Viable
un proyecto energético nacionalista: UV
Fuente:
CNEE-sur.net
(3/07/08)
• Escrito por Dirección
de Comunicación Universitaria
Una reforma hacendaria que le quite peso fiscal a la empresa, la
creación de un órgano autónomo que dirija, regule y supervise las
acciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), la utilización de la figura
“contrato-plan” y reintegrar en una sola empresa las cuatro
subsidiarias, son modificaciones que hacen viable un proyecto
nacionalista para Pemex, sin necesidad de integrar capital privado
al sector energético nacional, sostuvo el especialista en la
materia, Fluvio Ruiz Alarcón.
“En 2007, Pemex obtuvo ingresos por 1.16 billones de pesos, tuvo
utilidades antes de impuestos de 855 mil millones de pesos y tuvo
pérdidas luego de impuestos por 16 mil millones de pesos. No hace
falta argumentar demasiado, no hay empresa en el mundo que sobreviva
si año con año tiene que pagar más de 100 por ciento de sus
utilidades”, sostuvo el físico e ingeniero con maestría en
Extracción Petrolera y colaborador de la revista Mundo del petróleo,
la publicación especializada más prestigiada de Latinoamérica.
Ruiz Alarcón sostuvo que estos cambios necesarios deben darse en
cuatro niveles: el fiscal; en la estructura institucional (con la
creación de un órgano autónomo que dirija, regule y supervise las
acciones de la empresa); en la relación entre el Estado y la
empresa; y en la propia organización de la empresa.
“Petrobras de Brasil y Statoil de Noruega han logrado una alta
eficiencia mediante órganos autónomos de operación; en ese sentido,
Pemex necesita un órgano técnico integrado que apruebe los planes de
búsqueda, desarrollo, extracción y abandono de los yacimientos; que
le diga bajo qué normas ambientales debe operar y que vigile el
cumplimiento de estas regulaciones”, explicó.
En cuanto a la relación del Estado y la empresa, Ruiz Alarcón
propuso la creación de la figura del “contrato-plan” –utilizado en
Francia, país que tiene las empresas estatales más eficientes del
mundo–, una especie de compromiso recíproco entre el Estado y su
empresa pública, en el que aquél le fija ciertos objetivos a ésta y
se compromete a otorgarle los recursos económicos y de todo tipo
para que los objetivos se cumplan.
Además, Pemex podría reintegrar la empresa en una sola para poder
provechar las ventajas de las economías de red y de escala, con los
respectivos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Incluso, señaló que podría modificarse el Consejo de Administración,
de manera que frente a la tentación instrumentalista de los
representantes del gobierno y a la vocación por naturaleza gremial
de los representantes del sindicato, se pueda sumar una voz de gente
que pudiera aportar una visión de largo plazo de la industria.
“A un nivel intermedio, se debería devolver la naturaleza de
instituto de investigación al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP),
que es como fue concebido. El año pasado Petrobras invirtió mil
millones de dólares en investigación –dicha empresa tiene su
principal fortaleza en la inversión para la formación de sus cuadros
técnicos y para la investigación y desarrollo tecnológico–, mientras
que el apoyo presupuestal para el IMP fue de 44 millones de
dólares”.
El especialista sostuvo además que en México es urgente darle valor
agregado al petróleo crudo, Pemex debe dejar de ser una empresa que
vende petróleo crudo y que deja de lado la transformación
industrial, lo que ha llevado al país a importar 41 por ciento de la
gasolina que consume.
Fluvio Ruiz explicó que además de pagar al fisco 55 por ciento de
sus ingresos, a Pemex se le impone el llamado “superávit primario”,
que es una cantidad de dinero que si bien no entrega al fisco, no
puede utilizar; se ha abusado tanto de este mecanismo que a final de
2008 Pemex tendrá 457 mil millones de pesos sin utilizar depositados
en diferentes instrumentos financieros.
“Para decirlo coloquialmente, a Pemex se le obliga a utilizar una
tarjeta de crédito cuando tiene dinero en una tarjeta de débito.
Esto es la base de la descapitalización, de la insuficiencia de
infraestructura y de que al día de hoy estemos importando 41 por
ciento del consumo total de gasolina en México”, dijo.
Respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo para la
reforma energética, el especialista dijo que si bien el objetivo
pudiera ser correcto –ya que se crea un régimen fiscal menos
agobiante en el caso particular de exploración en aguas profundas y
en el Paleocanal de Chicontepec–, está pensada para que terceros
puedan invertir en estas áreas que hoy la Constitución reserva a la
nación.
“Se flexibiliza el régimen fiscal ahí donde se pretende que haya
inversión privada, pero no donde Pemex tiene la responsabilidad
exclusiva. Además, un elemento positivo de la iniciativa oficial,
que es ir hacia un régimen de autonomía presupuestal de Pemex, se
nulifica porque la Ley Federal de Derechos establece un régimen
transitorio sumamente complicado que dificultaría sobremanera que
Pemex acceda a ese régimen, que es el correcto.”
Ruiz Alarcón sostuvo que para que la empresa pueda ser eficiente, se
le debería permitir utilizar estos 457 mil millones de pesos del
superávit primario; implementar una reforma hacendaria progresiva
que le quite peso fiscal a Pemex y que grave al gran capital –Pemex
paga más impuestos que todas las empresas privadas juntas–; una
modificación de la distribución de los recursos conocidos como
excedentes del petróleo, que se oriente fundamentalmente a la
reinversión productiva en Pemex.
Además, explicó que es necesario que se elimine la actual fórmula de
determinación del precio de referencia del petróleo –este año ese
procedimiento fijó el precio en 49 dólares por barril, cuando el
precio real está muy cerca de los 100 dólares, lo cual afecta a la
empresa porque sus ingresos están calculados a partir del precio de
referencia, y todo el dinero extra se va directamente a los
excedentes y no se puede hacer una reinversión productiva.
“De haberse fijado el precio de referencia en 62 dólares, el Estado
tendría los 100 mil millones de pesos que ahora se dice que el país
no recibe por no tener la reforma energética que propone el
Ejecutivo”, dijo.
Reformas eléctricas: anticonstitucionales
Por su parte, Edgar Belmont Cortés, académico de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), sostuvo que es una falacia que el
nacionalismo sea un obstáculo para el desarrollo del sector
energético nacional y sostuvo que las propuestas de privatización de
Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Compañía Luz y
Fuerza del Centro (CLFC) tienen tras de sí intereses de empresas
privadas ávidas de ingresar al negocio.
Como prueba de ello, mencionó que en 2003 las cámaras de Diputados y
Senadores interpusieron una denuncia de hechos contra el Poder
Ejecutivo, el Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
el Director de CFE y el Secretario de Energía, donde se señala que
los acusados incurrieron en actos que violentan el texto expreso de
la Constitución y lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica, pues se considera que los permisos otorgados por
el gobierno federal y la CRE buscaban expandir el servicio público
de energía eléctrica casi exclusivamente con base en permisos de
producción privada y atentaban contra el servicio público al impedir
que la CFE ocupara sus recursos en la construcción de nuevas
centrales eléctricas.
“Durante el sexenio de Carlos Salinas se abrieron las puertas al
capital privado para generar electricidad para autoconsumo; Ernesto
Zedillo buscó una apertura de electricidad, aduciendo que la misión
de la empresa pública había llegado a su fin, y Vicente Fox buscó
abrir el mercado de usuarios de alta y media tensión –que en
conjunto consumen cerca de 70 por ciento del total de electricidad
en el país–”, sostuvo Belmont Cortés.
Actualmente, 34 por ciento de la energía eléctrica que se consume en
el país la generan empresas privadas. De 2000 a 2007 los productores
privados –a quienes, a partir de 2001 CFE debe comprarles sus
excedentes de producción– aumentaron su capacidad de generación en
11 mil megawatts, mientras que CFE lo hizo en sólo cuatro mil.
Con estas disposiciones, señaló Belmont Cortés, el proyecto de la
empresa pública se ha hecho cada vez más inconsistente, por lo que
las actividades –incluyendo la seguridad en el trabajo, la
contratación de tecnología, de servicios, de asesoría en proyectos
de ingeniería– no son prioridad.
“Renunciar a la formación y capacitación de recursos humanos que
requiere el país y la empresa pública, es cancelar la posibilidad de
establecer vínculos con las universidades para promover, financiar y
desarrollar, de forma conjunta, investigación y tecnología
necesarias para garantizar la soberanía energética de cualquier
país. Además de que la falta de inversión y de proyecto en la
empresa pública se traduce en un deterioro de la prestación del
servicio público.”
Pemex en números:
1.16 bdp
Ingresos totales en 2007
855 mil mdp
Utilidades antes de impuestos en 2007
16 mil mdp
Déficit de la empresa luego de impuestos en 2007
mil mdd
Inversión de Petrobras en investigación en 2007
13 por ciento
Porcentaje del PIB nacional que cubre
