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¡La
UNIÓN en defensa de la Industria Petrolera de México y por el respeto de los
derechos humanos y laborales del trabajador de confianza!
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Las lecciones de un
camino fracasado
La privatización del gas en
Uruguay
Sindicato del Gas
“Vamos a firmar un contrato con el consorcio ganador a los efectos
de traspasar la Cía. Del Gas a la explotación por treinta años
mediante un pago anual con la obligación de que la empresa extienda
sustancialmente los servicios en Montevideo preservando el trabajo
de los actuales funcionarios de la empresa. La sociedad montevideana
se verá beneficiada con un mejor servicio” (1).
“El consorcio se compromete a realizar una inversión de U$S 35
millones en 10 años” (2).
“A largo plazo las tarifas van a ir bajando, en vez de subir. No es
el caso de cuando se nombra a Argentina y se está hablando de
servicios subsidiados, porque la Compañía del Gas no recibe
subsidios del Estado. Entonces, si se optimiza la explotación del
servicio, seguramente a mediano plazo se va a producir una
disminución en términos reales de la tarifa” (3).
Estas eran expresiones de algunos jerarcas del gobierno del Dr. Luis
Alberto Lacalle en 1994, meses antes de la privatización de la
Compañía del Gas, cuando se sostenía que la entrega de esta empresa
a manos privadas era la única forma invertir en el gas de cañería a
fin de que se expandiera su uso y se abaratar su costo.
Diez años después de que GAZ DE FRANCE, a través de su filial GASEBA
S.A., tomara el control de la Compañía mediante un contrato de
arrendamiento por 30 años, la situación existente es todo lo
contrario de tan benévolas previsiones.
Incumplimientos
No otra cosa pensaría la hija de la señora que murió intoxicada con
gas mientras dormía en su habitación hace unos años. La misma que
logró que la Justicia condenara a GASEBA a pagar 10.000 dólares a
causa de su negligencia a mantener correctamente la red de cañerías.
O el dueño del taller de zapatería que en junio de 1999 voló al
exterior del mismo porque se le ocurrió encender una garrafa de gas
de tres kilos para calentar agua en una fría mañana, sin percibir
que durante toda la noche se había concentrado gas de cañería en el
interior del local.
Lo absurdo es que en ambos casos los afectados no eran usuarios de
gas de cañería, la red que pasaba frente al domicilio de la primera
y el taller del segundo tuvo pérdidas que filtraron hacia espacios
confinados y ocasionaron tan lamentables desenlaces.
Pero no fueron solamente estos los perjuicios. Además de que casi no
se invirtieron los antes mencionados U$S 35 millones en cambiar las
cañerías vetustas de hierro fundido (400 kilómetros al momento de la
privatización), tampoco se extendió la red a todo Montevideo, lejos
de eso el nuevo tendido está confinada a los barrios de alto poder
adquisitivo (Carrasco, parte de Malvín y algo más de Pocitos)
buscando la rentabilidad inmediata, ni se renovó el parque de
medidores, etc.
Eso sí, se ha vivido un permanente aumento abusivo de las tarifas,
tanto en el servicio de gas manufacturado como de gas natural
actualmente, se perdieron ingresos fiscales para el Estado, (al
hecho de que GASEBA paga US$ 30.000 por año y factura 1.5 millones
de la moneda norteamericana por mes, debe sumársele las exenciones
impositivas a las importaciones y tributos no cobrados por
declararse su actividad de “interés nacional”), se tercerizaron
funciones esenciales de la empresa, trayendo como consecuencia los
accidentes y muertos antes mencionados, pero también serios
perjuicios para los usuarios debido a los abusos y falta de
idoneidad de las tercerizadoras, se perdieron la mitad de los
puestos de trabajo, de 400 a 200 trabajadores, no se incrementaron
los salarios desde 1995, y hasta esta semana existían 6 dirigentes
sindicales despedidos por el simple hecho de defender el derecho de
los usuarios, el país y los trabajadores. Situación revertida luego
de una larga lucha de casi 10 años para obtener su reintegro, lo que
se efectivizó el pasado miércoles 11.
En síntesis se produjo el total incumplimiento de las obligaciones
establecidas por el contrato de arrendamiento con el Estado, como
tuvo que ser reconocido oficialmente por el ex-ministro de Industria
y Energía, José Villar, el 29 de diciembre en el Parlamento, a pesar
de las múltiples extensiones de plazo para cumplir con aquellas que
se le han otorgado por los anteriores gobiernos. Solamente así se
entiende que haya podido actuar con total impunidad durante todos
estos años, arrojando como resultado que hoy los usuarios del gas
por cañería sean 43.000, dos mil menos que al momento de privatizar,
cuando por contrato tenían que ser 80.000.
Daños inestimables
El mismo ex ministro daba una prueba irrebatible de la complicidad
de anteriores gobiernos con la empresa francesa, al leer un dictamen
jurídico de su cartera. Allí se expresaba que en vista “del atraso
en que se encuentra incursa en materia de inversiones la empresa
GASEBA Uruguay S.A. (…) según contrato de diciembre de 1994;
Resultando: (…) 2º) Que por la cláusula 3.5.2 del Pliego de Bases y
Condiciones para la Licitación, por la que en definitiva se adjudicó
a GASEBA Uruguay S.A. la concesión del servicio de marras, se
estableció que la falta de cumplimiento de las obligaciones del
adjudicatario o de la sociedad anónima encargada de la prestación
del servicio, determina la mora de pleno derecho; 3º) Que a su vez
por la cláusula 3.5.5 se pactó que el incumplimiento total o
parcial, incluso el incumplimiento defectuoso o tardío de cualquiera
de las obligaciones del adjudicatario -a vía de ejemplo, disminución
de calidad o seguridad del servicio, atraso en las obras, atraso en
el pago de rentas, interrupción del servicio, etcétera-, faculta al
Poder Ejecutivo a aplicar medidas preventivas y sanciones, como ser
advertencias y multas de hasta U$S 10.000. Considerando: (…) 2º) Que
las referidas inversiones tuvieron principio de ejecución, el
incumplimiento que motiva la presente es del tipo parcial; 3º)
Asimismo, cumplida dicha calificación, procede determinar la sanción
a aplicar dentro del elenco que contempla el numeral 2.12, de
acuerdo a lo establecido por el numeral 2.11;
4º) Cabe precisar que, si bien es posible, el Estado haga efectivo
en forma extrajudicial las garantías constituidas a su favor en
función de que el de marras es el primer atraso en que incurre la
empresa, es conveniente intimarle primeramente el cumplimiento total
de las citadas inversiones a través de una advertencia; 5º) Según el
numeral 2.12.2, esta procede en los casos de incumplimiento parcial
o incumplimiento defectuoso, debiendo cursar la DINATEN, a la parte
responsable, una comunicación mediante la cual ponga de relieve la
situación de incumplimiento defectuoso describiendo los hechos y
haciendo referencia a los aspectos normativos, estimando los daños y
perjuicios que derivan del mismo y otorgando plazo para cumplir.;
6º) Si bien por la Addenda del 6 de febrero de 2002 el Estado y
GASEBA Uruguay contemplaron la situación por la que recientemente
atravesó la región así como su consiguiente impacto sobre las
obligaciones contempladas en el contrato original, no es menos
cierto que la concesionaria hasta el momento no ha presentado el
plan alternativo de inversiones en los términos que se le solicitó a
fojas 21 a 23; 7º) A fojas 29 a 31 la empresa evacuó la vista
conferida; 8º) El incumplimiento que motiva la presente, si bien
genera daños y perjuicios de entidad al Estado, ellos no resultan
cuantificables en la actualidad; 9º) En función de lo previsto en la
cláusula 13.2 es prudencial otorgar a la empresa un año de plazo
para contemplar las inversiones faltantes. Atento a lo expuesto, el
Director Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, Resuelve: 1º)
Adviértase a la empresa GASEBA que existe incumplimiento defectuoso
respecto de las obligaciones que contrajo en materia de inversiones,
según detalle de las fojas 54 a 63 del Expediente 58 del año 2003;
2º) Otórgase a la empresa GASEBA un año de plazo para cumplir con
dichas obligaciones bajo apercibimiento; 3º) Notifíquese
personalmente y comuníquese", etcétera”.
Más allá de ser curioso que no se pueda cuantificar, ni
aproximadamente, los daños y perjuicios “de entidad” que genera el
incumplimiento al Estado, el mensaje era claro: vos incumplí que
nosotros arreglamos.
Fracaso
En pocas palabras, la política neoliberal respecto a un área
esencial como la energía, y dentro de ella el gas, ha fracasado
rotundamente. Nuevamente queda comprobado que la panacea de la
gestión privada de un servicio público es una mera quimera.
En nuestras sociedades capitalistas y dependientes las
multinacionales vienen a utilizar la infraestructura ya montada por
el Estado en las décadas pasadas, y obtener rápidas ganancias que
repatriar a sus casas matrices, bajo la complicidad de gobiernos
aliados de esos mismos capitales. Si esto no es posible, abandonan
la supuesta “inversión” dejando un desastre atrás, como planea hacer
GAZ DE FRANCE en estos próximos meses, vendiendo su paquete
accionario en GASEBA a PETROBRÁS.
En tal sentido, la apuesta absoluta a la interconexión energética
con Argentina está demostrando su nula sustentabilidad como opción
ante la creciente demanda energética en nuestro país. Reiterando el
modelo antes descripto, las empresas privatizadoras han exprimido
durante diez años el gas natural del país vecino exportando sin
control alguno al exterior este recurso energético, sin hacer una
sola prospección de nuevos yacimientos. Según Le Monde Diplomatique,
“en 1980 se exportaban combustibles por valor de 280 millones de
dólares; en 1990 se pasó a 985 millones; en 1995 se llegó a 2.169
millones y en 2004 a 6.171 millones; es decir, en 1990 los
combustibles y la energía eran el 8% de las exportaciones totales, y
en 2004, el 18%. En un país con muy pocas reservas comprobadas y sin
problemas acuciantes de balanza de pagos, se exporta un recurso
esencial no renovable; además, se permite que los exportadores no
ingresen al país el 70% de esas divisas.” (4)
Así, las estimaciones más benevolentes de reservas hablan de 15
años, lo cual es nada en términos históricos.
Por tanto, hay que aprender de estas lecciones. Un bien esencial
para el desarrollo de cualquier sociedad, tanto para consumo final
como para la producción, como es la energía debe estar en manos
estatales, o, si la coyuntura política nacional y regional no lo
permite, su explotación por empresas privadas debe estar sometida a
los intereses nacionales mediante una clara política nacional de
energía definida por aquel.
En segundo término, deben explorarse otras opciones para generar
energía que limiten nuestra dependencia con el exterior respecto a
los combustibles, y no solamente apostar a crear una interconexión
con Brasil para subsanar los déficits argentinos. Por ello debe
planificarse a largo plazo la incorporación de la energía eólica, la
biomasa, el alcohol de caña de azúcar, el biogás, etc., a nuestras
opciones. (5)
Pero lo más importante es abrir la participación de la sociedad en
la definición de las políticas energéticas, especialmente de las
organizaciones populares (sindicatos, gremios, cooperativas,
asociaciones de usuarios, etc.), a fin de resolver las orientaciones
generales que resulten más convenientes para mejorar las condiciones
de vida de nuestra población, especialmente de los sectores más
pauperizados, y desarrollar nuestra economía.
Sindicato del Gas
Notas
(1) El País, jueves 15 de diciembre de 1994. Página 12.
Declaraciones del ex – Ministro de Industria, Energía y Minería
Miguel Ángel Galán.
(2) El Observador, jueves 15 de diciembre de 1994, página 8.
(3) Ultimas Noticias. Sábado 8 de mayo de 1993. Pág. 4.
Declaraciones del ex – Presidente de la Compañía del Gas, Dr. Cono
Crucci.
(4) Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno. Le Monde Diplomatique.
Bs. As. 10 de abril de 2005. Página 4.
(5) En los primeros años de la década de los noventa la IMM,
encabezada por el Dr. Tabaré Vázquez, impulsó en el depósito de
Felipe Cardozo las obras necesarias para comenzar a obtener biogás
de la basura orgánica, pero por falta de apoyo del gobierno
nacional, bajo administración del Partido Nacional, fracasó.

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