec del Istmo, S.A. de C.V., Eoliatec del Pacífico,
S.A. P.I. de C.V., Acciona y Gamesa.
Gándara-Censa, que en el 2004 fue adquirida por la familia Mouriño,
es, según sus propios informes, proveedora de torres de viento de
las empresas Acciona y Gamesa. Pero de acuerdo con las declaraciones
de Javier Gómez a La Voz de Galicia, Ecotecnia, de la que
Gándara-Censa también es proveedora, pretende instalarse en México.
En otras palabras, una de las empresas de la familia del secretario
de Gobernación es la proveedora de las principales generadoras de
energía eólica asentadas en Oaxaca y que próximamente entrarán en
operación.
Hasta la fecha, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha entregado
690 permisos para la generación de energía, 11 de los cuales
corresponden a proyectos eólicos. Por su clasificación, las
autorizaciones son de autoabastecimiento (nueve de las eólicas son
de este tipo), de cogeneración, de producción, de exportación y de
importación. Durante los ocho meses que Felipe Calderón estuvo en la
SENER y Juan Camilo Mouriño era su subsecretario de Electricidad, se
otorgaron 28 permisos de generación de energía a empresas
extranjeras.
En el 2004, Bartlett Díaz presentó ante la ASF una denuncia contra
estos funcionarios, alegando que los permisos otorgados por la SENER
eran ilegales. La ASF revisó los permisos otorgados y dio entrada a
la querella. Solicitó a la CRE que los anulara por considerar que
eran inconstitucionales.
El gobierno de Vicente Fox se molestó y el encargado de Energía,
Felipe Calderón, interpuso una controversia constitucional contra la
ASF ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual le dio
entrada.
A su vez, el subsecretario de Electricidad, Juan Camilo Mouriño,
expresó: “El objetivo de la controversia contra la ASF es delimitar
los verdaderos alcances que tiene en términos de llevar a cabo
investigaciones sobre actos administrativos como son el otorgamiento
de permisos de la CRE. La ASF debe revisar el uso de recursos
públicos, no el de cuestionar el marco jurídico con el que está
operando el sector energético en general”.
Un fallo lamentable
Tres años después, la Corte determinó que la ASF no puede determinar
que son inconstitucionales, pero abrió otra puerta, que fue
aprovechada por Manuel Bartlett, quien volvió a denunciar ante la
ASF a las autoridades de energía por haber violado diversos
preceptos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y
demostrar que los permisionarios se estaban dedicando a la venta de
electricidad y no al autoabastecimiento, entre otros delitos.
La ASF de nuevo revisó los mismos permisos, esta vez basándose en
una revisión de “excepcionalidad”, ya que no correspondían a la
revisión de la cuenta pública que se analizaba en ese momento. Esta
acción está respaldada en el artículo 36 de ley de la propia a ASF,
la cual considera este tipo de revisiones “cuando se presenten
denuncias debidamente fundadas o pueda suponerse el presunto manejo,
aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de
su desvío”, y que se presuma un daño al Estado en su hacienda
pública federal.
Luego de la revisión de los permisos, la ASF consideró fundada la
denuncia y respondió que “existen circunstancias de las que se puede
presumir un daño a la hacienda pública federal”. Por ello demandó a
Dionisio Pérez- Jácome Friscione, presidente de la CRE, realizar una
“revisión sobre el otorgamiento de permisos de generación de energía
eléctrica; el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los
permisos; la fijación de tarifas, y las contraprestaciones a
particulares y extranjeros, en virtud de que el otorgamiento de
dichos permisos pudieran ocasionar un daño patrimonial a la Comisión
Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro…
para que rinda un informe a la ASF, y en su caso, de las sanciones
que se hubieran impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los
servidores públicos involucrados”. Es decir, Calderón, Mouriño y
Pérez-Jácome.
Entre el cúmulo de irregularidades en el uso de los permisos
detectados por la ASF están la venta de electricidad cuando ello
sólo está reservado al Estado; simulaciones de sociedades para
vender la energía, permisionarios que operan un servicio público
paralelo al que la constitución reserva al Estado o, en su caso, que
hacen uso de prestanombres.
Todas estas irregularidades aparecen documentadas en el oficio de 15
cuartillas que la ASF envió a la CRE. También establece que en los
permisos de producción independiente se trata de permisionarios que
son filiales de compañías extranjeras, donde 43% está en manos de
inversionistas españoles; 19%, de estadounidenses, y el resto, de
otras nacionalidades, pero ninguna en manos de mexicanos.
En el caso de los permisos de autoabastecimientos los permisionarios
no son reales, lo cual es “un fraude a la ley”.
Este mismo oficio sirvió a la CRE para interponer otro juicio contra
la ASF ante la Corte bajo el argumento de que no se pueden hacer
revisiones de excepcionalidad cuando se está revisando la cuenta
pública de otro año.
La Corte resolvió finalmente el martes 15 por ocho votos a favor y
dos en contra -los de los ministros Genaro Góngora Pimentel y
Guillermo Ortiz Mayagoitia- que el gobierno federal tenía razón. Esa
decisión abre la puerta a la impunidad, aseguran los ministros que
votaron en contra.
Y Bartlett Díaz asegura que ese fallo deja aparentemente firme una
inversión extranjera en contra de la Constitución y fortalece las
acciones subrepticias e ilegales del gobierno de Vicente Fox y ahora
de Calderón. Este fallo, insiste, consolida la ilegalidad de los
gobiernos panistas y la impunidad del grupo de Calderón, Mouriño y
Pérez-Jácome.
- ¿Se les exonera?
- Sí. Ese es el efecto. Ellos estaban en una situación de indiciados
por la auditoría.
(Jesusa Cervantes/APRO)
