Conflictos de interés de Mouriño
Fuente:
UNTCIP.net
(18/02/2008)
• En los periodos en que
Juan Camilo Mouriño Terrazo presidió la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados y fue subsecretario de Energía, la empresa
Ivancar, de la cual es accionista, recibió de Pemex adjudicaciones
directas por casi 100 millones de pesos para el transporte de
hidrocarburos. Dichos contratos fueron formalizados por el actual
secretario de Gobernación
Ana Lilia Pérez / Contralinea
En entrevistas de televisión y prensa escrita, lo mismo en México
que en Europa, Juan Camilo Mouriño Terrazo ha insistido que cuando
decidió dedicarse al servicio público se deslindó por completo de
los negocios familiares –la mayoría de ellos, ligados al sector
energético–; sin embargo, contratos asignados por Pemex Refinación a
la empresa Transportes Especializados Ivancar, SA de CV (TEISA),
propiedad de la familia Mouriño, fueron firmados por Juan Camilo en
el periodo en que se desempeñaba como presidente de la Comisión de
Energía de la Cámara de Diputados, lo que supone conflicto de
intereses en Pemex del hoy secretario de Gobernación.
En 2003, cuando se integró como asesor del entonces titular de la
Secretaría de Energía (Sener), Felipe Calderón Hinojosa, los montos
que obtuvo Ivancar en Pemex se incrementaron en un ciento por
ciento. En el periodo en que Calderón lo nombró su vicecoordinador
de la campaña presidencial, su compañía obtuvo, por primera vez, un
contrato multianual de carácter transexenal por casi 40 millones de
pesos, que concluirá hasta el próximo 31 de diciembre. Ni uno sólo
de los contratos que Refinación ha otorgado a Ivancar ha sido
sometido a licitación pública.
La empresa
Ante la notaría pública 60, de Tizapán, Distrito Federal, el 2 de
agosto de 1985 ocho accionistas crearon la empresa Transportes
Especializados Ivancar, SA de CV, con domicilio fiscal en Campeche,
y cuyo objeto social va desde la transportación y distribución de
gasolina, diesel, aceites, lubricantes y sus derivados, hasta la
distribución de refacciones o la operación de loncherías, la
operación de títulos de crédito o la construcción de fábricas.
De acuerdo con su acta constitutiva (número 46850), TEISA se creó
con un capital social de 5 millones de viejos pesos, divididas las
acciones de la siguientes manera: Juan Carlos Merelles Díaz, 50
acciones; María del Carmen Vázquez Aguirre, 100; Santiago Espósito
Semerena, 200; Esther Janeiro Barros de Merelles, 50; María de los
Ángeles Terrazo Blanco, 250 acciones; Manuel Carlos Mouriño Atanes,
originario de Vigo, Pontevedra, mexicano por naturalización y padre
de Juan Camilo Mouriño, 200 acciones.
Además: Juan Carlos Lorenzo Relloso, nacido en Corcores Orense,
mexicano por naturalización, con 25 acciones, y Sinforiano Miguel
Benedicto Javier Maza Ruiz, originario de Miera, Santander, mexicano
por naturalización, 125 acciones. Espósito Semerena aportó tres
camiones marca Dina modelos 1975, 1981 y 1982, respectivamente, con
los cuales comenzó a operar la compañía. Se designó a Mouriño Atanes
como administrador único.
Seis años atrás, el padre del actual secretario de Gobernación había
llegado a México, junto con su esposa María de los Ángeles Terrazo
Blanco, y sus tres hijos: Carlos, Juan Camilo y María de los
Ángeles, todos nacidos en Madrid. Afectado por una fuerte crisis
económica, el hoy propietario del equipo de futbol Real Club Celta
de Vigo arribó al Distrito Federal para trabajar en los negocios de
hoteles y panaderías de sus suegros.
Con una participación inicial del 45 por ciento de las acciones, en
menos de seis años los Mouriño Terrazo se convirtieron en dueños de
TEISA. El 13 de junio de 1986, según acta protocolizada ante Jorge
Luis Pérez Cámara, notario 18 de la ciudad de México, María del
Carmen Vázquez Aguirre cedió sus acciones a Evaristo Vásquez Cendón.
El 10 de abril de 1987, Evaristo Vásquez, Juan Carlos Lorenzo y Juan
Carlos Merelles transfirieron sus acciones a Mouriño Atanes y Miguel
Maza Vázquez. En noviembre de ese año, Esther Janeiro Barros cedió
sus acciones a Mouriño Atanes, así que, junto con el otro 25 por
ciento que poseía su esposa, tenían ya el 80 por ciento de la
compañía.
El 13 de agosto de 1991, integraron como accionistas a sus hijos
Juan Camilo, Carlos y María de los Ángeles, con 100, 60 y 60
acciones, respectivamente. En la misma operación, salieron de la
empresa Sinforiano Miguel Benedicto Javier Maza Ruiz y Miguel Maza
Vázquez. El total de las acciones quedó en manos de los cinco
integrantes de la familia Mouriño.
El 8 de noviembre de 1994, cambiaron el acta constitutiva
argumentando nuevos requerimientos de Pemex Refinación para obtener
franquicias de gasolineras. Juan Camilo fue designado secretario del
Consejo de Administración. El 24 de mayo de 1995, Mouriño Atanes, a
la sazón administrador general, designó apoderados legales a sus
hijos Juan Camilo y Carlos. El 31 de octubre se les ratificó en el
cargo, ampliando sus facultades “de dueño, tanto en lo relativo a
los bienes, como a hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos”. Se modificó también el objeto social de Ivancar para
quedar de la siguiente manera: “El objeto principal de la sociedad
será la comercialización de gasolinas y diesel, suministrado por
Pemex Refinación, así como lubricantes marca Pemex”.
El 25 de febrero de 1997 crearon Grupo Energético del Sureste (GES),
cuyo objeto social, según el acta constitutiva, es “operar como
empresa controladora de todo tipo de sociedades” –que poco después
absorbería a Ivancar–. El 27 de mayo de 1999 trasladaron el 99 por
ciento de las acciones de Ivancar a GES (María de los Ángeles
Terrazo, 380 acciones; Juan Camilo, 100 acciones; y Carlos 100
acciones). Sólo una quedó a nombre de Manuel Carlos Mouriño. Como
apoderado legal de GES se designó a Juan Camilo.
Paulatinamente, GES recibió 37 franquicias para operar gasolineras
en Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Desde
entonces se convirtió en un negocio redondo: los camiones de Ivancar
transportan los hidrocarburos con los que Pemex abastece a las
gasolineras del corporativo. Como negocio adicional, Ivancar
transporta el combustible a otras estaciones de servicio en fletes
contratados por la paraestatal.
Política como negocio
El mismo año en que los Mouriño constituyeron el GES, a sus 26 años
de edad, Juan Camilo se convirtió en diputado local del Partido
Acción Nacional (PAN) por el quinto distrito en Campeche. Mientras
se desempeñó como legislador en el Congreso del estado dirigía el
corporativo. Hasta 1999, cuando se le promovía como uno de los
favoritos a la lista del partido en las diputaciones federales vía
plurinominal –para las elecciones de julio de 2000–, de forma
temporal el GES designó apoderado legal a Pedro Uc Dzul, según
escritura pública número 6 del 17 de febrero.
Sin embargo, fue hasta el 27 de mayo de ese año cuando Juan Camilo
Mouriño, según acta de asamblea (certificada ante el notario público
46 de Campeche, el 29 de junio) trasladó su potestad como apoderado
de las compañías a su padre y hermano. En el documento, en el cual
Lucila del Carmen Gamboa, notaria 46, asienta que a Mouriño Terrazo
“se le previno previamente acerca de las penas en que incurre quien
declara falsamente ante notario público, en términos de lo que
establece el artículo 218, fracción IV, del Código Penal del Estado
en vigor”, Juan Camilo declaró ser mexicano por nacimiento.
Tres años atrás, en agosto de 1996, según nota del diario El Sur de
Campeche, había ingresado a México desde Tampa, Florida, utilizando
un pasaporte expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
España a través de su consulado en Miami, lo que le valió que se
impugnara el que ocupara puestos de elección popular que por mandato
constitucional están reservados para los mexicanos.
Previo a la justa electoral en la que “el gobierno del cambio” llegó
a Los Pinos, decenas de prestadores de servicios de Petróleos
Mexicanos (Pemex) instalados principalmente en Ciudad del Carmen y
Campeche viraron el tradicional apoyo económico y moral que por años
dieron a políticos del tricolor, convencidos por Carlos Medina
Plascencia y los operadores de la asociación Amigos de Fox de que el
Partido Revolucionario Institucional perdería las elecciones. La
familia Mouriño fue uno de estos apostadores, tradicionalmente
priistas. Tanto Carlos Mouriño Atanes como su hijo Juan Camilo
coordinaron la campaña de Fox en la región peninsular: Campeche,
Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
El proselitismo tenía un interés claro: en una hábil estrategia, los
empresarios condicionaron su apoyo económico y moral a que se les
incluyera en los cargos de elección popular. Así, personajes como
Jorge Rubén Nordhausen González y Juan Camilo Mouriño Terrazo,
contratistas de Pemex, llegaron al Congreso federal, acaparando las
comisiones de Energía –neurálgicas para los contratistas de la
petrolera– tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
El historial en Pemex
A los 29 años de edad y a menos de 40 meses de su incipiente ingreso
en la política, el madrileño Juan Camilo Mouriño Terrazo se
convirtió en el diputado federal más joven del PAN en San Lázaro.
Cuando ya presidía la Comisión de Energía, el 6 de noviembre de
2000, la familia citó a asamblea general extraordinaria a sus
accionistas. En la reunión se ratificó a los hermanos Juan Camilo y
Carlos como apoderados de GES e Ivancar, otorgándoles “poder general
amplísimo para pleitos y cobranzas”, para ejercerlos de manera
indistinta e individual, según acta. El documento se certificó al
día siguiente ante el notario público 18 de Campeche, Tirso René
Rodríguez de la Gala.
Un mes después, Ivancar recibió dos contratos que Refinación le
adjudicó de forma directa, cuyo monto ascendió a 7 millones de pesos
para el transporte de hidrocarburos. El primero de ellos, el
GTT-0142-03/2000, por 555 mil 150 pesos, vigente del 4 al 31 de
diciembre de 2000, fue formalizado por Irma Alejandra Rodríguez
Baeza, gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, y Manuel
Carlos Mouriño Atanes. Aunque en el contrato se establece que la
antigüedad máxima permitida para los tractores que utilice la
transportista es de ocho años, el parque utilizado por Ivancar tenía
entre 10 y 20 años.
El 20 de diciembre de 2000 se le adjudicó el contrato
GTT-0142-01/2001, por 6 millones 856 mil 722.82 pesos, vigente del 1
de enero al 31 de diciembre de 2001. El documento fue firmado por
Rodríguez Baeza, a nombre de Pemex, y Juan Camilo Mouriño, como
apoderado de Ivancar.
El 14 de julio de 2001, las gasolineras de la familia del legislador
fueron las primeras en recibir el certificado de calidad ISO-9002
que otorga Pemex, en un acto al que asistió el entonces gobernador
de Campeche, Antonio González Curi, y algunos funcionarios de la
paraestatal y de las administraciones estatal y municipal. El evento
fue publicitado por el área de Comunicación de Pemex.
Cuatro meses antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2001,
el 8 de agosto de 2001, se le otorgó un monto adicional del 20 por
ciento al establecido en el contrato inicial, con el mismo periodo
de vigencia, según el documento GTT-0142-M/2001, firmado también por
Juan Camilo Mouriño.
El 28 de agosto recibió el contrato GTT-0142-02/2001 por 2 millones
100 mil pesos, vigente de agosto al 31 de diciembre de ese año. Once
días antes de que concluyera el contrato, se le adjudicó el número
GTT-0142-01/2002, por 7 millones 859 mil 627 pesos, del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2002.
El ascenso de Jesús Villarreal Gallegos al frente de la gerencia de
Transporte Terrestre resultó benéfico para los Mouriño. Sus ingresos
por fletes de hidrocarburos se incrementaron. Dicho funcionario está
actualmente bajo indagatorias de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), y de autoridades judiciales, relacionado con las
investigaciones que se ventilan sobre los supuestos actos de
corrupción del actual senador Juan Bueno Torio en la asignación de
contratos para distribución de hidrocarburos tanto vía terrestre
como marítima en Refinación.
Antes de que concluyera el contrato GTT-0142-01/2002, Ivancar
recibió dos adjudicaciones directas que sumaban 16 millones 600 mil
pesos, mediante el contrato GTT-00142-01/2003, formalizado el 20 de
diciembre de 2002 por Jesús Villarreal Gallegos y Juan Camilo
Mouriño, vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.
Los beneficios de Juan Bueno
Un año clave en las inversiones de la familia Mouriño fue 2003:
mientras que Juan Camilo se volvió mano derecha del hoy presidente
Felipe Calderón en Sener, el corporativo familiar incursionó en el
mercado de la comida rápida y las lavanderías, con franquicias de
Burger King, Benedettis Pizza, Church’s Chicken, Tortas Locas
Hipocampo, Baskin Robbins, Tintorerías Max, GES Autowash, Tiendas
GES Express. Los beneficios en Pemex también se incrementaron.
En Refinación, Juan Bueno Torio impuso el denominado Plan Piloto de
Transporte Dedicado, que consistía en incrementar las tarifas que la
paraestatal paga a las transportistas, además de abrir nuevas rutas
para la distribución de hidrocarburos por autotanque, disposición
hecha al margen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), encargada de fijar las tarifas.
El 3 de marzo el Consejo de Administración de la subsidiaria
presidido por el mismo Bueno Torio, autorizó a un grupo de
transportistas 40 rutas adicionales en Guadalajara, Rosarito,
Tijuana, Madero, Ciudad Valles, Ciudad Mante y Gómez Palacio.
Decidió también que Pemex les pagara una tarifa de 104 mil pesos
para el traslado mínimo de 8 mil kilómetros, y 9.10 pesos por cada
kilómetro extra a partir de los 8 mil kilómetros por el transporte
de petrolíferos. Entre las beneficiadas, además de las compañías de
su familia, estaba Autotransportes Flensa –en la que es accionista
Javier Fox Quesada, hermano de Vicente Fox–, y también Ivancar.
Al respecto la SHCP emitió un extrañamiento al Consejo de
Administración de Pemex Refinación por la discrecionalidad en la
aplicación de las tarifas en el transporte de hidrocarburos, a
partir del Plan Piloto de Bueno Torio. A juicio de las autoridades
hacendarias, los funcionarios de Refinación violaron el artículo 31
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que da a la
SHCP atribuciones exclusivas para establecer y revisar los precios y
tarifas de los bienes y servicios de la administración pública
federal, o bien las bases para fijarlos.
En abril, integrantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana, adscritos a la delegación Lerma, en Campeche,
denunciaron ante su dirigencia sindical el supuesto fraude contra
Pemex en el que desde hacía meses incurría el GES, al desviar a sus
gasolineras ubicadas en Campeche, Escárcega y Champotón la gasolina
que Ivancar debía entregar a las gasolineras ubicadas en las zonas
fronterizas de la Península, la cual tenía subsidio de casi un 40
por ciento del costo.
Contrario a que se investigara el supuesto ilícito, Refinación
adjudicó a Ivancar contratos para cubrir “las nuevas rutas” en las
terminales de almacenamiento (conocidas como TAD) en Irapuato,
Rosarito, Madero y Gómez Palacio. Incluso, el 1 de septiembre se le
otorgó un monto adicional de 8 millones 300 mil pesos sobre el
contrato GTT-00142-01/2003, por el mismo periodo estipulado
originalmente. El incremento fue acordado por Villarreal Gallegos
con Juan Camilo Mouriño, según el documento GTT-00142-01-2PP/2003.
El 29 de diciembre Mouriño recibió el contrato GTT-00142-01/2004,
por 8 millones 300 mil pesos, vigente del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2004.
El 28 de abril de 2004, Carlos Mouriño Terrazo designó apoderado
legal de Ivancar ante Pemex Refinación a Luis Fernando Coyoc
Ramírez, según la escritura pública 168, expedida por la notaria
Nelia del Pilar Pérez; sus atribuciones para firmar contratos,
convenios y suscribir títulos de crédito eran exclusivamente ante la
paraestatal. El 1 de octubre de 2004, Villarreal Gallegos autorizó
al nuevo apoderado de Ivancar un incremento del 20 por ciento al
monto del contrato GTT-00142-01/2004, según el documento
GTT-00142-01-M/2004, firmado por Luis Fernando Coyoc y Villarreal
Gallegos.
El 29 de diciembre –cuando Juan Camilo se desempeñaba como
subsecretario de Electricidad en la Sener– Refinación otorgó a
Ivancar el contrato GTT-00142-01/2005, por 9 millones 530 mil pesos,
vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2005. El acuerdo se
hizo pasando por alto los señalamientos que durante todo ese año
hizo la SCHP, en oficios dirigidos también a Villarreal Gallegos, de
que los precios aplicados a los transportistas no habían sido
autorizados por la dependencia.
Contratos a modo
Bueno Torio impuso que Refinación otorgara por primera vez contratos
multianuales para el transporte de hidrocarburos a algunas
transportistas, entre ellas Ivancar. Oficios internos de Pemex
indican que el acuerdo se hizo entre los altos funcionarios de
Refinación y la Canacar, antes de que el Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios justificara la necesidad de la
contratación.
En el oficio DG 69/2005 remitido por Leo Flores González, entonces
presidente nacional de Canacar, a Pedro Carlos Gómez Flores,
subdirector de Almacenamiento y Distribución de la subsidiaria, se
otorga el listado de transportistas a las cuales se les entregarían
contratos multianuales vigentes desde ese año y hasta el 31 de
diciembre de 2008 por adjudicación directa, cuyo monto ascendió a 10
mil 114 millones de pesos. Pero el servicio lo solicitó Comité de
Adquisiciones hasta el 9 de marzo de 2005, según documento de Pemex
clasificado por la subsidiaria como “reservado”.
Lo anterior significaría que primero los directivos de Pemex
acordaron el servicio con los transportistas y luego se tramitó su
requerimiento, lo cual es contrario a la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector público, y no cumple con los
lineamientos para una adjudicación directa.
El 1 de junio de 2005 a Ivancar se le entregó un contrato por 39
millones 646 mil 477.27 pesos, con vigencia del 1 de junio de 2005
al 31 de diciembre de 2008, formalizado por Oswaldo Machado
Martínez, subgerente de Operación. Según fuentes internas de Pemex,
a mediados de diciembre de 2008 el contrato se prorrogará por un
periodo igual, es decir, hacia 2012, aunque el monto aún no está
definido.
Desde julio de 2006, la SFP y la Procuraduría General de la
República (PGR) investigan el “abuso de autoridad, coalición de los
servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades,
ejercicio abusivo de funciones, y tráfico de influencias”, en el que
supuestamente habrían incurrido los funcionarios de Refinación al
autorizar las contrataciones multianuales para el transporte de
hidrocarburos; ello, por la denuncia que presentaran los entonces
diputados Sofía Castro Ríos, Martha Palafox Gutiérrez y Jesús
González Schmal.
En la PGR, el expediente está integrado en la averiguación previa
95/UEIDCSPCAJ/SP/2006 de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra
la Administración de Justicia. En la SFP, el señalamiento contra los
funcionarios es de supuestas violaciones a la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y contra las
transportistas que se beneficiaron con los contratos, de posible
daño patrimonial por el monto que se les adjudicó. Según la línea de
investigación de la SFP, en el caso de Ivancar, el quebranto
ascendería a casi 40 millones de pesos.
En entrevista concedida a CNN Expansión, difundida el 15 de julio de
2007, el mayor de los Mouriño Terrazo habló acerca de los negocios
familiares y la carrera política de su hermano. Aseguró: “Hablamos
con él (con Juan Camilo) y le garantizamos que no tiene de qué
preocuparse. Jamás haremos cosas buenas que parezcan malas con el
gobierno federal”. Agrego: “Sabemos que los detractores tratarán de
magnificar las cosas; por eso tenemos la casa muy limpia y las
puertas muy abiertas para que no haya suspicacias. Trataremos de
vivir con eso”.
Sin embargo, Contralínea solicitó una entrevista con el actual
presidente de GES para hablar sobre los contratos de Pemex que
recibió su hermano Juan Camilo, y hasta el cierre de esta edición no
hubo respuesta.
Juan Camilo Mouriño acusó recibo de la solicitud de entrevista hecha
por esta revista, a través de Dora González, subdirectora de Eventos
de la Secretaría de Gobernación. No obstante, se negó a hablar
acerca de los contratos que aún mantiene en Pemex Refinación.
Asimismo, se requirió a la paraestatal que explicara las condiciones
en las que se contrató a Ivancar y el monto involucrado. La
administración de Jesús Reyes Heroles tampoco respondió.
Alerta en gasolineras del GES
Pese a promoverse como un grupo de gasolineras “con instalaciones
que cumplen con altos estándares de calidad comprobados por
Petróleos Mexicanos” y publicitarse como un corporativo con
responsabilidad social, los establecimientos de los Mouriño son
señalados por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor
con el “semáforo ámbar”, que identifica a las gasolineras con
irregularidades.
Las gasolineras de GES en esta situación, en Campeche, son:
Gasolinera Lerma, SA de CV; Tres Brazos, SA de CV; Servicio Xpujil,
SA de CV; Servicio Novia del Mar, SA de CV; Servicio San José, SA de
CV. En Tabasco: Servicio Nueva Frontera, SA de CV. En Quintana Roo:
Servicio Sac-Xan, SA de CV; Ejido Subteniente López; Servicio
Héroes, SA de CV. En Veracruz: Gasolinera del Sureste, SA de CV.
Durante las visitas de verificación de Profeco se detectó llenado
menor al reportado al consumidor, superior a lo establecido en la
Norma Oficial correspondiente (NOM-05-SCFI-2005). Se encontraron
bombas despachadoras que no cuentan con los hologramas y/o precintos
que acredite que fueron calibradas. (ALP)
Públicos, correos electrónicos de Mouriño
Todos los correos electrónicos de la cuenta asignada a Juan Camilo
Mouriño Terrazo, nuevo titular de Gobernación, durante su gestión
como jefe de la Oficina de la Presidencia son información pública.
Por órdenes del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI),
la Presidencia de la República entregará copia de las comunicaciones
a un peticionario, pese a que las había negado.
En su respuesta, la Presidencia argumentó que “la solicitud no
contiene una descripción clara y precisa de los documentos que
solicita; es decir, la solicitud de acceso a la información no se
refiere a uno o varios documentos específicos que pudieran estar en
los archivos –aunque fuera de manera electrónica– en posesión de
este sujeto obligado”.
Agrega que “la solicitud tampoco cuenta con datos que propicien su
localización con objeto de facilitar su búsqueda, como lo sería, el
tema, asunto, actividad o función ejercida, o cualquier otro
elemento de identificación”.
No obstante, el pasado 30 de enero, el pleno del IFAI reviró lo
dicho por la dependencia y le ordenó entregar todos los correos
electrónicos, tanto enviados como recibidos, de la cuenta
institucional de Mouriño, cerrándole la posibilidad de que declare
la inexistencia del material cibernético por segunda ocasión.
Los documentos tienen que incluir el destinatario, remitente y el
contenido del correo, sólo en caso de que aparezca el domicilio
particular y teléfono del receptor, se realizaran versiones públicas
de éstos, con el fin de proteger los datos personales. Además, de
testar información confidencial o reservada que pudiera aparecer,
por el carácter del puesto, en los documentos entregados.
La propuesta de resolución que presentó el comisionado Alonso Gómez
Robledo ante el pleno del instituto dejaba abierta la posibilidad
para que la Presidencia declarara la inexistencia de la información;
sin embargo, la comisionada Jacqueline Peschard pidió que se
cancelara dicha posibilidad, por lo que en un plazo no mayor de 10
días el contenido de los correos electrónicos del ahora secretario
de Gobernación serán de carácter público. (Yenise Tinoco)
