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Crisis política para Calderón


Fuente: UNTCIP.net
(18/02/2008)

• Patricia Mercado
BBC, Ciudad de México

El presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, vive la peor crisis política desde que inició su gobierno en diciembre del 2006.

Juan Camilo Mouriño es uno de los hombres de confianza de Calderón.

El centro de la discusión es Juan Camilo Mouriño, hombre cercano a Calderón desde hace años y a quien recientemente nombró Secretario de Gobernación, encargado de la política interna y de las negociaciones y acuerdos con los partidos de oposición.

Desde ese momento, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y algunos otros miembros del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuestionaron la entrada de Mouriño a ese puesto, pero hace dos semanas el escándalo estalló.

Miembros del PRD presentaron una serie de contratos que Mouriño firmó entre 2000 y 2003, como representante legal de la empresa de su familia, la cual le hace trabajos a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

En ese tiempo, Mouriño era presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, y más tarde subsecretario de Energía, con Felipe Calderón como titular de esa cartera durante la anterior presidencia de Vicente Fox Quesada.

Problema político, no legal

Y aunque analistas políticos y abogados constitucionalistas consideran que es improbable que se encuentre alguna ilegalidad en estos contratos, lo califican como un problema político.


César Cansino, presidente del Centro de Estudios de Política Comparada, escribió en el periódico El Universal:

"Sea cual sea el desenlace, o sea, que Mouriño sea encontrado culpable o inocente por los tribunales por el delito de tráfico de influencias, el asunto tiene ya un costo para el gobierno de Calderón y para el partido gobernante, tanto en términos de credibilidad como de honorabilidad y congruencia".

Todo empezó el 24 de febrero pasado, en una concentración frente a las oficinas de Pemex, organizada por Andrés Manuel López Obrador y llamada la Asamblea General por la Defensa de la Constitución y del Petróleo.

Ahí, López Obrador presentó los primeros contratos que había firmado Mouriño y lo calificó como "un traficante de influencias, como lo demuestra el hecho de que siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y posteriormente subsecretario en la Secretaría de Energía, con Felipe Calderón, obtuvo de Pemex contratos millonarios, mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar".

No hubo ningún privilegio para mí o para mis familiares con la firma de esos contratos

Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación

Exactamente 10 días después, Juan Camilo Mouriño llamó a una conferencia de prensa donde aceptó que él firmó esos contratos, pero aseguró que no actuó con dolo ni en la ilegalidad. Informó que eran siete los contratos, y envió todo el expediente al Congreso de la Unión, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública para que se hiciera las investigaciones necesarias.

En la conferencia, Mouriño dijo: "No hubo ningún privilegio para mí o para mis familiares con la firma de esos contratos.

"Quienes se sirven de esta información para crear una historia dolosa, lo hacen con un evidente propósito político: pretenden evadir la discusión de los temas de fondo de este país y se empeñan en detener la marcha de un gobierno plenamente decidido a atender los asuntos más apremiantes de la sociedad".

Comisión Mouriño

Mientras tanto, en el Congreso, los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), que une a los partidos de la Revolución Democrática, Convergencia y del Trabajo, exigieron la creación de una comisión que investigara el supuesto tráfico de influencias.


Decidimos no entrar a una participación subordinada a una comisión, que ya sabemos a dónde va. Todo esto que acaban de ver ustedes, es un asunto totalmente desaseado

Javier González Garza, líder del FAP

Luego de casi una semana de negociaciones, el PAN (partido del presidente Calderón) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprobaron crear la comisión en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el FAP votó en contra y no aceptó formar parte de la comisión porque la consideran formada "a modo" para exonerar a Mouriño.

Javier González Garza, líder del FAP en diputados expresó durante la sesión: "Decidimos no entrar a una participación subordinada a una comisión, que ya sabemos a dónde va. Todo esto que acaban de ver ustedes, es un asunto totalmente desaseado".

La comisión integrada por nueve diputados, y presidida por un legislador del Partido Verde Ecologista de México, podrá revisar contratos que Pemex Refinación firmó con empresas privadas desde 1997 a la fecha.

Esta instancia de investigación tendrá una vigencia de dos meses.

 



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