Plan de Cuauhtémoc Cárdenas para Pemex
“Energía para el desarrollo”
Fuente: macroeconomia.com.mx
( 2005-06-15 )
Cuauhtémoc Cárdenas.
Quisiera en este día, en que se celebra el 67 aniversario de la
Expropiación Petrolera, hacer un planteamiento que al llevarse a la
práctica pudiera reposicionar al sector de la energía de nuestro
país como una de las palancas centrales de un modelo de desarrollo
económico sostenido, con racionalidad de presente y de futuro.
Una de las grandes riquezas de México está en sus recursos
naturales, particularmente aquellos que tienen que ver con los
hidrocarburos y la generación de electricidad. Sin embargo, estamos
iniciando el siglo XXI sin contar con una política integrada que
favorezca su aprovechamiento sustentable, y, por otro lado, la
gestión que se hace de estas áreas, encomendadas constitucionalmente
en exclusiva al Estado, presenta insuficiencias que significan la
pérdida de oportunidades para el crecimiento del país y de sus
empresas, así como para el mejoramiento de su población.
La importancia de nuestro sector energético es ampliamente
reconocida. Es no sólo un sector estratégico desde el punto de vista
económico y de las finanzas públicas, es factor clave en nuestra
política exterior y vital para la seguridad nacional, para el buen
funcionamiento de las actividades productivas y el bienestar de las
familias mexicanas. Por ello, frente a la situación actual del país
-de deterioro social creciente y de un prolongado estancamiento
económico-, es preciso dar un cambio radical a las políticas
energéticas y en particular a la petrolera, lo que resulta central,
por otro lado, en cualquier convocatoria de transformación nacional,
con vistas a la elección presidencial de 2006 y a la gestión del
nuevo gobierno.
El reto reside en crear los consensos necesarios para que el sector
de la energía sea capaz de agregar anualmente, al menos, un punto
porcentual al producto interno bruto del país durante los próximos
seis años. Un proyecto de gobierno debe ser el conjunto de
compromisos que con certidumbre puedan establecer los distintos
sectores y actores de la sociedad sin imposiciones y bajo una visión
de Estado, por lo que resulta vital diseñar las nuevas políticas a
partir una amplia consulta y una participación plural, que lleven a
identificar tanto los problemas como a apuntar las vías de solución
y las metas por alcanzar.
Aumentar el valor que aportan las actividades públicas en el sector
de la energía, considerarían algunos economistas que sólo puede
originarse mediante una extraordinaria elevación de la productividad
y, ciertamente, en esta área hay un buen trecho por recorrer
modernizando instalaciones e incorporando procesos productivos de
punta. Otra fuente para incrementar productividades se encuentra en
la eliminación de una gran cantidad de ataduras burocráticas que no
permiten la modernización del aparato institucional: debe cambiarse
radicalmente la visión rentista del sector de la energía que
predomina en el gobierno, por una visión que fomente y promueva la
actividad productiva y la integración industrial, que tenga como
objetivos el progreso de la empresa mexicana, privada y pública, que
es la que genera empleos y multiplica el ingreso, y que aumente
progresiva y racionalmente el consumo energético de las familias
mexicanas a precios cada vez más accesibles.
Se calcula, por ejemplo, que el superávit primario de las empresas
públicas oscila entre 2 mil y 4 mil millones de dólares anuales, que
se mantiene en términos generales en forma líquida y que la
autoridad hacendaria se resiste a liberar, por la imposición de una
política económica restrictiva, de un rígido ajuste macroeconómico
que inhibe el crecimiento. Estamos hablando de una inversión en el
rango de un medio punto del PIB, realizada al través de los
organismos públicos del sector energético, que podría utilizarse
-como se ha venido haciendo con los excedentes generados por los
altos precios del petróleo- en el prepago de deuda pública, pero que
también podría bien destinarse para la expansión productiva, lo que
significaría la adquisición de insumos, bienes de capital e
intermedios a empresas mexicanas, impactando en el empleo y en la
reactivación productiva. Se requiere, por tanto, para encauzar al
sector hacia esos objetivos, dar una efectiva autonomía presupuestal
y de gestión a las empresas públicas de la energía, dejando que sean
los directamente responsables de su dirección quienes tomen las
decisiones que permitan los mejores resultados tanto económicos como
sociales.
Durante los últimos años, la estructura jurídica de las actividades
vinculadas con los hidrocarburos y la electricidad han sido objeto
de un fuerte y largo debate sobre su apertura o no a la inversión
privada. El gobierno e incluso algunas voces que dicen ubicarse en
el sector progresista, sostienen que Petróleos Mexicanos y la
Comisión Federal de Electricidad no se privatizarán, que no deben
privatizarse, sin precisar qué quieren decir con eso. Este es en
realidad un falso debate. Pemex y la CFE son sus instalaciones y en
general sus activos materiales, y la discusión en realidad se da en
torno a las actividades que realizan para aprovechar no recursos
propios, sino recursos que la nación les ha encomendado administrar.
La definición de qué se privatiza o no debe darse, entonces,
respecto al patrimonio de la nación y la condición de estratégicas
de las actividades que se realizan respecto a los recursos naturales
mismos o a los servicios que se prestan. Lo que debe quedar claro -y
lo que define una posición progresista y de soberanía- es cuales son
las áreas estratégicas de la energía que se considere deban ser
manejadas en función de un interés público y cuales pueden estar
abiertas a intereses privados.
Resulta entonces de la mayor importancia política que esa disyuntiva
pudiera precisarse desde el punto de vista de la legislación y así
quedar superada en lo inmediato. Este asunto se ha convertido en
moneda de cambio respecto al cual se ofrecen expectativas que, hasta
ahora, han resultado imposibles de cumplir. Sin embargo, la ética y
la franqueza como valores deben seguirse exigiendo a quienes nos
dedicamos a la política y aspiramos a dirigir al país, y en ese
sentido, considero que el régimen constitucional vigente en materia
de energía arroja un balance positivo para el país y debe en
consecuencia preservarse.
Esta definición no proviene de un ejercicio que mecánicamente
sobrepone lo ideológico a las condiciones objetivas del país. Por el
contrario, para fijar esta posición se asume como una regla para
normar criterios, el análisis puntual en la búsqueda del interés de
la nación. Por ejemplo, Pemex, el año pasado, tuvo ingresos por más
de 700 mil millones de pesos y pagó contribuciones, sólo por
concepto de extracción de petróleo y gas, por más de 400 mil, como
resultado de un régimen fiscal incompatible con la lógica y la
eficiencia tanto empresariales como industriales, que ha permitido
al país, ciertamente, encontrar un equilibrio entre las enormes
demandas sociales con el imperativo de finanzas públicas sanas. Pero
no es exprimir el recurso y obtener un ingreso en el plazo más corto
posible -aun cuando no sea ni el mayor ni el óptimo- la tarea básica
del Estado en el sector energético ni se alcanzan así los objetivos
amplios que pueden alcanzarse con una buena gestión de los recursos
en su industrialización, en incorporar valor agregado a los
productos, en la integración productiva, la generación de empleo, la
substitución de importaciones, el desarrollo regional.
