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modificar leyes secundarias para privatizar la paraestatal,
concluyen en foro del FAP
En Pemex, Calderón intenta trampear la Constitución, advierten
especialistas
Fuente:
CNEE-sur.net
(7/05/08)
• ■ Él y los
legisladores que aprueben esa iniciativa serían sujetos de juicio
político, coinciden Lorenzo Meyer, Juventino Castro y Castro,
Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas
Ciro Pérez Silva
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José Agustín Ortiz Pinchetti, Bernardo Bátiz Vázquez e Ifigenia
Martínez, durante el simposio Petróleo y seguridad energética,
realizado en la antigua Escuela de Medicina
Foto: Guillermo Sologuren
El intento de Felipe Calderón de “trampear” la Constitución
modificando leyes secundarias para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex)
lo hace sujeto de juicio político, advirtió el doctor en derecho
Raúl Carrancá y Rivas, al participar en el simposio Petróleo y
seguridad energética, que organiza el Frente Amplio Progresista
(FAP).
En ese foro, ponentes como Lorenzo Meyer, Juventino Castro y Castro,
Bernardo Bátiz, Manuel Bartlett y Jaime Cárdenas, coincidieron en
que la propuesta presidencial de reforma intenta “un golpe de Estado
constitucional”, y enfatizaron que la única forma de detener esta
maniobra para privatizar Petróleos Mexicanos es la movilización
social.
Luego de advertir que los mexicanos están en su derecho de
reclamarle a Felipe Calderón el cumplimiento de la Constitución, los
participantes convinieron en que también serían sujetos de juicio
político aquellos legisladores que llegasen a aprobar dicha
iniciativa pues, a juicio de Bernardo Bátiz, “ceder una posición
estratégica como Pemex”, en la forma que pretende el Ejecutivo
federal, “es o una tontería o un acto de traición”, mientras Jaime
Cárdenas advirtió que los senadores del PRI Francisco Labastida,
“responsable del Pemexgate”, y del PAN Juan Bueno Torio, ex
funcionario de la paraestatal, o el diputado priísta Emilio Gamboa,
entre otros, deben excusarse de participar en los debates sobre el
tema, “por su evidente conflicto de intereses”.
En sus intervenciones, cada uno de los ponentes que participaron en
la mesa de discusión denominada Expropiación petrolera y soberanía
nacional, subrayaron que es imprescindible la movilización social
para detener el “fraude constitucional” que pretende llevar a cabo
el gobierno calderonista, al tiempo que el ex senador priísta Manuel
Bartlett condenó el papel de los medios electrónicos, destacadamente
de las televisoras, “que hacen una brutal labor de zapa en la
conciencia nacional, transmitiendo el discurso mentiroso del
gobierno y asegurando que la única salvación posible para México es
que la ayuda venga de afuera”.
Al frente de la Comisión de Energía y Desarrollo del FAP,
responsable de la organización del simposio, Porfirio Muñoz Ledo
adelantó –al presentar a los integrantes de la mesa– que de
prosperar la iniciativa de Calderón, México se encontraría “en el
dintel de la ruptura del orden constitucional”, y confió en que el
debate sobre la iniciativa de reformas a Pemex “no sea un debate a
la antigüita en el que se oye a muchos, se escucha a pocos y no se
hace caso a nadie”.
La apertura de las intervenciones ante el colmado auditorio de la
antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de
México, estuvo a cargo del ex consejero del Instituto Federal
Electoral Jaime Cárdenas, quien sostuvo que la pretensión de
Calderón Hinojosa de violar la Constitución a través de cambios en
las leyes secundarias, rompe el pacto social y político que dio
origen al Estado mexicano.
Cárdenas, quien dijo haberse “espantado” ante la lectura de las
iniciativas del Ejecutivo, destacó que la propuesta concede a un
comité de transparencia y auditoría la facultad de legislar en
materia de adquisiciones, contratos y obras, y al comité de
remuneraciones la de fijar salarios, potestades ambas que son
responsabilidad del Congreso; establece límites a la Secretaría de
la Función Pública (SFP) y otros órganos de control para que no
fiscalicen las actividades de la paraestatal; crea consejeros al
margen de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
permite la adjudicación directa de contratos y otorga facultades a
la empresa petrolera para contratar deuda externa, entre otros
ejemplos de violaciones concretas a la Constitución.
“Con esta reforma, el gobierno federal pretende dos cosas
simultáneamente: maximizar la extracción del petróleo y traer
inversión extranjera, que equivale a tener el pastel y comérselo”,
señaló en su turno Lorenzo Meyer, quien sostuvo que en el tema del
petróleo está en juego la naturaleza del nacionalismo mexicano.
Tras un breve recuento de la historia del petróleo en México, Meyer
destacó que a diferencia de otras etapas, destacadamente las del
siglo pasado, por primera vez se logró que antes de la aprobación de
alguna ley se le abriera espacio a la opinión pública. “En el caso
del Congreso, PAN y PRI dan la mayoría para aprobar la iniciativa de
Calderón, y si no entra en el debate otro actor, que es la sociedad,
que es el pueblo, esto no se podrá impedir.”
A su vez, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación Juventino Castro aseveró que cualquier reforma –“y en mi
concepto ésta lo es”– que promueva que un área estratégica
fundamental para el país acepte la intervención de particulares,
debe clasificársele como inconstitucional, además de que en la
iniciativa se propone claramente “trampear” a la Constitución.
Referendo y plebiscito
Al plantear vías de acción para la participación social en la
defensa del petróleo, los ponentes recordaron que si bien no se
contempla en la Carta Magna las figuras del referendo o plebiscito,
sí se establece la obligación del gobierno de consultar al pueblo,
particularmente en lo que toca a reformas como las que propone.
Mencionaron los ponentes que el artículo 26 constitucional
encomienda al Estado mexicano la organización de “un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional”. Y para propiciar
este encargo constitucional, el tercer párrafo ordena: “La ley
facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de
planeación democrática, y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de
desarrollo.
“Los mexicanos deben honrar la sabiduría política de su
Constitución: lo que se proponga para el mejor manejo de los
recursos naturales del subsuelo, que son del exclusivo manejo de la
nación, debe consultarse, analizarse y votarse directamente por la
nación”, subrayó el ministro Castro y Castro.
