El
problema no es Pemex, sino el fisco
Ilusoria solución
Fuente:
CNEE-sur.net
(8/05/08)
•
Lorenzo Meyer
La raíz. La variable fiscal no es la única, pero sí es la base de
cualquier explicación tanto de la crisis de nuestra industria
petrolera como del actual proyecto de Felipe Calderón por aumentar
el espacio del capital privado —nacional y extranjero— en una
actividad que a partir de 1938 se supuso constitucionalmente
reservada a la compañía petrolera del Estado, Pemex.
Punto de partida. En cualquier país económicamente sano el grueso de
los recursos fiscales provienen de impuestos al comercio, consumo,
ingreso de personas y empresas y, en fin, el amplio abanico de las
actividades productivas cotidianas. Sin embargo, en los países
“petrolizados”, el fisco depende fundamentalmente de la renta
petrolera.
Desde la segunda década del siglo XX México se convirtió en un país
petrolero, pero no necesariamente en uno “petrolizado”, esto último
es un fenómeno reciente, producto de la irresponsabilidad de sus
clases dirigentes, es decir, políticos y empresarios. Antes de la
nacionalización de 1938, por ejemplo, los impuestos a las
actividades petroleras cubrieron del 10.8% de los ingresos fiscales
federales en 1918 hasta llegar al 33.6% en 1922 para luego descender
rápidamente hasta aportar en 1930, en la Gran Depresión, apenas el
7.5% de los recursos federales. En vísperas de la expropiación
aumentó modestamente hasta 12.8%. Con el petróleo en manos
extranjeras México no estuvo “petrolizado”.
A partir de 1938 la actividad del recién creado Pemex se dedicó
básicamente a surtir la demanda interna a precios bajos y sólo
marginalmente a la exportación. Los impuestos a la actividad
petrolera nacionalizada fueron importantes pero no centrales. Así,
en 1958 la contribución de Pemex representó el 6.1% de los ingresos
fiscales federales y de sólo un modesto 3.3% en 1973. Para entonces
la empresa ya tenía problemas serios pues por primera vez tuvo que
importar de manera significativa más hidrocarburos de los que
exportaba. Como sea, la vida económica del gobierno no dependía de
la renta petrolera para sobrevivir, como es hoy el caso.
Pemex como proveedor de recursos fiscales. A partir de 1974 —en la
segunda mitad del gobierno de Luis Echeverría— la situación empezó a
cambiar, y ese cambio se profundizó al arrancar la administración de
José López Portillo. Por segunda vez en su historia y por decisión
presidencial, México retornó a su papel de gran exportador de
petróleo, contraviniendo la propuesta cardenista de usar los
hidrocarburos —un patrimonio nacional no renovable y cuya vida había
que prolongar al máximo— para surtir las necesidades energéticas de
México, no las del mundo externo.
El México exportador neto de crudo fue resultado de una decisión de
su élite política en un momento de crisis —se había venido abajo el
modelo de “desarrollo estabilizador”— que por ese camino fácil buscó
resolver las necesidades fiscales de un gobierno federal entrampado
por el déficit. Al final, el modelo económico posrevolucionario se
hundiría, pero no sin antes dejar a México enganchado como proveedor
del mundo externo de un recurso estratégico que siempre debió de
haber reservado para sus propias necesidades prioritarias.
Para 1981, cuando López Portillo propuso como proyecto nacional
“administrar la abundancia”, los impuestos pagados por Pemex
representaron ya el 26.3% de la recaudación tributaria federal, pero
en 1996 alcanzaron el 35.6%. Con ello, México regresó al modelo
petrolero colonial de 74 años atrás y contra el que se había
rebelado el cardenismo.
Como pronto se vería, esa dependencia de la salud fiscal y económica
del país del petróleo tenía una base muy frágil: el supuesto que
combinaba grandes reservas con altos precios del petróleo en el
mercado mundial. Cuando esa suposición probó ser falsa, se vino
abajo todo el castillo de naipes económicos y el país entró en el
túnel de un proceso económico de crecimiento mediocre o nulo y del
cual aún no logra salir del todo.
Siempre ha sido difícil financiar a Pemex. En un tiempo porque los
precios bajos de sus productos no respondían a la realidad del
mercado sino a una política gubernamental de subsidiar a la economía
con los hidrocarburos. Sin embargo, a partir de la crisis en 1982,
Pemex se convirtió en una de las pocas tablas de salvación de las
finanzas de gobiernos endeudados hasta el cuello y urgidos de
recursos para su gasto corriente y para los programas sociales —de
Solidaridad hasta el actual Vivir Mejor— de los que dependían para
mantener sus redes clientelares y reflejarlas en las urnas.
La situación actual. Hoy el gobierno mexicano depende de los
recursos que le transfiere Pemex como nunca antes en la historia del
país: 40% del presupuesto federal proviene de la renta petrolera.
David Ibarra ha resumido así la situación: “El objetivo central de
Pemex ha dejado de ser el de impulsar el crecimiento para
convertirse en instrumento equilibrador de corto plazo del
presupuesto público y de las cuentas externas”, (El desmantelamiento
de Pemex, UNAM, 2008).
Para que las fantásticas ganancias actuales de Pemex —sacar un
barril de petróleo cuesta entre 3.34 y 4.16 dólares, pero el precio
de la mezcla mexicana ya llegó a los 100 dólares en el mercado
mundial— se pudieran reinvertir y no fuera necesario la
privatización encubierta que hoy se propone, sería necesario que el
gobierno no le quitara a Pemex prácticamente todas sus utilidades.
Con una tasa menor de impuestos, la empresa podría hacer lo que
siempre ha hecho y que hoy se quiere dejar en manos privadas:
exploración, extracción, almacenamiento, refinación, petroquímica,
ductos, distribución, etcétera. La parte nueva, la exploración y
explotación de aguas profundas, podría hacerse comprando la
tecnología e incluso asociándose para ello con quienes ya tienen
experiencia en lo más difícil de ese proceso, que no es lo
tecnológico sino la logística de tamaña empresa.
El reto. Históricamente, México ha tenido un gran problema con el
fisco. Buena parte de nuestro siglo XIX estuvo dominado por la
política de la penuria. Aun cuando el Porfiriato pudo acabar con las
alcabalas e introducir el impuesto del timbre y, tras la Revolución,
implantar el impuesto sobre la renta, en la segunda mitad del siglo
XX los técnicos de Hacienda advirtieron que urgía un paso más en la
modernización fiscal.
Sin embargo, los intereses creados —las grandes concentraciones de
capital— derrotaron ese y otros intentos por hacer más eficiente y
equitativa la política fiscal; los cambios fueron mínimos, de ahí
que el gobierno acudiera al déficit y al endeudamiento, con las
desastrosas consecuencias que todos conocemos.
En 1980 se pudo introducir el IVA, que si bien resultó relativamente
fácil de recaudar era fundamentalmente inequitativo. Ya en el
neoliberalismo, ciertos cambios aumentaron la recaudación, pero de
manera muy modesta: entre el uno y el dos por ciento del PIB con
Carlos Salinas y en proporción semejante con Calderón. Así, México
se mantiene como uno de los países con menor capacidad para recabar
impuestos directos o indirectos de empresas y personas —alrededor
del 11% del PIB— cuando otros países similares obtienen el doble.
La tradicional penuria fiscal se mantiene. Como la participación del
gobierno en gasto e inversión —más en lo primero que en lo segundo—
es el doble de lo recaudado, la contribución de Pemex para salvar la
situación aparece como esencial e insustituible, pues de ahí
proviene el 40% del total de recursos del gobierno.
En estas condiciones, y para evitar una verdadera reforma fiscal así
como la muerte de la gallina de los huevos de oro —la industria
petrolera— el gobierno actual busca seguir sacando toda la renta
petrolera que pueda de Pemex e invitar al sector privado local y
extranjero para que invierta en exploración, refinación, ductos o
almacenes lo que la empresa estatal ya no puede hacer porque el
fisco se lo impide.
Falsa solución. Con la privatización parcial del petróleo volverá a
ocurrir lo que ocurrió con Telmex: por un momento habrá recursos
tanto para el gasto público como para la inversión en un área vital
de la economía —telecomunicaciones entonces, petróleo y refinados
hoy—, pero en el mediano plazo se habrá debilitado al sector público
y se habrá entregado una renta petrolera en ascenso a un puñado de
intereses privados. Y no sólo eso sino que, finalmente, se habrán
fortalecido a las grandes concentraciones privadas de capital,
aliados naturales de una derecha que ya mostró su poca disposición a
la alternancia política y su mucha inclinación a profundizar lo
heredado: el proyecto de un México socialmente desigual, excluyente
e internacionalmente subordinado.— México, D.F.
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