Empresa
Alberto Barranco
Ya merito...
Fuente:
eluniversal.com.mx
(16/11/05)
PLa manzana de la discordia son los aceites y lubricantes de las
marcas Mex Lub y Akron, que por una graciosa concesión del gobierno
federal se les otorgó ser las únicas marcas en los anaqueles de las
8 mil estaciones de servicio de la empresa pública
Aunque Pemex Refinación le acaba de ganar un juicio de amparo a la
empresa Impulsora Jalisciense que valida su decisión de derogar
unilateralmente un inaudito contrato de exclusividad en su red de
gasolinerías, la lápida del monopolio no termina aún de escribirse.
Falta todavía la última palabra de los tribunales que a su vez
valide el punto de arranque del manotazo de la paraestatal, es
decir, una resolución de la Comisión Federal de Competencia (CFC)
que ordena desmantelar la práctica. Lo inaudito del asunto es que la
pelea lleva seis años en las rejillas de los juzgados.
La manzana de la discordia son los aceites y lubricantes de las
marcas Mex Lub y Akron, que por una graciosa concesión del gobierno
federal se les otorgó ser las únicas marcas en los anaqueles de las
8 mil estaciones de servicio de la empresa pública. El contrato de
exclusividad se pactó a 20 años... que terminarían en el 2012.
Más aún, en alarde de favoritismo el gobierno salinista le dobló la
mano a la empresa Bardhal para que a su vez le cediera los derechos
por el uso de la marca Mex Lub a la firma que cobijó bajo su
protección tras privatizarle en 1992 sus cinco plantas productoras
de aceites y lubricantes.
Al fragor de la fiebre desincorporadora del sexenio, la Impulsora
Jalisciense, propiedad de Compuestos Químicos, encabezada por el
entonces presidente del equipo de futbol Guadalajara, Salvador
Martínez Garza, se quedó con 51% del capital de las plantas que
producían 47% del consumo nacional, con ventas anuales de 200
millones de dólares.
Lo grotesco del asunto, dadas las formidables prebendas, es que la
operación se pactó a precio de risa: 508 millones 406 mil pesos,
equivalentes en aquel entonces a 164 millones de dólares, cuyo monto
resultaba muy inferior al del valor en libros de la firma. Una
empresa exitosa, pues, a precio de quiebra.
Peor aún, hete aquí que desglosada la factura, 25 millones de pesos
corresponderían realmente al costo de los activos, es decir 5
millones de pesos por planta, y el resto, 483.4 millones, se ubicaba
como pago por intangibles, léase marcas, exclusividad, penetración
de mercado...
El hecho es que de acuerdo con las leyes en vigor, este último monto
es susceptible de deducirse fiscalmente en 10 años, es decir para
2002 el costo global de la empresa líder en su ramo en el país fue
de sólo 25 millones de pesos.
El caso es que la compradora, quien constituyó con las plantas la
empresa Mexicana de Lubricantes, pactó, en otro inaudito, una ruta
pantanosa para cubrir la factura.
En abonos chiquitos, pues. Se le entregarían a Pemex gradualmente
232 millones 862 mil pesos en efectivo: 80 millones mediante una
carta de crédito expedida por Banca Confía, y 186 millones
garantizados a través de la suscripción de un pagaré, en este caso
de Banpaís, que sería liquidado en teoría dentro de los 120 días
posteriores a la firma del contrato.
El hecho es que ninguno de los pasos se cumplió en tiempo y forma.
Más aún, hace cuatro años la Unidad de Planeación Corporativa de la
paraestatal preguntaba a Pemex Refinación por el destino de los
recursos.
Y por si le faltara un pelo al gato, o si lo prefiere una joya a la
corona, hete aquí que además de los mencionados, Petróleos Mexicanos
le concedió a la firma privatizadora cuatro contratos más:
suministro de aceites básicos, cuya elaboración está reservada al
Estado; maquila y fabricación, y constitución de un fideicomiso en
el entonces Multibanco Comermex, hoy Scotiabank Inverlat.
Más aún, habría, dos años después, otro más para ofrecer la maquila
de aceites y lubricantes, otorgándole a precio simbólico la materia
prima.
De dueño de la empresa, pues, Pemex se convirtió en su cliente.
El caso es que a denuncia de las firmas rivales de Mexicana de
Lubricantes, la CFC iniciaría en 1997, cinco años después, una
investigación sobre el perfil monopólico de la exclusividad de Mex
Lub y Akron, resolviendo, tres años más tarde, su inmediata
resolución.
Naturalmente, ésta fue impugnada por la firma afectada, con la
novedad de que seis años después no llega la última palabra de la
justicia.
¿Ya merito, ahora sí?
Balance general
La supuesta solución salomónica aprobada ayer por el pleno de la
Cámara de Diputados, a petición de la bancada panista, frente al
riesgo de colapso en la operación del Instituto Mexicano del Seguro
Social ante la exigencia de crear el año próximo reservas por 35 mil
447 millones de pesos, fue introducir un transitorio en el artículo
27 de la Ley de Egresos.
De acuerdo con éste, el organismo le entregaría a la Secretaría de
Hacienda mes a mes un reporte de las condiciones en que está
operando, que a su vez ésta, una vez certificado, lo entregaría a
los legisladores, bajo la premisa de reducir el monto de los
recursos a reservar en proporción de las necesidades.
Dicho con todas las letras, habría un tablero con focos rojos que se
encenderían a la primera señal de peligro.
Como le comentábamos a usted ayer, en los últimos cinco años el
promedio de reservas constituidas por el instituto había sido de 9
mil 400.2 millones, con la novedad de que para 2006 la propuesta era
llegar sólo a mil 434 millones.
El desfase, pues, entre lo que planteó la Secretaría de Hacienda en
la iniciativa aprobada ayer y la propuesta aprobada por el Consejo
Técnico del organismo es de 34 mil 8 millones... que se restarán del
presupuesto de operación.
La propuesta, por lo demás, derrotó a otra planteada anoche, en su
condición de diputado, por el líder del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social, Roberto Vega Galina, secundada entre
otros por Jesús González Schmal y Miguel Alonso Raya. Ésta pedía
respetar el planteamiento del Consejo Técnico, es decir un techo
global de gasto de 243 mil 828 millones de pesos, destinándose,
decíamos, sólo mil 439 para reservas.
Por lo pronto, el cálculo del Seguro Social es que para operar en la
medianía actual se reclamaría un mínimo de 222 mil 625 millones...
frente a los 209 mil 820 que le quedan.
En enero, pues, llegará la primera alerta.
* * *
¿A quién le cree usted?
Según un grupo de accionistas de la firma de agrobiotecnología
Savia, encabezados por Alejandro Garza Lagüera, el ex presidente de
la firma, Alfonso Romo Garza, ordeñó la empresa en beneficio propio
cuando no tenía derecho ya de manejar los recursos.
La acusación concreta, por delitos patrimoniales, habla de 66
millones de pesos extraídos entre el 2 de mayo y el 1 de agosto de
la cuenta 044337863-2 del banco BBVA/Bancomer.
Romo Garza, yerno de Garza Lagüera, fue destituido el 29 de abril
anterior.
El caso es que éste sostiene que sigue siendo el presidente de la
firma, dado que los acuerdos de la asamblea "banquetera" convocada
por su suegro están suspendidos por órdenes de dos juzgados; en
consecuencia, tenía aún facultades para disponer de movimientos
financieros.
Más aún, insiste en que Garza Lagüera no tiene ningún derecho sobre
las acciones que detenta, que en el papel le dan la condición de
socio mayoritario.
Su único propósito, dice el yerno, es lucrar en beneficio propio.
¡Pácatelas! albertobach@yahoo.com.mx / barrancoalberto@prodigy.net.mx
