Testigos claves del caso Mouriño
Pemex e Ivancar
Fuente:
UNTCIP.net
(28/03/08)
•
Jenaro Villamil
Tres funcionarios de Pemex Refinación son claves para explicar el
vertiginoso ascenso de la empresa Transportes Especializados Ivancar.
Se trata de los ex gerentes de Transporte Terrestre Irma Alejandra
Rodríguez Baeza y Jesús Villarreal Gallegos, y del actual subgerente
de Operación, Oswaldo Machado Martínez. La firma de cada uno de
ellos aparece en los distintos contratos que de diciembre de 2000 a
junio de 2005 firmó la empresa donde figuró como apoderado el actual
secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
De acuerdo con el expediente que hizo público el senador del PRD,
Carlos Navarrete, estos tres funcionarios de la paraestatal fueron
testigos del ascenso de una empresa que pasó de recibir contratos
por 252,000 pesos, en noviembre de 2000, a tener un contrato
multianual por casi 40 millones de pesos, en enero de 2005, y con
vigencia hasta 2008.
Irma Alejandra Rodríguez Baeza autorizó la adjudicación directa para
Ivancar, el 20 de diciembre de 2000 por un mínimo de 2.750,000 pesos
y un máximo de 6.850,000 pesos. En este documento, con el folio GTT-0142-01/2001,
Mouriño firma en su calidad de apoderado legal de la empresa, al
mismo tiempo que fungía como presidente de la Comisión de Energía de
la Cámara de Diputados.
Por su parte, la firma de Jesús Villarreal Gallegos, sustituto de
Rodríguez Baeza en la gerencia de Transporte Terrestre de Pemex
Refinación, aparece en cuatro contratos exhibidos por el PRD: del 20
de diciembre de 2001, por un monto mínimo de 3 millones 143 mil
pesos y un máximo de 7 millones 859 mil pesos; del 20 de diciembre
de 2002, del 1 de septiembre de 2003 y del 29 de diciembre de 2003.
En todos ellos, el monto mínimo fue de 3.3 millones y un máximo de
8.3 millones de pesos.
Mouriño firma en cada uno de ellos en su condición de “apoderado
general”, a pesar de que era diputado federal, primero y luego
funcionario de la Secretaría de Energía. Villarreal Gallegos
autorizó un convenio modificatorio, el GTT-00142-01-2PP/2003, del 1
de septiembre de 2003, para ampliarle las rutas de transporte a
Ivancar. De acuerdo con el contrato, las ocho nuevas rutas para los
autotanques de la empresa de Mouriño se basan en el plan piloto
autorizado por el Consejo de Administración de Pemex Refinación que
consideró “altamente rentables” las rutas de El
Castillo-Guadalajara, Rosarito-Tijuana, Madero-Valles, Madero-Mante
y Gómez Palacio-Durango.
La empresa Transportes Unidos demandó a Villarreal Gallegos ante el
órgano de control interno de Pemex Refinación. Lo acusaron de violar
el convenio de carga para 2003. La Secretaría de la Función Pública
inició una investigación en contra de este funcionario que firmó más
de 150 contratos por año con las empresas transportistas al servicio
de Pemex Refinación entre 2003 y 2004.
Villarreal obtuvo una suspensión de un juez federal ante la posible
inhabilitación y desde abril de 2007 se desempeñó como consultor en
la coordinación técnica de la Secretaría de Seguridad Pública, del
Distrito Federal, bajo las órdenes de Joel Ortega.
Ante el escándalo desatado en torno a los contratos, Ortega le pidió
el viernes 14 de marzo la renuncia a Villarreal, con el objetivo de
facilitar los trabajos de investigación de la PGR y de la Secretaría
de la Función Pública en torno a los contratos de Ivancar. El jefe
de la policía capitalina afirmó que la renuncia de este funcionario
le parecía “saludable” y aclaró que en la SSP sólo desempeñaba
labores de carácter técnico.
El 1 de junio de 2005, Pemex Refinación y Transportes Especializados
Ivancar firmaron el contrato mutianual más ambicioso, por un monto
mínimo de 23.787,000 pesos y un máximo de 39.646,000 pesos que se
ejercieron en lo que restaba del año fiscal 2005 y todo lo
correspondiente a 2006, 2007 y 2008.
La generosidad de este contrato GTT-00142-CM/ 2005-2008, incluyó
cambios a determinadas cláusulas. Por ejemplo, se eliminó de la
cláusula vigésimo primera la obligación que tenía Ivancar de
informar al Instituto Mexicano del Transporte, vía fax o correo
electrónico, sobre los mensajes de alerta y el listado de los
vehículos de transporte mediante el sistema de monitoreo satelital.
El contrato fue firmado por el ingeniero Oswaldo Machado Martínez,
subgerente de Operación de Pemex Refinación, y por Luis Fernando
Coyoc Ramírez, quien figuró como nuevo apoderado general de Ivancar.
Los senadores Graco Ramírez y Carlos Navarrete, del PRD,
formalizaron ante la PGR su solicitud de protección y arraigo sobre
Machado Martínez, ante informes de que este funcionario recibe
presiones de la paraestatal para renunciar al cargo y escaparse del
país.
Graco Ramírez consideró que Oswaldo Machado es un “testigo clave” en
la investigación que realizará la Procuraduría General de la
República porque fue el responsable de las últimas adjudicaciones
directas a Ivancar.
Al dar a conocer el contenido del expediente del caso Mouriño,
Carlos Navarrete, coordinador de la bancada perredista en el Senado,
también mencionó a Karim Elías Bobadilla como otro personaje clave
en la trama de los contratos. Bobadilla es “el hombre colocado por
la familia Mouriño en el lugar adecuado en Pemex para validar las
licitaciones, los contratos y las asignaciones” en función de la
apertura al capital privado.
Actualmente es el titular del Organo Interno de Control de Pemex
Exploración y Pro- ducción. Antes de ese cargo, Bobadilla fue
responsable de la entrega-recepción en la oficina de la Presidencia.
Navarrete afirmó un día después de que Mouriño le entregara al
Senado una copia del expediente presentado ante la PGR y la
Secretaría de la Función Pública, que la información sobre los
contratos es incompleta. Y ejemplificó: “El finiquito sobre sus
acciones en la empresa Ivancar no viene en el expediente”.— México
D.F. (Apro).
