Pemex: riesgos y engaños
Fuente:
UNTCIP.net
(18/02/2008)
• Los “convenios
generales de colaboración” científica y tecnológica que ha suscrito
recientemente Petróleos Mexicanos (Pemex) con diversas compañías
energéticas trasnacionales, que prevén la intervención del arbitraje
internacional en caso de surgir controversias entre la paraestatal y
alguna de esas empresas, representan un factor de vulnerabilidad
para la soberanía energética de nuestro país, como puede aprenderse
a raíz del litigio que actualmente enfrenta la estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA) en contra del gigante energético estadunidense
ExxonMobil.
En efecto, ese conflicto tiene uno de sus factores originarios en la
suscripción de convenios operativos firmados por PDVSA en la década
de los 90, en cuyas cláusulas se pacta la intervención del arbitraje
internacional en caso de desacuerdo. De ese modo, cuando el gobierno
del presidente Hugo Chávez inició, en mayo de 2007, la
nacionalización de la franja petrolífera del Orinoco, y la toma de
control de por lo menos 60 por ciento de las empresas mixtas
constituidas por PDVSA y compañías multinacionales, ExxonMobil pudo
recurrir ante instancias internacionales para solicitar el
congelamiento de activos de la paraestatal por 12 mil millones de
dólares, lo que acabó por desembocar en el cese del suministro de
crudo por parte de PDVSA al gigante energético estadunidense.
La ofensiva jurídico-económica que actualmente enfrenta el pueblo
venezolano por parte de la mayor empresa petrolera del mundo –una de
las tristemente célebres siete hermanas–, con el respaldo del
gobierno de Estados Unidos, debiera representar una lección para
nuestro país sobre lo que puede ocurrir con la entrada de compañías
que obedecen exclusivamente a los intereses económicos de sus
accionistas en un sector estratégico y de interés público para el
país, como lo es el petrolero. Al parecer, con la firma de esos
“convenios de colaboración” las petroleras multinacionales buscan
tomar posición a la espera de una reforma constitucional en materia
energética, prevista a realizarse este año, que pudiera derivar en
la entrega total o parcial de Pemex al capital privado.
Por lo demás, no puede entenderse ni aceptarse que un país soberano
como el nuestro tenga que someterse a tribunales internacionales
para dirimir conflictos en los que estuviese de por medio la riqueza
generada por un recurso natural que es propiedad del pueblo.
En lo que toca al tema del petróleo, el discurso oficial se ha
caracterizado por un manejo de la información sesgado, impreciso y a
conveniencia: el gobierno calderonista se empeña en presentar a
Pemex como una empresa inviable en términos económicos –cuando en
realidad se trata de un gran negocio que, al día de hoy, genera un
amplio margen de ganancias–, y no ha reparado en augurar que, en los
próximos años, nuestro país podría enfrentar un alarmante desabasto
de crudo si no se invierte en los campos de exploración y
explotación –a pesar de que, como lo advierte un estudio elaborado
por legisladores perredistas, el jefe del Ejecutivo federal
“manipula a su antojo el volumen de las reservas petroleras
nacionales” con fines alarmistas–. Es decir, persiste una campaña
gubernamental basada en engaños para justificar ante la opinión
pública la necesidad de abrir la paraestatal a la inversión privada
extranjera.
A la vista de lo que actualmente ocurre en Venezuela, más vale que
México asuma las provisiones necesarias para evitar una
circunstancia similar en nuestro país. Sobre todo, debe demandarse
que los legisladores asuman su papel constitucional de
representantes populares y rechacen cualquier intento de entregar al
capital privado un recurso natural que es propiedad de todos los
mexicanos, y que así debe permanecer.
