EL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA PETROLERA Y
EL GOBIERNO NO CEDE TRAS LA BAJA DE LOS PRECIOS
La Shell, entre la rebelión y la partida
Fuente:
pagina12.com.ar
(31/01/08)
• Desde marzo de 2005
hasta ahora, la empresa angloholandesa y el Gobierno mantienen un
duelo en el que la petrolera no acepta la política oficial para el
sector. Esso, la otra empresa refinadora y comercializadora, y sin
pozos, al igual que Shell, ya se retiró de la Argentina.
La empresa se resistió a bajar los precios o a importar gasoil para
el mercado interno. El gobierno le aplica los castigos.
Un negocio millonario en donde todos se quejan
Por Raúl Dellatorre
Ni siquiera la baja de los precios finalmente dispuesta por Shell,
una semana después que la competencia, logró disipar la sensación de
que el enfrentamiento entre esta empresa petrolera y el Gobierno se
encuentra hoy en su punto más alto. Ni con el boicot a la compra de
productos de la marca, en marzo de 2005, impulsado por el Gobierno y
sectores afines, se había alcanzado esta sensación actual de
“batalla final”. En medio de rumores de intención de compra de los
activos de la firma angloholandesa por parte de Enarsa,
presuntamente asociada a la estatal venezolana Pdvsa, Shell,
alternativamente, va tensando la cuerda o soltándola, como para
demostrar su intención de seguir en el negocio en Argentina pero, a
la vez, dejar en claro que no aceptará las reglas heterodoxas, no
escritas, que quiere imponerle el Gobierno. Las autoridades
oficiales, por su parte, no dejan pasar oportunidad de fijarle las
condiciones. En un mercado como el de hidrocarburos y sus derivados,
sin competencia pero tampoco regulación, el Gobierno fue empujando a
las petroleras a aceptar que las normas se resuelven en una mesa de
negociación, no sólo en función de las necesidades sino además
políticas. Dos aceptaron, una tercera se iría y la cuarta, Shell, no
da el brazo a torcer. ¿Buscará vencer al Gobierno o vender cara su
derrota?
La relación del Gobierno con Shell no se parece al vínculo con
ningún otro grupo empresario. El tema precios fue detonante de
varios conflictos, que promovieron más de un episodio de “castigo
oficial” a la empresa en cuestión. Pero, en general, la salida fue
acordada, con flexibilidad de las partes. La excepción estuvo dada
por las empresas concesionarias que desistieron de seguir en el país
(Suez en Aguas Argentinas, Electricité de France en Edenor, entre
otras) o que demostraron desinterés en seguir vinculado al negocio (Macri
en Correo Argentino).
En el caso de las petroleras, la relación mezcló como en ningún otro
sector lo político con lo empresario. Con Repsol YPF y Petrobras, el
vínculo fue tenso hasta que las empresas, española y brasileña
respectivamente, dejaron un espacio abierto a la negociación con sus
gobiernos de origen. Rodríguez Zapatero, desde España, y Lula, desde
Brasil, debieron involucrarse en buena medida para mejorar el clima.
Petrobras es una empresa mixta con mayoría estatal. Repsol es
privada, pero el grupo de control (La Caixa) reconoce innegables
vínculos con el gobierno del PSOE.
La política se diferenció de la que se mantuvo con Esso y Shell.
Inicialmente, porque estas dos empresas refinadoras y
comercializadoras no tienen pozos de extracción en el país, con lo
cual deben comprar el petróleo para elaborar. El gobierno de Néstor
Kirchner admitió que las petroleras llevaran a un nivel elevado el
precio del crudo y recién adoptó una política agresiva de
intervención cuando los valores internacionales se dispararon sin
desaceleración. Desde ese instrumento, el Gobierno buscó dominar el
mercado, pero la rentabilidad que las empresas integradas obtenían
en la extracción las diferenció de las solamente refinadoras. Este
quiebre fue histórico, ya que rompió por primera vez la alianza
entre los miembros del cartel petrolero.
A partir de allí, la relación pasó a ser conflictiva con unos y
armoniosa, aunque con saltos, con otros. El episodio del aumento de
los combustibles en febrero de 2005 dio lugar a dos hechos
“fundantes” de la relación posterior en el sector: las negociaciones
a nivel político con los mandantes de Repsol-YPF y de Petrobras, y
la ruptura del vínculo con Shell, con boicot a sus productos
incluido, apenas unos días después.
Tampoco la relación entre las petroleras volvería a ser la misma.
Juan José Aranguren, por entonces presidente de la cámara que los
agrupa, cuestionó la posición de sus “colegas” al acordar la
anulación del aumento sin consenso de Shell ni Esso. No recibió una
respuesta satisfactoria. Dos años después, cuando el Gobierno
nacional convirtió en móviles a las retenciones a la exportación
como respuesta a un nuevo salto en el valor internacional del crudo,
Aranguren volvió a la carga imputándoles “ingenuidad” a Repsol-YPF y
Petrobras por haber permitido aquel acuerdo. Esta vez, sí hubo
respuesta. El tono, por lo elevado, casi termina con las copas de
cristal en las que habían servido el agua, sobre la larga mesa de
reuniones de la cámara.
Mientras los ejecutivos de Esso iban preparando lentamente las
valijas –no renuevan contratos con las estaciones de servicio, como
forma de retirada paulatina–, en Shell se prepararon para dar la
pelea solitarios. Desafiando el propósito del Gobierno de dar la
imagen de tener “un mercado bajo control”, la angloholandesa
desarrolló una política comercial que más parecía una provocación
que el intento de ignorar las directivas oficiales. Lanzó productos
“premium”, para ganar “un público más exigente”. Obviamente, con
precios más caros. Ante las objeciones oficiales, respondió con
argumentos ortodoxos acerca de la libertad de mercado, que no podían
tener otra consecuencia que irritar más al Gobierno.
Se resistió a importar gasoil para completar la insuficiente oferta
interna –ante una demanda creciente– y enfrentó denuncias y multas
por desabastecimiento, que llegaron al embargo de estaciones de
servicio. La Ley de Abastecimiento fue una herramienta desempolvada
por el Gobierno casi exclusivamente para enfrentar a Shell. En los
últimos meses, la firma empezó a desarrollar una política de suba de
precios que la diferenció sustancialmente de los valores de la
competencia (hasta 40 centavos por litro: casi un 20 por ciento).
Como sus ventas no descendieron tanto como se hubiera imaginado, la
competencia empezó a revisar su política. Petrobras, paulatinamente,
comenzó a acercarse a los valores de Shell. Repsol-YPF, más
pausadamente, inició un camino parecido.
Entre fines de diciembre y principios de enero, las autoridades del
área de Energía empezaron a notar que la política se les escapaba de
las manos. Empezaron una nueva ronda de negociaciones, siempre
excluyendo a Shell, y ante la falta de resultados aplicaron un
“castigo”: la prohibición de exportar combustibles. Aunque el
volumen es marginal, se trata de las operaciones comerciales, hoy
por hoy, más rentables de las compañías, con envíos periódicos a
países limítrofes (Uruguay y Paraguay, principalmente).
En el bunker de Shell de Diagonal Norte y Perón, rodeando a
Aranguren, volvieron a sonreír con mueca de venganza, recordando los
episodios de dos años atrás en torno de una mesa de la Cámara de la
Industria del Petróleo. Pero unos días después, se reflotaba el
acuerdo entre petroleras y Gobierno: vuelta atrás con los aumentos
de los últimos tres meses y levantamiento de la suspensión de
exportación. Shell quedaba otra vez al margen, pero ahora con sus
pizarras mostrando precios hasta 30 por ciento superiores a la
competencia.
Cundió la alarma entre los expendedores. El lunes, Rosario Sica,
titular de Fecra, llegó a las oficinas de Aranguren. Le rogó un
cambio de actitud, porque a esos precios temían una caída en picada
de las ventas. El titular de Shell argumentó que prefería
diferenciarse de la competencia. Sica insistió, planteó una
situación social insostenible para el sector. Le recordó la
seguidilla de cierre de bocas de expendio en los últimos años.
Aranguren le reclamó que formulara el pedido por escrito. Para sí
mismo, recordó que, a la par de una batalla económica, libra un
combate legal con el Gobierno y aquel papel podría resultarle útil.
El martes, Sica volvió a las oficinas céntricas de Shell con el
documento por escrito. Aranguren pidió 48 horas. El jueves,
anunciaría la rebaja en los precios, pero sin privarse de desafiar
argumentalmente al Gobierno una vez más: no acepta canje de medidas,
como el permiso de exportar, porque no los considera legales. Y
anunció que con la relación de precios actual, no consigue petróleo
suficiente para usar toda su capacidad productiva ni cree que se
garantice el abastecimiento. Veinticuatro horas después, un
escribano del Gobierno enviado por el secretario de Comercio le
pedía ratificar sus dichos.
Desde hace casi tres años, Guillermo Moreno no se sienta a negociar
con Aranguren. El primero no lo convoca, el segundo no pide
audiencias. Por razones diversas, o similares, creen que sus
posiciones son irreconciliables. Allegados a Shell aseguran que, en
el año 2004, la empresa estuvo muy próxima a cerrar un acuerdo para
vender sus activos en el país a una petrolera extranjera. Se
sospecha que Pdvsa, aunque no lo confirman. La operación se frustró,
dicen, “cuando se metió el Gobierno (argentino) y quiso conducir la
operación”. No revelan más detalles, pero Shell se retiró de la
negociación.
Desde entonces, las tácticas de uno y otro lado pasaron a ser otras.
Shell, como un alumno caprichoso y rebelde, se convirtió en el
personaje que desarticula toda la clase, al no aceptar las reglas
internas. El Gobierno, como un maestro ya sin paciencia, busca
aislar al caprichoso, acorralarlo, evitar que perjudique o contagie
al resto; y si no lo logra, sacarlo de la clase.
En la última semana, Shell anunciaba que no podría producir
utilizando más del 85 por ciento de su capacidad de planta. Ello
equivale a decretar desabastecimiento para febrero y marzo, cuando
la demanda para la cosecha le suma presión al mercado de gasoil.
Comercio Interior disparó una inédita resolución, poniendo en
conocimiento de las refinadoras que “deberán optimizar su producción
con el fin de obtener los volúmenes máximos de su capacidad. Ello,
en el marco de la Ley de Abastecimiento, que prevé fuertes
sanciones, hasta clausura o decomiso, a quien no cumpla”.
Por si faltaran gestos, al mismo tiempo Repsol YPF anunciaba que
había alcanzado cifras record de procesamiento de petróleo.
obteniendo combustibles de alta calidad que fueron volcados al
mercado interno. Y recordó que su participación en el mercado pasó,
entre 2001 y 2007, del 41,5 al 50,7 por ciento en naftas, y del 46,3
al 56,1 por ciento en gasoil. Sin mucha preocupación por mostrar
semejante concentración de mercado. Saben que, hoy, las miradas
están en otra parte.
“No le compremos nada”
Los problemas comenzaron el 10 de junio de 2005 cuando la petrolera
aumentó 3 por ciento el precio de la nafta y 5 por ciento el gasoil,
motivando una dura reacción oficial del entonces presidente Néstor
Kirchner, que convocó a un boicot. “No le compremos nada, ni una
lata de aceite”, reclamó Kirchner. En menos de 24 horas grupos
piqueteros y asociaciones de consumidores respondieron al llamado
“escrachando” a varias decenas de estaciones de servicio.
Lo que siguió fueron episodios de mayor o menor tensión, pero la
relación nunca se recompuso. La petrolera no se sumó a las otras
tres refinadoras que en 2006 empezaron a importar gasoil para
abastecer el mercado interno y en septiembre de ese año presentó un
producto más caro (V-Power Diesel) que luego debió retirar por no
haber recibido la autorización de la Subsecretaría. A partir de
noviembre de ese año comenzaron las millonarias sanciones por
desabastecimiento y en agosto de 2007 el secretario Guillermo Moreno
pidió ante la Justicia la detención de los integrantes del
directorio local por violar la Ley de Abastecimiento. Todavía
quedaba más. Un par de meses después se aumentaron las retenciones
para forzar una baja en los precios y como no dio resultado se
prohibieron las ventas al exterior. Repsol, Esso y Petrobras
decidieron entonces bajar los precios, pero Shell siguió
resistiéndose y recién lo hizo el jueves pasado, aunque negó que
haya sido por la presión oficial.
