PRIVATIZAR
Fuente:
CNEE-sur.net
(5/05/08)
•
por Carmen Aristegui F.
(publicado en Reforma )
¿Por qué el gobierno mexicano no dice, con todas sus letras, lo que
se desprende con toda claridad de su iniciativa de reforma
petrolera? ¿Por qué se intenta convencer a los mexicanos de que no
se trata de una privatización? ¿Tan desprestigiada está la palabra
que se pretende hacer creer que se trata de otra cosa? Pues sí, las
experiencias privatizadoras en México y en América Latina de los
últimos años han arrojado tales resultados y estuvieron tan marcadas
por la corrupción que utilizar la palabra resulta imposible para sus
promotores. Más aún si se trata de un tema fundamental y emblemático
como el petróleo y, por supuesto, porque lo planteado en la reforma
va en sentido contrario a la letra de la Constitución. La lectura a
la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27
permite ver —sin mayor complicación— que lo que hay ahí es lo que
niega el gobierno “...los sectores social y privado, previo permiso,
podrán realizar las actividades de transportación, almacenamiento y
distribución de gas, de los productos que se obtengan de la
refinación de petróleo y de petroquímicos básicos... Pemex podrá
contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo...
las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los
servicios (anteriores) podrán construir, operar y ser propietarios
de ductos, instalaciones y equipos “. Eso es privatizar. Punto.
¿Por qué el gobierno evita la palabra? No sólo porque la
polarización heredada del 2006, y reeditada ahora, hace casi
imposible un debate técnico-ideológico que permita contrastar
virtudes y defectos de la participación privada nacional y
extranjera en la industria del petróleo. No hay cauces a la vista en
los que se puedan exponer los argumentos de quienes creen que debe
ser estrictamente en el ámbito público en donde se desarrolle la
industria, que se contrasten con los de quienes piensan que entre
menos presencia del Estado, mejor para la economía. Ese debate no se
puede dar en abstracto si no viene acompañado de una revisión
profunda de los efectos causados por las privatizaciones de los
últimos años. Discutir conceptualmente sobre el liberalismo político
y económico es una cosa, pero discutir sobre el liberalismo aplicado
en sistemas disfuncionales, como ocurrió aquí, es enteramente otra.
Se puede alegar que hubo mejoría en la prestación de algunos
servicios y que se amplió el espectro para la distribución y
comercialización de muchos bienes. Que se dinamizaron las economías
con el libre comercio, desregulaciones y nuevos parámetros de
competencia. Sin embargo, los efectos dañinos que trajeron consigo
los procesos de apertura en países que no tenían resuelto todo el
andamiaje legal, institucional y de transparencia han sido de tal
magnitud que hoy no hay quien salga y diga, con todas sus letras:
sí, privaticemos. Aunque, en los hechos, intenten hacerlo hoy con el
petróleo. ¿Quién es el guapo que puede prometer que si se abre el
petróleo no ocurrirá lo que nos ha ocurrido ya con bancos, telefonía
o televisión? Los datos sobre las malformaciones, producto de
aquellas privatizaciones, están a la vista. Hace algunos sábados, un
grupo de intelectuales, académicos y políticos de México y Estados
Unidos, convocados por el ITAM y la Universidad de Berkeley, oían
divertidos el cometario que hacía un estadounidense que acababa de
escuchar la brillante disertación del doctor Sergio Aguayo sobre las
privatizaciones en México.
El hombre después de oír, asombrado, la exposición, bromeó diciendo:
“Me queda claro que lo que quiero en la vida es ser banquero en
México “. Acababa de escuchar que en los años de Fox, las utilidades
netas de los bancos crecieron en un 316 por ciento. Las de Banamex-Citibank
crecieron 3 mil 362 por ciento y las ganancias de BBVA en México
representaron el 29 por ciento de sus utilidades en el mundo durante
2007, mientras que Banamex aportó 50 por ciento de las de Citibank.
El miércoles, Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y actual
presidente de Telefónica, puso el dedo en la llaga sobre Telmex, de
Carlos Slim. No sólo sorprendió al citar al ex presidente Salinas,
artífice y presunto beneficiario de esa privatización, quien habría
dicho en Harvard: “No se puede privatizar un monopolio público para
transformarlo en un monopolio privado, como es el caso de las
telecomunicaciones. Me refiero concretamente a Telmex “.
Para Ripley. Gil Díaz fue más allá: “Se ha gestado un caso impecable
de lo que los economistas califican como una captura regulatoria; se
trata de una máquina gigantesca de capturar efectivo por diversos
gobiernos. Una que obtiene flujos de miles de millones de dólares
anuales a la que se le permite depredar a sus clientes, sean estos
consumidores u otras empresas y le permite extender sus brazos y
dominar otras áreas de actividad económica “. No queda claro si Gil
estaba sugiriendo que al hombre más rico del mundo le interesa,
también, el giro petrolero. Por lo pronto, no se ven por ningún lado
los mecanismos que garantizarían que la renta petrolera no quede en
manos de unos cuantos. ¿La reforma tiene resuelta una buena
redistribución social de los beneficios petroleros a partir de la
apertura? ¿O Pemex sería otro Telmex, como rezan los cartoncitos de
los manifestantes?
