Críticas a Calderón en el simposio Petróleo y seguridad energética
Hay recursos para invertir en Pemex, sostiene David Ibarra
Fuente:
CNEE-sur.net
(7/05/08)
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■ Aspectos poco discutidos de la
reforma, “campo minado”: Córdova
Georgina Saldierna
El simposio Petróleo y seguridad energética se convirtió ayer en un
foro en el que fueron desmentidos todos y cada uno de los argumentos
que ha planteado el gobierno federal para promover la reforma a ese
sector.
David Ibarra, ex secretario de Hacienda, destacó que sí hay recursos
para invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex), mientras el embajador
Jorge Eduardo Navarrete refirió que las propuestas para cambiar la
legislación en esta materia persiguen lo contrario de lo que el
Ejecutivo afirma, esto es, que no se modifica la Constitución; que
Pemex no se privatiza y que se fortalecerá la paraestatal.
Durante la sesión vespertina del foro organizado por el Frente
Amplio Progresista (FAP), el historiador Arnaldo Córdova llamó la
atención sobre aspectos poco discutidos del paquete de reformas que
también constituyen un “campo minado”, en tanto que el jurista Raúl
Jiménez destacó la inconstitucionalidad de las iniciativas.
Hay márgenes de maniobra
Frente a la inquietud de Ifigenia Martínez en torno a cómo se puede
resolver la situación financiera de Petróleos Mexicanos, David
Ibarra explicó que hay márgenes financieros de maniobra. Por
ejemplo, manifestó que a la empresa se le fijó la necesidad de que
tuviera un superávit primario de 15 mil millones de dólares, los
cuales están congelados y no se han gastado por temor a que se
dispare la inflación, lo cual calificó de ridículo.
Sumado a esa cifra, recordó que el Banco de México tiene 85 mil
millones de dólares de reservas, que están guardados, mientras que
otros países petroleros han creado los llamados “fondos soberanos de
inversión” para generar ingresos y fomentar así su desarrollo.
Más adelante consideró necesarísimo que a Pemex se le dé autonomía
de gestión, lo que significa sacarlo del presupuesto y que no esté
sujeto a las reglas a que está sometido el gobierno federal en
función de convenios que tiene con el exterior.
Planteó de igual manera que se cambie su régimen impositivo, es
decir que pague como cualquier empresa el impuesto sobre la renta;
que liquide las regalías de acuerdo con estándares internacionales y
si el Estado necesita más recursos, que los obtenga vía el pago de
dividendos de la paraestatal, pero no a costa de la inversión a
Pemex. Esa se tiene que respetar, vigilar y regular, resaltó.
El economista añadió que este sería un régimen impositivo asequible,
en lugar de lo que existe hoy, que es un sistema tortuoso sujeto a
negociaciones anuales con la Secretaría de Hacienda, que impiden a
la firma tener autonomía de gestión y poder ser realmente
competitiva.
También manifestó que se requiere reconstituir el capital
patrimonial de Pemex, porque “si se le ha endeudado con 50 o 60 mil
millones de dólares a un costo superior al que paga el gobierno
federal, pues tenemos que aliviar eso”. Ibarra estimó que esa deuda
la puede asumir el gobierno federal.
Jorge Eduardo Navarrete refirió a su vez que el gobierno repite en
sus discursos y en sus promocionales que la Constitución no se
reforma, que Petróleos Mexicanos no se privatiza y que la empresa se
va a fortalecer, como si fueran mantras o jaculatorias.
Agregó que las iniciativas del Ejecutivo intentan reformar leyes
secundarias para, por este medio, alterar, modificar, torcer y
deformar tanto la letra como el espíritu de las disposiciones
constitucionales en materia petrolera. La intentona más patente,
aunque no la única, está en las enmiendas previstas a los artículos
segundo y cuarto de la ley reglamentaria del 27 constitucional en el
ramo del petróleo.
El texto de la Carta Magna vigente establece que el crudo y demás
hidrocarburos, así como la petroquímica básica, constituyen un área
estratégica a cargo de manera exclusiva del sector público. La
enmienda sugerida al artículo segundo fragmenta este sector definido
en la Constitución en dos segmentos: uno, integrado por lo que
denomina “áreas estratégicas de la industria petrolera” y otro el
resto de la industria.
Restringe así de manera arbitraria el alcance constitucional del
sector petrolero, con lo que de hecho está proponiendo la reforma a
la Carta Magna mediante la modificación de una ley reglamentaria,
enfatizó.
Explicó que las iniciativas son privatizadoras en diversas
dimensiones. La más evidente es la de permitir, y en muchas
instancias formalizar o legalizar, la participación de agentes
privados nacionales o foráneos en actividades de la industria
reservadas en exclusividad a la nación.
Arnaldo Córdova alertó sobre los cambios propuestos que poco se han
debatido, pero que son un “campo minado”. Entre ellos, se refirió a
la creación de un consejo que va a tener facultades que ni siquiera
el Ejecutivo federal controlará.
Finalmente, el ex senador Jesús González Schmal dijo que los
contratos de riesgo son nulos de pleno derecho y se requiere
accionar las instancias legales para detenerlos, como también el
ejercicio político y la movilización ciudadana.
