Editorial
La privatización divide al país
Fuente:
CNEE-sur.net
(6/05/08)
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Con el telón de fondo de la
conmemoración del Día del Trabajo, miles de integrantes de
organizaciones sindicales, campesinas y populares del país se
congregaron ayer en el Zócalo de la ciudad de México y coincidieron
en la necesidad de defender la soberanía sobre los recursos
energéticos de la nación y de emprender acciones de rechazo contra
cualquier intento de privatizar el petróleo. Quedó de manifiesto que
entre los asalariados del país se mantiene sólido y claro el rechazo
a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de
abril, que pretende privatizar importantes segmentos de la industria
petrolera nacional, así sea sin tocar el artículo 27 constitucional
y por medio de una ley reglamentaria.
Por su parte, Felipe Calderón reiteró ayer mismo un llamado a
“privilegiar la unidad y el fortalecimiento de nuestra vida en paz,
y no sembrar y exacerbar el encono y la división entre los
mexicanos, que debilite al país”.
En otra circunstancia, el exhorto sería positivo y plausible, pero
en la coyuntura actual pone de relieve la contradicción
gubernamental entre palabras de concordia y acciones que, lejos de
promover la unidad nacional en torno a temas básicos, causan
división y atizan la fractura que dejó en la sociedad mexicana el
proceso electoral de 2006.
En efecto, si algo ha contribuido a sembrar confusión e
incertidumbre, y a “exacerbar el encono y la división”, ha sido
precisamente el discurso inconsecuente, la actitud equívoca y el
sistemático intento de engaño por parte de la actual administración
en torno al tema del petróleo. Ello ha quedado claro en distintos
momentos: primero, con las aseveraciones presidenciales de que para
mejorar la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) había tres
opciones –dejarla como está, destinarle más recursos del
presupuesto, y ver qué han hecho otras empresas públicas en el
mundo–; posteriormente, con el promocional mendaz del “tesoro de las
aguas profundas”; luego, con el “diagnóstico” alarmista presentado
por la dirección de la paraestatal y la Secretaría de Energía, que
no es más que un catálogo de las dolencias del organismo y que no
repara en las causas de éstas; después, con la manera tramposa en
que fue presentada la iniciativa de reforma petrolera –sobre la
cual, horas antes de ser enviada al Senado, el propio Calderón había
afirmado no tener “ni idea”– y, finalmente, con los asertos respecto
del contenido de la misma, pues mientras el político michoacano
afirmaba en cadena nacional que “Pemex no se privatiza”, entregaba
una iniciativa que plantea la entrega de la refinación y el manejo
de los oleoductos a la iniciativa privada y propone crear
condiciones discrecionales de cooperación con industrias
extranjeras, con lo que se abre la posibilidad de entregar reservas
petroleras a intereses corporativos foráneos.
En conjunto, todos esos elementos han despertado el repudio de un
sector amplio y creciente de la ciudadanía, al cual se sumó ayer la
toma de posición de diversos organismos sindicales. Por lo demás,
son sobradas y de peso las razones para ese rechazo: sin plena
soberanía sobre sus energéticos, el país no tiene futuro –debe
recordarse que 40 centavos de cada peso del gasto público provienen
del petróleo—, y quedaría a merced de los intereses depredadores de
las compañías trasnacionales.
Ante este panorama, es necesario insistir en que Pemex no necesita
inversión privada: bastaría con frenar el saqueo fiscal que la
paraestatal sufre desde décadas atrás y hacer una limpia en las
oficinas de la empresa y, en general, en las de la administración
pública, así como acabar con las desmesuradas entregas de dinero que
se realizan, sin ningún control, a la cúpula sindical del organismo.
Al mismo tiempo, sería de gran ayuda un verdadero espíritu de
austeridad en el gobierno federal a fin de liberar recursos para
atender la grave problemática social del país, y avanzar en una
reforma fiscal que cobre impuestos en forma justa a las grandes
empresas y a los dueños de las grandes fortunas. En suma, es
necesario que, al menos por una vez, el gobierno federal demuestre
voluntad para escuchar las demandas de la ciudadanía, privilegie el
sentido de país y los intereses nacionales, y se dedique a
fortalecer efectivamente la industria del petróleo y a combatir la
corrupción imperante en el sector público. Si se actuara en ese
sentido, los llamados a la unidad y a la concordia serían
innecesarios, porque la gran mayoría de la población estaría de
acuerdo con tales medidas.
