Ayer, mientras se extendían la estupefacción y el disgusto ante las
multas que la Secretaría de la Función Pública impuso a cinco ex
funcionarios, el titular de esa dependencia, Eduardo Romero Ramos,
ofrecía su versión de tales sanciones.
A los cuestionamientos sobre las implicaciones de las multas, que
empeoran la relación del gobierno con el PRI, Romero advierte que
cualquier acción de la Secretaría que encabeza “siempre encontrará un
escenario político”. Sin embargo, insiste en que no hubo intención
política en la decisión para establecer sanciones que en el caso del ex
director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor, ascienden a más de
mil 421 millones de pesos.
“A lo mejor es inoportuno”, reconoce el secretario. “Entiendo que estos
hechos tengan una significación política”. Pero explica que la SFP
estaba obligada a emitir una resolución porque, de acuerdo con un
criterio de la Suprema Corte, los expedientes prescriben a los tres años
de haberse iniciado. Las denuncias contra los ex funcionarios de Pemex
quedaron abiertas en abril de 2002 y el plazo que tenía la Función
Pública terminaba a fines del mes pasado.
Por eso la resolución fue emitida el 29 de abril. Sin embargo, sí hubo
una consideración política acerca del momento en que se dio a conocer.
Romero se tomó varios días porque no quería anunciar esas multas en una
fecha cercana al 1 de mayo, para que no se entendiera como un ataque al
sindicato de Pemex.
El secretario Eduardo Romero Ramos se comunicó ayer con el autor de esta
columna para dar su versión sobre las sanciones que aquí calificamos
como resultado de una venganza política o de una torpeza jurídica.
“Si hay torpeza, ella se origina en la exigencia de término legal”,
considera el secretario.
Pero también en el plano jurídico, dice, los jueces penales que han
conocido de ese asunto ratificaron la existencia de un delito —que
habría sido cometido por Montemayor y otros ex funcionarios—. “El auto
de formal prisión da por comprobado el delito de peculado. Si lo está
para los jueces, ¿por qué no lo va a estar para la Secretaría de la
Función Pública?”
Para Romero, las prestaciones en virtud de las cuales Pemex entregó en
2000 más de mil 400 millones de pesos al sindicato, en realidad no eran
tales. Admite que esa transferencia de recursos ocurrió en cumplimiento
de un convenio entre la empresa y el sindicato. Pero considera que “el
hecho de que hubiera convenio no dispensaba ese ilícito”.
Allí se encuentra uno de los nudos del litigio. Montemayor ha insistido
en que la entrega de ese dinero se sustentaba en acuerdos legales. La
Secretaría de la Función Pública considera que allí hubo un delito.
¿Pudo haberlo si los ahora ex funcionarios de Pemex cumplieron con las
normas? Ese ha sido uno de sus argumentos para defenderse.
Otro aspecto conflictivo es el monto de las sanciones. Romero dice que
son muy altas porque así lo fue la cantidad que la SFP considera
ilegalmente transferida al sindicato. Más aún, sostiene que la multa
pudo haber sido equivalente al triple y no solamente al doble de los
recursos en cuestión. Pero ahora hay quienes consideran que tales
sanciones atentan contra el artículo 22 de la Constitución que prohíbe
“la multa excesiva”.
Un tercer diferendo surge del acuerdo, suscrito en julio de 2004, que
compromete a Pemex a entregarle 8 mil millones de pesos al sindicato.
Romero dice que ese convenio aún está sujeto a revisión por parte de la
SFP. Y hasta ahora, de ese monto “no se ha entregado un solo peso; los
recursos de ese convenio no son para el sindicato, sino para apoyar a
los trabajadores”. Más adelante aclara: “No niego que la empresa deba
pagarle prestaciones al sindicato, pero tiene que haber total
transparencia en la aplicación de esos recursos”.
Aquel convenio establece, además, que las transferencias que antes le
entregó Pemex al sindicato —inclusive las de 2000— fueron legítimas. Al
titular de la Función Pública le parece que tal declaración “simplemente
no puede tener el efecto que se busca y que tontamente firmó el anterior
director de Pemex”. Se refiere a Raúl Muñoz Leos, que renunció en
noviembre pasado.
El secretario Romero manifiesta extrañeza ante la reacción que han
suscitado las multas a ex funcionarios de Pemex. “La sociedad mexicana y
los medios están siendo tan exigentes para que haya justicia y ahora que
se tienen resultados hay quienes reclaman porque encuentran lecturas
políticas para esa decisión. No estamos logrando construir una cultura
de la legalidad”.
Pero esas reacciones no son gratuitas. Recientemente el gobierno federal
ha sido el primero en mezclar las diferencias políticas con la
aplicación de la ley. Con tales actitudes no puede esperarse que en la
sociedad mexicana prosperen el respeto ni el reconocimiento al orden
jurídico.
