Privatizar no es la solución
Fuente:
yucatan.com.mx
(28/01/08)
• Bala de plata
Denise Dresser
La bala de plata. La solución más obvia para los problemas más
complejos. La única arma que, según las leyendas y el folclor, es
capaz de matar a los monstruos del más allá. Usada por el “Llanero
Solitario” en su cruzada para combatir el mal y fundida hoy —a
temperaturas crecientes— por quienes ven en la reforma energética
poderes mágicos similares. Por quienes perciben a la inversión
privada como el instrumento capaz de combatir a las brujas del
sindicalismo, a los vampiros de corporativismo, a los fantasmas de
la corrupción. Por quienes piensan que la mejor manera de modernizar
a México es permitiendo la participación privada en Pemex, la CFE y
Luz y Fuerza del Centro. Y que en su búsqueda desesperada por matar
al Hombre Lobo —el estatismo estrangulador— corren el riesgo de
identificar al enemigo equivocado, repetir los mismos errores del
pasado y dejar vivo al mal mayor: la estructura del capitalismo
mexicano y las bestias reales que ha engendrado.
Demasiados políticos y analistas e inversionistas centran la mira en
el blanco más fácil. Apuntan la pistola hacia los duendes e ignoran
el bosque lleno de sombras que habitan. Recomiendan balas de plata
contra los sindicatos y no reparan en la complicidad gubernamental
que les ha permitido obtener el poder que gozan. Denostan los
privilegios que obtienen el SME y el Sntprm sin reconocer que ha
sido el propio gobierno quien los ha otorgado. Excorian la rapacidad
de los monopolios públicos y no toman en cuenta la débil regulación
que explica la misma rapacidad de los monopolios privados. Promueven
la inversión privada como panacea sin comprender que si no cambian
las reglas de su participación, la supuesta cura resultará más
dañina que la enfermedad. La bala de plata que tantos solicitan no
traerá consigo los beneficios anunciados, sino nuevas oportunidades
para el capitalismo de cuates.
Nadie duda que Pemex necesita convertirse en una empresa moderna,
eficiente, competitiva. Nadie que haya vivido sin luz durante 24
horas la semana pasada podría negar lo mismo en el caso de las
empresas estatales encargadas de la electricidad. Nadie disputa la
necesidad de bajar los precios del gas y ampliar el número de
refinerías. Pero lo que será necesario pensar de manera cuidadosa es
cómo modernizar al sector energético sin privatizar las rentas que
produce. ¿Cómo extraer la riqueza petrolera sin traspasarla de unos
cuantos a otros pocos? ¿Cómo garantizar la fortaleza financiera de
Pemex sin —de paso— contribuir a la construcción de más fortunas
monopólicas al estilo de Carlos Slim? ¿Cómo fomentar la inversión en
un sector clave sin que acabe fortaleciendo la concentración que el
país padece en tantos otros ámbitos? Si México no responde esta
preguntas con cuidado y reconoce los yerros cometidos con reformas
anteriores, estará condenado a repetirlos.
Por eso preocupan tanto las propuestas flotadas y las opciones
consideradas. Lo que el PAN y el PRI y el gobierno de Felipe
Calderón discuten a puerta cerrada y en voz baja. Los cambios al
Artículo 27. La modificación de las leyes secundarias. Los esquemas
de conversión. La posibilidad de algún tipo de asociación
pública-privada para la explotación en aguas profundas. La apertura
de la actividad petrolera al capital nacional e internacional para
inyectar dinero y tecnología. Ninguna de estas ideas es
intrínsicamente mala y en su conjunto parten de una premisa
irrebatible: el sector energético necesita recursos y será necesario
que los obtenga de algún lado, dado que la Secretaría de Haciendo no
está dispuesta a sacrificar los ingresos que Pemex le provee. El
problema reside en lo que no se contempla, lo que no se propone, lo
que no se debate, lo que no se somete a consideración. Aquello que
la clase política y empresarial elude: la promoción de la
competencia, la necesidad de la regulación, la protección a los
consumidores, el imperativo del interés público. Medidas que países
exitosos como Inglaterra y Nueva Zelanda y el estado de Texas
tomaron cuando privatizaron sus empresas energéticas, bajo la tutela
de órganos reguladores eficaces, poderosos, capaces de dictar reglas
competitivas entre nuevos jugadores. Aquello a lo cual el gobierno
de Calderón necesita abocarse si quiere transformar el horizonte
económico del país de manera real: la construcción de mercados
energéticos que beneficien a los mexicanos y no sólo a las empresas
que presionan para abrir el sector, con la intención de expoliarlos
allí también.
Basta con examinar las privatizaciones que se llevaron al cabo
durante el periodo salinista para entender el tamaño de los errores
cometidos. La profundidad de las rectificaciones requeridas. Como
argumenta el reporte del Banco Mundial “Gobernabilidad Democrática
en México”: más allá de la captura del Estado y la polarización
social, las reformas de los 90 en teoría buscaban lo mismo que las
reformas calderonistas buscan hacer hoy: fomentar la eficiencia
económica, atraer el capital extranjero, aumentar los ingresos
fiscales, promover la competencia.
Pero en muchos casos —como el de la banca y las telecomunicaciones—
las reformas tan sólo produjeron mayor concentración de los mercados
y menor competitividad de la economía. Las privatizaciones sólo
significaron un cambio de dueño. Fueron procesos amigables para las
élites y dañinos para los consumidores.
Y lo mismo puede ocurrir en el ámbito de la energía si se sigue
pensando que la participación del sector privado es la bala de
plata. Si se sigue creyendo que la privatización parcial o total es
el remedio eficaz para los problemas prevalecientes y bastará un
sólo disparo para acabar con ellos. Pero el mal que aqueja a México
es más complejo y no será posible confrontarlo con un solo rifle,
con sólo un tipo de munición. La bestia del capitalismo de cómplices
sobrevive gracias a la ausencia de agencias reguladoras —fuertes,
independientes, autónomas— que puedan contener a quienes han podido
establecer “posiciones dominantes” en un sector tras otro. La bestia
del capitalismo oligopólico crece gracias a la falta de leyes de
competencia con dientes, capaces de imponer multas multimillonarias
a quienes las violan. La bestia del capitalismo corporativo existe
gracias a una forma de gobernar a México en la cual los intereses
creados diseñan la política pública en vez de ser sometidos a sus
directrices.
Y por ello la reforma energética no será señal de avance si las
condiciones regulatorias en las que se da no cambian. Porque como
pregunta el escritor polaco Stanislaw Lec: “¿Es progreso si un
caníbal usa cuchillo o tenedor?”. ¿O una bala de plata?— México,
D.F.
dorisarnez@yahoo.com.mx
