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¡La
UNIÓN en defensa de la Industria Petrolera de México y por el respeto de los
derechos humanos y laborales del trabajador de confianza!
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Energía y democracia
Fuente:
eluniversal.com.mx
(19/02/07)
Ifigenia Martínez
El uso de la energía es consustancial a la vida contemporánea. Los
recursos energéticos necesarios para el funcionamiento de la
agricultura moderna, la industria, las ciudades, los transportes y
de la llamada "nueva economía", o sea las telecomunicaciones
terrestres, marítimas y espaciales hacen inconcebible la visión de
un mundo "oscuro", y se requiere una ciudadanía informada para
elegir y evaluar el desempeño de un gobierno democrático.
Una vez que se estabilizó la transformación política del país,
después de la gran Revolución de 1910, de la Constitución de 1917 y
de la expropiación petrolera de 1938, los recursos energéticos se
declararon propiedad de la nación, junto con los organismos públicos
y las instituciones encargadas de su gestión y manejo. No obstante,
el avance de la conciencia democrática de los ciudadanos no se ha
reflejado cabalmente en la vigilancia y evaluación que como
legítimos propietarios, les corresponde en los órganos del Estado
encargados de su gestión y manejo.
Si bien la revolución democrática del país ha sido un movimiento
relativamente reciente, el manejo del sector energético de los
gobiernos neoliberales (1982-2007) no ha sido congruente con el
sentido nacionalista con que debe operar en un mundo cada vez más
interrelacionado, y en el cual el mercado está manejado en forma
oligopólica por grandes corporaciones transnacionales que sirven a
los intereses de sus gobiernos.
Cada día se percibe una mayor inquietud y hasta alarma en los
círculos informados, debido a que la política económica ha
contrariado los principios constitucionales de la propiedad pública
y de la planeación y regulación del mercado en un sector de rango
estratégico en la planeación del desarrollo. Existen múltiples
denuncias del manejo dispendioso de sus finanzas y del creciente
endeudamiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad a pesar de
la indudable pericia de sus cuadros técnicos y de que la magnitud de
sus operaciones las coloca como las empresas más importantes del
país.
Es urgente la reforma del Estado en este sector, una reforma que
logre el óptimo energético y la inversión productiva del excedente
que generan en sus operaciones del mercado doméstico e
internacional. La renta petrolera de Pemex, o sea la diferencia
entre los ingresos por venta y los costos de producción, ascendió
vertiginosamente de 1975 a 2006, así como su carga fiscal que pasó
de 5% a 40% de la recaudación del gobierno federal en el mismo
periodo, hecho calificado como la "petrolización de las finanzas
públicas". Y a pesar de la gigantesca renta petrolera, Pemex no
participa en el desarrollo regional de los estados en donde ubica
sus operaciones, porque no hay planeación regional ni visión de
largo plazo en la explotación "pública" de un recurso no renovable.
Hay consenso en que debe haber autonomía de gestión, transparencia
contable y suficiencia financiera en el sector, pero no existe
precisión en las definiciones ni en los mecanismos sobre el alcance
de dichos conceptos.
El conocimiento del Presidente de la República es obviamente
insuficiente en la materia y el secretario de Energía y los
directivos de las empresas tienen que someterse a las directrices de
la Secretaría de Hacienda, que es la que detenta los excedentes de
explotación de las empresas del sector, en vista de los bajísimos
niveles de recaudación de los impuestos sobre la renta de las
empresas y el de las personas de altos ingresos que detentan una
parte sustantiva (40%) del ingreso nacional. Además el deficiente de
ingresos se esconde mediante la práctica de consolidar todos los
ingresos y gastos del gobierno con los de las empresas paraestatales
para cumplir con el tonto objetivo del "déficit cero" cuando no se
considera el crecimiento de la inversión y el empleo, asignatura
pendiente en nuestro país. Para agravar la situación la inversión
indispensable para operar las empresas del sector energético se hace
fuera del registro del presupuesto, mediante el uso diabólico de los
llamados Pidiregas cuyo monto en deuda ha crecido a niveles
realmente preocupantes.
Por su parte el Congreso está limitado al examen, discusión y
aprobación periódica de los presupuestos y cuentas públicas, y
frecuentemente los miembros de las comisiones de energía no disponen
de los especialistas, ni del tiempo y probablemente ni siquiera
tienen los perfiles adecuados para tan delicadas tareas. Por tanto
es responsabilidad de los partidos políticos seleccionar candidatos
que tengan la especialidad requerida no sólo para legislar, sino
para aprobar con conocimiento los presupuestos y fiscalizar el
gasto.
Ante la evidencia del mal manejo, derroche y arbitrariedad en Pemex,
urgen reformas en la gestión y órganos democráticos que cumplan
cabalmente con el mandato constitucional.
Afortunadamente está en el tapete de las discusiones el tema de la
reforma energética y el diseño de una política con visión de largo
plazo y manejo responsable de las instituciones en favor del interés
y seguridad de la nación.
Directora del Instituto Nacional de Formación Política del PRD.
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