Instalan en la Cámara de Diputados la comisión investigadora
Fuente:
UNTCIP.net
(26/03/08)
• Será cómplice quien no
aporte datos sobre el caso Mouriño
■ Se citará a comparecer a varios funcionarios de Pemex Refinación
Víctor Ballinas y Roberto garduño
Al instalarse ayer la comisión especial que investigará a Juan
Camilo Mouriño –por presunto tráfico de influencias en la asignación
de contratos de Pemex a su familia– los diputados de PAN y PRI
defendieron al titular de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuyo
nombre nunca fue mencionado por algún legislador al constituirse
dicha instancia, y sólo se habló del mismo cuando los reporteros, en
sesión de preguntas, cuestionaron por qué no se referían al
investigado por su nombre, “parecería otro funcionario innombrable”.
En el acto constitutivo de dicha comisión en la Cámara de Diputados
–que tendrá vigencia de sólo dos meses– se dio a conocer la “agenda
de trabajo y calendario de actividades”, que incluye comparecencias
del director general y del titular del órgano interno de control de
Pemex Refinación, al titular de la Secretaría de la Función Pública
(SFP) y al presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar), pero no figura en la lista Mouriño.
Se detalló que la investigación constará de cinco etapas:
recopilación de información, reuniones de trabajo y comparecencias,
análisis de datos, elaboración de conclusiones y entrega y difusión
de las mismas a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados;
al Ejecutivo federal, por conducto de la SFP, y al titular de la
Procuraduría General de la República (PGR), el próximo 26 de mayo,
aunque se aclaró que la vigencia de la comisión es hasta el 13 del
mismo mes.
Un acuerdo de la comisión fue enviar oficios a los coordinadores
parlamentarios de PRD, Convergencia y PT para solicitarles que
proporcionen toda la información que tengan sobre los contratos de
Pemex Refinación con las empresas de la familia Mouriño, motivo de
la indagatoria, lo cual se extenderá a las dirigencias nacionales,
militantes y senadores, así como a Andrés Manuel López Obrador. En
caso de no hacerlo, sostuvieron panistas y priístas, “estarían
encubriendo” el presunto ilícito.
El diputado priísta Raúl Cervantes Andrade llegó tarde, cuando ya se
había instalado la comisión sin la asistencia de legisladores del
Frente Amplio Progresista –PRD, PT y Convergencia–, pero pidió que
se incluyera que cualquier ciudadano que posea información sobre el
tema debe presentarla, si no “será encubrimiento” del denunciado.
Precisó que “aunque esta investigación no es una averiguación, el
principio es el mismo: quien tenga información –diputados,
dirigentes de partidos y militantes, entre otros– deberán
proporcionarla a la comisión porque sino la boicotearan”.
Al preguntarles, en conferencia de prensa, si pensaban citar al
secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el presidente de la
comisión investigadora, el diputado pevemista Francisco Xavier López
Adame, respondió:
“No está descartada la posibilidad de llamar a ninguna persona; en
este momento el acuerdo es proceder al análisis y una vez que
tengamos toda la información y empiecen a surgir las dudas respecto
de la legalidad de los contratos, llamaremos a los funcionarios que
resulte pertinente”.
–Llama la atención que no se hayan referido al investigado por su
nombre al instalar la comisión y dar a conocer el plan de trabajo,
¿parece otro innombrable?
–No hay ningún innombrable aquí –replicó López Adame. Es el
secretario de Gobernación.
–¿Cómo se llama?
–Juan Camilo Mouriño –respondió forzado el presidente de la
comisión.
–¿No hay conflicto de interés en la investigación del caso Mouriño,
algo que ponga en riesgo el trabajo de la comisión, porque el
diputado (Raúl) Cervantes Andrade es transportista?
El propio diputado del PRI reviró: “no tengo relación con ninguna
empresa de carga ni de carga especializada, que sería la materia con
lo que es Pemex Refinación, ni hoy ni nunca he tenido una revisión
de contrato ni una licitación con Pemex; soy un buen abogado y eso
todo mundo lo sabe. Mi grupo parlamentario decidió que fuera yo
integrante de esta comisión, por las preguntas que se están
haciendo, que son de técnica jurídica”.
Pero el legislador no dijo que es asesor de la Canacar, como aparece
en su currículum, y trascendió que “no sólo es transportista, sino
abogado de algunos de ellos”.
El secretario confeso
Cervantes subrayó que “el secretario de Gobernación está confeso,
porque reconoció haber firmado contratos con Pemex Refinación, por
lo que la labor de la comisión será determinar si se respetó la
normatividad y la legalidad en dichos convenios”, por eso a los
resultados de la investigación se les dará la máxima publicidad.
–¿Solicitarán a López Obrador que proporcione la información que
tiene sobre esos contratos? –se preguntó a los diputados.
–Por supuesto, está contemplado. Hasta donde entiendo, sigue siendo
militante –respondió López Adame y lo apoyó el panista Obdulio Ávila
Mayo, quien sostuvo que “López Obrador está obligado, porque quien
señala un ilícito debe aportar los elementos. Si no lo declara,
sería hasta encubrimiento”.
También se preguntó a los integrantes de la comisión si debería
separarse del cargo el secretario de Gobernación mientras es
investigado. El panista Antonio Valladolid subrayó: “no hay razón
para que renuncie, no se le ha comprobado ninguna acción contra la
ley”, y su correligionario Avila Mayo lo apoyó: “el Poder
Legislativo no va a aplicar castigos, penas o conclusiones
jurídicas, es otra institución la encargada, pero parece que estamos
adelantando juicios”.
–¿Tienen ya en su poder los documentos donde Mouriño dejó de ser
apoderado legal de Ivancar, la empresa de su familia?
–Tenemos los convenios signados por él, el convenio marco celebrado
con Pemex Refinación y los transportistas representados por la
Canacar; el acta constitutiva de la empresa Transportes
Especializados Ivancar y las diferentes actas donde está la
participación accionaria de Mouriño Terrazas –dijo el presidente de
la comisión.
Y Cervantes aseguró: “sí se encuentra el documento referido –el acta
de cuando dejó de ser apoderado de Ivancar–, es un acta de la
asamblea general extraordinaria del 29 de noviembre del 2003”.
Los integrantes de la comisión investigadora prometieron entregar
copia de la misma. Más tarde López Adame aclaró que no se
entregaría.
