Pemex: régimen que no convence
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(15/07/05)
( Fernando Calzada Falcón )
La aprobación del nuevo régimen fiscal de Pemex no ha generado la
cantidad de aplausos ni reconocimientos que sus creadores
intelectuales y operativos supusieron. Puede revisarse la prensa de
las últimas semanas y lo que se encontrará, en el mejor de los
casos, son comentarios comedidos, mesurados. Uno supondría que un
tema que fue insistentemente planteado en innumerables foros durante
varios años (la pesada carga fiscal sobre Pemex y la necesidad de
aliviarla), ahora que ha sido atendido por los diputados y senadores
generaría muchas opiniones favorables. Pero no ha sido el caso. ¿Por
qué? En varias esferas del gobierno federal y otras locales hay
silencio. Incluso, quienes por su función declaran, ya sea a través
de discursos o conferencias de prensa cotidianas, no han reparado
mayormente en la decisión legislativa; no se conoce, por lo menos
públicamente, alguna expresión de beneplácito, aunque tampoco de
rechazo. ¿Cómo explicarlo? Puede adelantarse una hipótesis: los
beneficios de la decisión final del Congreso de la Unión le resultan
contradictorios al gobierno federal, pues si bien traslada una
considerable cantidad de recursos a Pemex (algo que él mismo
esperaba), el sacrificio fiscal que debe hacer, expresado en una
menor recaudación de derechos petroleros, va mucho más allá de una
cantidad a la que pudiera renunciar en el corto plazo (algo que, por
supuesto, no esperaba ni deseaba).
El nuevo régimen entrará en vigor el primero de enero de 2006, los
precios de la mezcla mexicana de crudo se espera se mantengan en
niveles elevados y la reforma a la Ley Federal de Derechos ha
quedado corta porque efectivamente brinda más recursos a Pemex pero
no hay ninguna garantía de que el ingreso adicional del que vaya a
disponer sea aprovechado donde más se necesita, ya que hizo falta la
reforma corporativa. Se le está dando más dinero al organismo,
restándole significativamente ingerencia y poder de decisión a las
autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en un
esquema que hace recordar los años que van de 1978 a 1982), de modo
que todo esto ayudaría a explicar las reservas oficiales que se
mantienen sobre el caso. Pemex gozará entonces de más recursos pero
también de mucha mayor libertad de manejo independiente, con lo
positivo y negativo que ello pueda implicar. Si, por ejemplo, el
ingreso adicional de Pemex no se refleja en un periodo que vaya un
poco más allá del corto plazo en mayor producción, mayor
exportación, más refinación e incorporación de reservas, ni siquiera
se tendrá la esperanza de que el sacrificio fiscal en un lapso
razonable, por la mayor y mejor producción, se exprese en mayores
ingresos públicos tributarios.
Así que por el debilitamiento de la Recaudación Federal Participable
(RFP) pierde el gobierno federal y también los gobiernos de
entidades federativas y municipios. Y poco consideraron los
legisladores, sobre todo los senadores, que fue el espacio donde se
descuidó la perspectiva de los ingresos públicos, el impacto y cómo
se habrá de expresar en el gasto de los tres órdenes de gobierno. Si
se considera que normalmente casi todo el gasto se encuentra
comprometido (para cumplir con lo señalado en leyes pero también por
compromisos que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo como
pueden ser los financieros derivados de la contratación de créditos
o los laborales con las burocracias, maestros o personal médico), no
pocos gobiernos estatales o municipales enfrentarán un problema
severo.
En un corto plazo habría tres opciones para evitar que el nuevo
régimen pegara tan fuertemente a los tres órdenes de gobierno. La
primera sería que el Ejecutivo Federal hiciera observaciones, vetara
las reformas a la Ley Federal de Derechos, toda vez que pondrá en
graves predicamentos al conjunto de la política presupuestal.
Solamente un necio se opondría a que Pemex tuviera más recursos,
pero ello no debe ser a costa del ingreso y, consecuentemente del
gasto público, por lo menos no de manera tan gravosa (alguien hizo
el siguiente símil: una familia tiene un vehículo que durante muchos
años los ha llevado y traído, sin embargo, se requiere ajustarle el
motor para que siga dando servicio, y la alternativa que escogió una
parte de la familia fue que todos dejaran de comer). Como había
venido sosteniendo el diputado Francisco Rojas: “es preciso
emprender una reforma fiscal del sector hidrocarburos, que, sin
restar recursos al Estado, permita a Pemex retener capital
suficiente para financiar una proporción sana de su inversión” (El
mito de los recursos excedentes del petróleo. ECONOMÍA. UNAM.
Mayo-agosto de 2005). La opción aquí enlistada, sin embargo, tiene
algún grado de inviabilidad, porque dentro del gobierno habrá quien
diga al presidente que es una de las principales reformas, que se
vería mal alguien que ha señalado querer las reformas y cuando hay
una, la objete. Éste podría ser el parecer del senador panista Fauzi
Hamdán, quien manifestó su preocupación ante el intento de veto que
podría haber contra el recién aprobado régimen fiscal de Pemex, el
cual no ha sido publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de
la Federación: “tenemos en el Congreso la preocupación de que
pudiera haber algún intento de veto, lo cual sería muy peligroso”
(El Financiero, 11 de julio de 2005).
Una segunda opción podría ser que se generen los consensos
necesarios tanto en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)
como en las tres agrupaciones de presidentes municipales y en el
órgano que aglutina a las tres para hacer una atenta solicitud a las
cámaras del Congreso de la Unión de que reconsideren su decisión, lo
cual podría lograrse en el siguiente periodo ordinario de sesiones y
pudiera iniciar 2006 sí con un nuevo régimen, pero que no lesione
tanto los ingresos públicos.
Una tercera opción sería procesar una reforma fiscal para aumentar
los ingresos tributarios no petroleros, es decir, una reforma que
tenga como fin aumentar la recaudación. Dado el panorama político
electoral de cara al 2006, cualquiera que conozca la situación
actual de las cámaras de diputados y senadores calificaría esta
opción como claramente inviable en el corto plazo.
