LA LUCHA POR la autonomía de Pemex
Fuente: diariopresente.com.mx
( 2005-06-14 )
Encomiable que en un tema parezca haber consenso. Lo que no está
claro es que en el consenso en torno a la idea de concederle
autonomía a la paraestatal se reconozca la enormidad del reto que
semejante objetivo entraña.
La pregunta clave es si se trata de hacer de Pemex una empresa
moderna, eficiente y competitiva que efectivamente se convierta en
una
fuente de crecimiento y desarrollo para el país o si, muy a la
mexicana, se trata de otro mito más cocinado con saliva y sin la
menor probabilidad de mejorar el desempeño de la empresa o de la
economía del país.
La noción de darle autonomía a Pemex goza de un amplio apoyo por
razones evidentes, algunas más legítimas que otras. La razón
evidente es
que la inversión que la empresa requiere para poder mantener y
ampliar la producción de crudo ha estado sensiblemente por debajo de
lo necesario y esto se muestra en la caída sistemática de las
reservas probadas, lo que, según los expertos, implica que el país
cuenta con aproximadamente una década de producción a los niveles
actuales.
Puesto en otros términos, a menos que se eleve sensiblemente la
inversión en exploración y producción de petróleo, el país corre el
riesgo de enfrentar escasez y en un momento dado, la necesidad de
importar petróleo de otras latitudes.
Para un país que, supuestamente, cuenta con inmensos recursos de
petróleo y gas, esta situación es no sólo absurda, sino vergonzosa.
Dada la situación y el riesgo, hay muy buenas razones para criticar
la falta de inversión. Pero la falta de inversión no es gratuita: es
un resultado
directo de dos circunstancias muy específicas, ambas características
típicas de nuestra realidad política y económica. Por un lado se
encuentra
la empresa petrolera y su propensión a mal invertir sus recursos,
razón por la cual en la década de los ochenta perdió de facto su
autonomía
financiera.
Por el otro lado se encuentra un Gobierno privado de recursos, un
Poder Legislativo indispuesto a llevar a cabo una reforma fiscal y
una sed interminable por elevar el gasto público, todo ello
produciendo una combinación letal que lleva a que se empleen los
recursos petroleros para
fines distintos a los de mantener la producción petrolera (inversión
y mantenimiento). Es decir, son los recursos petroleros los que han
hecho
posible que funcione el Gobierno y se financie un gasto público, en
ocasiones desbordado, todo ello a costa del desarrollo de la propia
industria.
En este contexto, el ánimo de conferirle autonomía a la empresa
responsable de la explotación, producción y distribución del
petróleo suena
absolutamente lógico. A final de cuentas, como cualquier empresa, de
no invertir y reinvertir de manera constante, sus instalaciones se
deterioran
como ilustran los accidentes recientes y no se desarrollan nuevos
campos, lo que representa una apuesta implícita a que los pozos
actuales serán eternos.
La necesidad de inversión es obvia y la escasez de recursos
destinados a estos propósitos constituye un riesgo cada vez más
elevado. El tema
sobre el manejo de los recursos financieros de la empresa tiene dos
caras. En la mitología construida en los últimos años, que ha
adquirido carácter
de consenso político, la empresa petrolera ha sido explotada y
abusada por fuerzas malignas surgidas esencialmente de la Secretaría
de
Hacienda que, en este tenor, no tiene mayor propósito que el de
empobrecer, de hecho hambrear, a la paraestatal para dirigir los
recursos a sus propios proyectos.
La realidad es, por supuesto, más compleja. Por lo que toca a la
Secretaría de Hacienda, los fondos que recauda de la empresa
petrolera han servido para financiar el presupuesto federal y sobre
todo, los programas que crecientemente se deciden a nivel estatal,
aunque en los últimos años los fondos destinados a inversión en
Pemex se han elevado en más de 300 por ciento cada año.
Pemex, todos lo sabemos, no es una empresa; se trata, parafraseando
a Octavio Paz, de un ogro burocrático. La empresa petrolera es todo
menos una empresa. Para comenzar, su administración tiene
relativamente poca autoridad sobre el funcionamiento de la entidad.
El verdadero dueño no es el pueblo de México o incluso el Gobierno,
sino el sindicato y los proveedores cuyas prácticas determinan la
forma en que opera la empresa. En la práctica, la administración,
los proveedores, contratistas y el sindicato negocian la forma de
cómo se va a administrar la empresa, para su propio beneficio.
Es esta lógica la que llevó a que en los ochenta se decidiera
transferir la autoridad de inversión al Gobierno Federal.
Pemex perdió su autonomía de gestión financiera por la combinación
de dos factores: un apetito insaciable por el gasto público federal
y el uso abusivo de los recursos derivados del petróleo por parte de
la propia empresa.
Nadie puede dudar sobre la impostergable necesidad de incrementar la
inversión para el desarrollo de la industria. Lo que no es obvio es
que la empresa y su administración no se encuentren en mejores
condiciones para garantizar un desempeño profesional de la empresa,
o sea, que estos
veinte años deberían de haber servido para profesionalizar la
administración, erradicar la corrupción y eliminar la ineficiencia y
no se hizo.
Sería digno de un cuento de hadas que, súbitamente, la fuente de
corrupción más grande del país hubiera adoptado estándares suizos de
administración, eficiencia y desempeño.
Pero eso es exactamente lo que el Poder Legislativo pareciera creer
al pretender concederle a la empresa, sin mayor procesamiento,
autonomía
en sus decisiones financieras. El propósito, sin embargo, reclama
especiales cuidados. Aunque todo indica que el plan es bastante
simple,
quitarle el control a Hacienda para trasferírselo a la empresa, las
implicaciones son enormes.
Antes de actuar, los políticos deberían meditar sobre al menos
cuatro temas:
a) cómo se va a manejar la deuda de la empresa;
b) cómo se va a garantizar el abasto;
c) qué se va a hacer con las utilidades que genere la empresa; y, lo
más crítico,
d) cómo se va a gobernar la empresa ahora que goce de autonomía.
Esto cambiaría de súbito la lógica de su administración y, sin duda,
el costo de su financiamiento. El tema del abasto es central pues,
presumiblemente, una empresa autónoma no tiene más objetivo que su
propio desarrollo.
Sin embargo, tratándose de un monopolio, el abasto es clave.
Pero el tema medular reside en la forma de Gobierno de la empresa.
En ausencia de un régimen de propiedad que garantice el interés de
los dueños sobre el desempeño de su inversión, Pemex requeriría un
sistema de Gobierno interno que asegurara el interés de su
accionariado (presumiblemente el pueblo de México). Algunas
preguntas específicas
sugieren la complejidad del tema: quién es el dueño; cómo se asegura
que la empresa no acabe siendo secuestrada por su burocracia y
sindicato;
quién decide y cómo, qué proveedores son impolutos y cuales
corruptos.
Si de por sí la empresa es un mar de corrupción e ineficiencia, con
una autonomía sin Gobierno estos vicios se multiplicarían. La
autonomía
de Pemex es un objetivo deseable. Pero más vale que los legisladores
federales mediten bien sobre la forma que ésta adquiera antes
de crear un verdadero caos del que, como es costumbre, nadie se
haría responsable.
