Notas periodísticas
Mayo 2005
Rogelio Hernández Rodríguez
19 de mayo de 2005
El nuevo enemigo
NO deja de sorprender la habilidad del gobierno de Fox
para crear problemas políticos y, sobre todo, para crearlos con fines
electorales. Durante casi un año mantuvo un conflicto con el jefe de
Gobierno que, a pesar de la insistencia en la ley, no logró ocultar sus
intenciones de impedirle participar en los comicios presidenciales.
No fue sino hasta que el problema rebasó su limitada capacidad de
control que el Presidente decidió, con la misma soltura y falta de
cuidado, terminar con el proceso sin importar cuánto daño resintiera no
sólo la política sino la misma idea de legalidad.
Cualquier otro habría entendido la lección y en lugar de provocar
pleitos con sus adversarios habría dedicado los últimos años de su
mandato a desarrollar un gobierno mínimamente responsable pero, como es
claro, no es el caso de Fox. A unos cuantos días de haber pasado por
encima de la ley en el caso del desafuero y cuando todavía no pasaban
las críticas por su inconsistencia, el gobierno ha encontrado un nuevo
enemigo político para sustituir al PRD y a López Obrador. Con la misma
facilidad que insistió en la violación a la ley en el caso del
tabasqueño, ha revivido el escándalo de Pemex y el sindicato de
petroleros con el PRI y la campaña del 2000, no para castigar otro
delito sino para desprestigiar a un partido ante las próximas elecciones
presidenciales.
De nueva cuenta el Presidente emplea la ley para tratar de deshacerse de
un incómodo competidor que amenaza no sólo a su débil candidato sino que
puede convertir a Fox en el único personaje en el mundo que logró sacar
del poder a un partido autoritario solamente para devolverlo por su
incapacidad para gobernar.
Como en el caso de López Obrador, el de Rogelio Montemayor y el PRI
solamente le ha provocado a Fox descalabros legales que debilitan su
posición y, lo más grave, crea enconos políticos que no puede controlar.
El enredo legal del proceso en contra del ex director de la paraestatal
es de tal tamaño que ha tenido que recurrir a la contraloría de su
propio gobierno, como lo es la Secretaría de la Función Pública, para
decretar una violación puramente administrativa pues la PGR, al igual
que con el desafuero, no ha logrado probar los delitos electorales. Fue
por eso que el largo trámite ante los tribunales estadounidenses terminó
con una extradición que no contempla ese cargo y que mantiene a
Montemayor en libertad.
Aunque ahora ha revivido la acusación, la PGR sabe que tiene muy pocas
posibilidades de conseguir que los jueces de Estados Unidos la acepten,
por lo que la sanción se reducirá a una millonaria multa para resarcir
una falta que, por si fuera poco, la propia paraestatal ha reconocido
fue pagada por el sindicato meses atrás. Por si no fueran suficientes
errores, resulta que los propios argumentos de la secretaría en contra
del sindicato y de Montemayor pueden aplicarse casi por completo a las
decisiones tomadas por el primer director de la paraestatal en el
gobierno de Fox, Muñoz Leos, que en la práctica significaron importantes
recursos para el sindicato.
Puede ser que, como ha sido una costumbre en este sexenio, el Presidente
se deje llevar por falsas promesas de sus colaboradores, pero un proceso
tan cargado de fallas solamente puede explicarse por razones políticas.
Más allá de que las acusaciones terminen en otro fracaso legal, lo
importante es que le permitirá al Presidente tener al PRI bajo la
crítica de los medios y en un constante desprestigio público, bajo la
idea clara de acabar con un contrincante y favorecer a su debilitado
partido y su muy probable candidato, Santiago Creel.
La actuación presidencial responde a la desesperación por la sensible
caída del panismo y sus cada vez más limitadas posibilidades de repetir
el triunfo en los siguientes comicios. De acuerdo con las tendencias y
resultados electorales, la posición del PRI era la más consistente en el
país y le daba grandes posibilidades de recuperar la Presidencia, a
pesar de las serias divergencias internas en torno de su candidato.
Fue la torpeza del desafuero en contra de López Obrador lo que ha
cambiado esta perspectiva, pues no sólo el jefe de Gobierno del DF ha
fortalecido su posición sino que el PRI ha perdido su ventaja al
involucrarse en un pleito ajeno que además ni siquiera cumplió los fines
de sus promotores.
A pesar de ello, el temor se ha acrecentado en Fox y el PAN porque sus
candidatos no crecen y Creel, lejos de mejorar su imagen, ha descendido
apresuradamente. Ante la certidumbre de perder la Presidencia, Fox ha
decidido emprender una nueva aventura política, ahora en contra del PRI,
aun cuando ello signifique, como lo ha declarado abiertamente el
presidente del PAN, Manuel Espino, darle el triunfo al PRD.
En política, es obvio, nadie puede llamarse a engaño y menos
sorprenderse porque se utilicen todos los recursos a la mano para
impedir el triunfo del adversario. Sólo que en este caso Fox no actúa en
contra del PRI para que gane su partido sino con el único fin de no
dañar su imagen de demócrata y de eficaz político. Para él y sus
asesores resulta más importante pasar a la historia como el que desplazó
al PRI que como el inexperto que le permitió legítimamente regresar.
El único problema es que de nuevo parece estar dispuesto a echar mano
arbitrariamente de la ley y la justicia para formalmente justificar una
persecución que sabe en el fondo que no prosperará.
El costo de esta nueva aventura es posible calcularlo si, como ocurrió
en el pasado reciente, estará dispuesto a involucrar a cualquier
institución además de la ley con tal de destruir a su enemigo.
No se tendrá que esperar demasiado para comprobar que si Rogelio
Montemayor, Pemex y el sindicato no son suficientes para atacar al PRI,
el gobierno de Vicente Fox recurrirá a cualquier otro expediente (1968,
por ejemplo) para lograr el propósito.
No importa si en el camino las instituciones, incluida la misma
democracia, terminan lastimadas.
Investigador de El Colegio de México
