Medios y energéticos, reformas
cruzadas
Fuente:
UNTCIP.net
(28/02/08)
• jenaro villamil
México, D.F., febrero (apro).- Dos áreas neurálgicas para el futuro
del país se han cruzado en una extraña combinación coyuntural: la
reforma a los medios de comunicación electrónica y la reforma
energética.
En el primer caso, el dilema es la apertura de un sector altamente
monopólico, decisivo para la salud pública porque la televisión es
un medio determinante en la construcción de percepciones sociales y
para el desarrollo democrático del país. En el segundo caso, se
trata de un tema altamente sensible por la historia reciente del
país, porque muestra enorme dependencia financiera hacia el
petróleo, por los poderosos intereses que se vinculan en esta área y
por la construcción de un frente opositor que podría enlazar tanto a
perredistas con priistas.
El diseño del gobierno calderonista y de los legisladores para
impulsar ambas reformas ha llevado a un punto muerto o a un callejón
de difícil salida: a cambio de que las pantallas de Televisa y de TV
Azteca apoyen la campaña para “vender” las bondades de una reforma
energética altamente conflictiva, tanto el Poder Ejecutivo como el
Senado han dado señales de que están dispuestos a posponer, una vez
más, la democratización del régimen de medios concesionados en el
país.
Sin relación directa una cosa con la otra, los impulsores de la
privatización de Pemex han decidido tener de aliada a la televisión,
a cambio de que no se toque ni con el pétalo de una regulación los
privilegios obtenidos por Televisa y su aliado, TV Azteca.
Por esta razón, existe un gran escepticismo y un ánimo pesimista
entre los impulsores de una nueva ley de medios. El chantaje de la
pantalla parece haberse impuesto. Igual que sucedió con la Ley
Televisa, en plena campaña electoral. El intercambio de votos
legislativos por tiempo-aire en pantalla es la moneda de cambio para
el poder del rating.
En estos meses se perdió el impulso adquirido con la reforma
constitucional en materia electoral y con la resolución de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó cambios
sustanciales a la Ley Televisa. En buena medida, porque en los dos
partidos dominantes en el Congreso, el PAN y el PRI, existen
cabilderos de primer nivel para impedir que los intereses de
Televisa se vean afectados.
Prácticamente, los enterados del proceso de negociación dan por un
hecho que la reforma a la ley de medios no estará lista para abril
de este año, tal como fue el compromiso de los impulsores de la
reforma del Estado que adquirió el extraño y sucesorio mote de Ley
Beltrones.
En contrario, existen fuertes presiones e incentivos para que a
finales de marzo se impulse una reforma energética que cumpla con un
ambicioso plan de negocios que define la razón de ser del gobierno
calderonista: la privatización ya no disfrazada en las áreas de
exploración y distribución de petróleo, así como el fortalecimiento
de la poderosa industria del gas, por cierto, altamente monopólica
también.
Basta enumerar algunos de estos incentivos:
1. El encumbramiento de Juan Camilo Mouriño a la Secretaría de
Gobernación no para definir la gobernabilidad del país, sino para
impulsar el negocio que determinó fuertes donaciones a la campaña de
Calderón.
2. El repliegue de los sectores priistas que están en contra de la
privatización. Internamente se manifestarán en contra, pero es un
hecho que el partido no se ha deslindado de la iniciativa
privatizadora que encabeza el senador Francisco Labastida.
3. El frente opositor de López Obrador tiene un enemigo tan poderoso
políticamente como los intereses petroleros: la fractura interna del
PRD en vísperas de una elección interna que no se percibe ni fácil
ni resuelta.
Los grupos intolerantes le hicieron un extraordinario regalo a la
contraparte con los sucesos del pasado domingo 24 de febrero:
demostrar con sus abucheos el encono contra Javier González y Carlos
Navarrete que difícilmente podrán incluir a otros sectores que no
comparten su visión y sus métodos de movilización.
Lo paradójico es que existe una opinión pública mayoritariamente en
favor de la posición de López Obrador. Así lo revela una encuesta de
la empresa Gaussc: 53% de los consultados no cree en el discurso de
Calderón, que niega la privatización de Pemex; y 43% se manifestó en
contra de la apertura al capital privado.
Quizá por esta razón, en los próximos días la operación mediática
será muy clara: desacreditar al frente opositor de la reforma
energética, a cambio de que los intereses de las televisoras
permanezcan inamovibles.
El diseño de esta operación es muy arriesgado. El problema ya no
será entonces un asunto de percepciones, sino de movilizaciones
sociales. La imposición de una reforma para privatizar Pemex puede
provocar una fractura social de dimensiones aún imprevistas.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
