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¡La
UNIÓN en defensa de la Industria Petrolera de México y por el respeto de los
derechos humanos y laborales del trabajador de confianza!
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El pueblo manda
Por Fernando “Pino”
Solanas y Gustavo Calleja*
¿Quién puede cuestionar la legítima aspiración del pueblo boliviano
a defender el 50 por ciento de la renta petrolera, cuando los costos
de producción no superan los 7 dólares por un barril que se vende a
52? Hay que ser canalla para no reconocer –tanto en Bolivia como en
Argentina y tantos otros países expoliados por las petroleras– el
legítimo derecho de los pueblos a gozar de sus riquezas
hidrocarburíferas. Recordemos lo que se oculta en estos días: hasta
la llegada de Sánchez de Lozada-Mesa al gobierno de Bolivia, las
petroleras pagaban el 50 por ciento de regalías. La campaña
mediática impulsada por las petroleras desde la aprobación de la Ley
de Hidrocarburos por el Congreso boliviano tiende a crear las
condiciones de una salida golpista.
La historia del país hermano, asentado sobre riquezas incalculables,
es la historia de un secular despojo: ayer fueron el oro y la plata
y hoy es el gas, en una comunidad donde menos del uno por ciento de
la población dispone de redes que le permiten un acceso a precios
razonables. El más reciente saqueo encabezado por Sánchez de Lozada
privó a los bolivianos de disponer de sus bienes hidrocarburíferos,
transgrediendo leyes y llegando incluso a la aberración
antirrepublicana de otorgar el carácter de “secretos” a los 72
contratos celebrados con las multinacionales del petróleo. Entre
otras cosas, ha ideado perversos mecanismos de despojo, tal como la
vigencia del precio internacional en un empobrecido mercado interno
de combustibles que, al quedar fuera del alcance de la mayoría de
los bolivianos, obliga al Estado a subsidiar a las petroleras, para
lo cual debe recurrir al auxilio financiero externo. Es un círculo
perfecto y perverso de apropiación ilegítima de riquezas y de
empobrecimiento; los niveles de indigencia de Bolivia son de los más
altos del continente.
Mal que le pese a la alianza gobierno-petroleras, las mayorías
populares bolivianas han seguido avanzando, y esto es lo que les
preocupa. La Ley de Hidrocarburos no es perfecta, pero implica un
gran avance, pues nacionaliza el subsuelo y los hidrocarburos en
boca de pozo, recrea YPFB, recupera para el Estado las facultades de
fijar políticas, incluidos los precios internos y externos, los
niveles de producción, reservas y exportaciones y, además, dispone
la adecuación de los contratos a sus disposiciones. Es decir, las
compañías deberán pagar las regalías y los impuestos determinados, y
dejarán de ser concesionarias para convertirse en contratistas.
Al pueblo boliviano le costó más de 100 muertos levantarse en
defensa de su gas y enfrentar al corrupto gobierno de Sánchez de
Lozada-Mesa. Su justo reclamo de revisar las concesiones petroleras
y controlar su extracción es un ejemplo que debemos tener en cuenta:
en nuestro país se pagan las regalías más bajas del continente –12
por ciento– y desde Menem al gobierno de Kirchner se liquidan a
simple declaración jurada de las petroleras.
¿No es una escandalosa impunidad?
Todos los sectores democráticos y progresistas del continente deben
unirse al pueblo de Bolivia en pos del objetivo superior: la
recuperación de la propiedad y las rentas de sus hidrocarburos. Sin
esa unión se tornará muchísimo más difícil la lucha contra el frente
gobierno-petroleras, que goza del apoyo de los EE.UU., la banca
internacional y los organismos de crédito como el FMI.
Lamentamos que el gobierno argentino, a través de su embajador en La
Paz, haya operado en defensa del presidente Mesa y de los intereses
de las petroleras y no en solidaridad con las decisiones soberanas y
legítimas del hermano pueblo boliviano.
Hoy como nunca están vigentes la palabras del Gral. San Martín en
1813: “Cuando el pueblo tiene más razón que el gobierno, la patria
manda”.
* Presidente y vicepresidente del Moreno.
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