Editorial
Pemex: detener el saqueo y la corrupción
Fuente:
jornada.unam.mx
(19/06/07)
En un foro sobre reforma
energética realizado ayer por el Senado de la República, un
funcionario de Pemex afirmó que esta empresa paraestatal necesita
una inversión de 150 mil millones de pesos para financiar la
búsqueda y explotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos en el
mar. Con el argumento de que resulta insuficiente la profundidad a
la que actualmente Pemex lleva a cabo sus tareas de exploración -100
metros por debajo del nivel del mar-, el funcionario aseguró que
para extraer el petróleo de las reservas probables del país -algunas
de las cuales están, presumiblemente, a más de mil 500 metros de
profundidad- es necesaria la participación de inversión privada.
Horas antes, el subsecretario de Energía Mario Gabriel Budebo había
señalado que México sufre un retroceso sostenido en materia de
reservas probadas de petróleo: la tasa de restitución promedio del
país es apenas de 30 por ciento de la producción, cuando la tasa
mundial promedió 164 por ciento en la década pasada. Esto explicaría
por qué, a pesar de que los niveles de explotación de hidrocarburos
han crecido 9 por ciento, la vida productiva de las reservas de
crudo en el periodo 2000-2006 haya descendido de 18 a 9.6 años, lo
cual, según Team Coleman, analista de la consultoría Moody's, pone a
Pemex en desventaja con respecto a compañías como Exxon, Chevron-Texaco
y Petrobras, que tienen reservas probadas por más de 12 años. Por su
parte, la compañía British Petroleum (BP) destacó el retroceso que
Pemex ha sufrido en materia de refinación: su capacidad de
procesamiento de crudo ha disminuido de un millón 481 mil barriles
diarios en 2000 a un millón 463 mil en 2006, debido a la falta de
inversión en las refinerías del país.
La difusión de los datos referidos se inscribe en la apenas
disimulada campaña por presentar a Pemex como una empresa
depreciada, económicamente inviable y prácticamente en quiebra,
campaña que obedece al afán del grupo en el poder por devaluar el
organismo para justificar su privatización parcial o total y, por si
fuera poco, rematarlo a un precio muy inferior a lo que realmente
vale.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), las exportaciones petroleras mexicanas
totalizaron 34 mil 705 millones de dólares en 2006, es decir, unos
365 mil millones de pesos. Esto quiere decir que si fueran ciertas
las cifras manejadas ayer en el foro senatorial por Carlos Morales
Gil, director de Pemex Exploración y Producción, habría que destinar
a tareas de exploración más de 40 por ciento de los recursos
obtenidos por las ventas totales de crudo. Si a esa inversión se le
agregan los gastos de producción, transporte, administración y otros
rubros, se estaría ante un negocio muy poco atractivo y serían más
bien menguadas las posibilidades de interesar en él a los capitales
privados. Peor aún: el gobierno mexicano estaría a punto de perder
la mayor parte de sus recursos monetarios, y el país, en la antesala
de una debacle económica.
Pero el problema de Pemex no es el riesgo inminente de una
bancarrota que sería, obligadamente, de rango nacional, sino el
persistente saqueo de que ha sido objeto por partida doble: la
confiscación fiscal de la mayor parte de sus ingresos brutos,
práctica reconocida y pública, y la vasta e inveterada corrupción
que impera en la administración de la paraestatal.
Para que Pemex obtenga los recursos necesarios para su desarrollo en
todos los rubros, particularmente en los de la exploración y la
refinación, sería necesario que el gobierno federal dejara de
exprimirla como actualmente lo hace y que combatiera la asfixiante
corrupción y la falta de transparencia que padece el conjunto de la
administración pública, la paraestatal incluida. Como botón de
muestra, baste mencionar la injustificable entrega al sindicato
controlado por Carlos Romero Deschamps de mil 724 millones por el ex
director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, en julio de 2004, así como los
datos proporcionados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF),
que dan cuenta de un faltante de 26 mil 342 millones en las cuentas
públicas entregadas en 2005, por el gobierno de Vicente Fox.
Para obtener los recursos requeridos casi bastaría aplicar una
política honesta de austeridad. Si la reducción de 10 por ciento en
las percepciones de los altos funcionarios federales que fue
anunciada en diciembre pasado por la administración entrante generó,
según lo dicho por el propio Felipe Calderón, un ahorro de 25 mil
millones de pesos, sería suficiente un recorte adicional de 40 por
ciento en tales salarios para liberar recursos por 100 mil millones
de pesos, dos terceras partes de lo que, según Morales Gil, se
requiere para activar la exploración en Pemex.
En suma, la instauración de la autonomía administrativa de Pemex y
la moralización de la administración pública serían medidas
suficientes para enderezar el rumbo de la paraestatal y preservar la
principal fuente de recursos públicos. Si a ello se le agrega, antes
que una reforma fiscal, la simple voluntad política de aplicar la
ley y cobrar los impuestos que deben ser cobrados a las grandes
empresas y a las grandes fortunas, el Estado dispondría de recursos
suficientes para funcionar, y Pemex podría consolidarse y
fortalecerse sin necesidad de privatizaciones totales o parciales.
Las terquedades privatizadoras no obedecen, en rigor, a necesidades
reales, sino al afán del grupo en el poder de impulsar los negocios
de sus socios y aliados nacionales e internacionales.
