Los gobernadores y el paquete 2006
Fuente: cronica.com.mx
(18/11/05)
( Fernando Calzada Falcón )
La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de
la Federación se dio dentro de los plazos constitucionales
previstos. No hubo ahora retrasos ni, al parecer, mayores diferendos
entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal. Los dos poderes
mostraron disposición al diálogo y supieron y pudieron negociar, lo
cual, desde luego, habla bien de ellos. Sin embargo, poco se ha
reparado en el papel fundamental que en esta coyuntura jugaron los
Ejecutivos de las treinta y dos entidades federativas, sí, esos a
quienes los analistas en no pocas ocasiones se refieren como
“presionadores profesionales”, pues dicen que les gusta estirar la
mano para que les den recursos sin realizar ningún esfuerzo propio.
Ya habrá tiempo de que abordemos el por qué en algunos círculos
priva esta visión falsa, o por lo menos distorsionada, sobre los
gobernadores, esencial, aunque no exclusivamente, en la ciudad de
México. Los cierto es que se enciende la televisión o la radio, se
abre cualquier periódico, y uno se encuentra esas descalificaciones,
por ejemplo, que si se vetó el nuevo régimen fiscal de Pemex (NRFP)
fue por presiones de los gobernadores, lo mismo que si hicieron
presencia en el Palacio de San Lázaro, o que hicieron tal o cual
pronunciamiento. Es decir, en esos círculos calificadores-descalificadores
la nuestra no pareciera ser una república federal, pues a esos
Ejecutivos se les ve como personas o personajes y no como a
representantes de una entidad federativa a la que se debe respetar
por formar parte del todo, del pacto federal. Si los gobernadores
gestionan una carretera, una presa, etcétera, se les tilda de querer
más dinero; no se ve o no se quiere ver que la enorme mayoría de
esas gestiones se relacionan con responsabilidades federales, no
estatales, y que algunas registran rezagos de muchos años atrás: en
todo caso, sólo se les podría imputar el querer que su estado se
desarrollara. Más allá de esto, los gobernadores en este año, en los
temas relacionados con la agenda de las finanzas públicas, crearon
condiciones positivas para el país. Veamos.
Como se recordará, en junio el Congreso de la Unión aprobó el NRFP.
En ese momento los gobernadores manifestaron no estar de acuerdo en
sus términos, pues como señalaron los diputados no hubo más opción
que aprobarlo o desecharlo totalmente, pese a que el dictamen
contenía varias fallas e inconsistencias. Por ello, no es cierto que
las observaciones presidenciales las realizara porque se lo
demandaban los gobernadores, sino que ambas instancias ejecutivas
llegaban a conclusiones similares: ni el presidente apoyaba a los
gobernadores ni éstos presionaban a aquel, ni los gobernadores se
enfrentaban a los legisladores ni mucho menos deseaban no ayudar al
saneamiento de Pemex; con su actitud propiciaban la apertura de un
nuevo espacio para mejorar la decisión adoptada. El resultado, en
esta ronda de las últimas semanas, fue la casi unanimidad con la que
los diputados aceptaron algunas partes y atendieron la observación
presidencial. Sin este visto bueno de los gobernadores es probable
que no se juntaran las dos terceras partes de los diputados
requeridas, dado el compromiso que éstos tienen con el distrito de
sus estados que representan o por la cercanía con sus Ejecutivos.
Esta misma disposición de la Conago para el diálogo y su postura de
no enfrentamiento posibilitó que se aprobara la Ley de Ingresos y el
mismo Presupuesto de Egresos de la Federación. Los gobernadores
saben negociar y saben llegar a acuerdos. Buscan recursos para el
desarrollo económico y social de sus entidades pero también
entienden hasta dónde pueden llegar, hasta dónde los diputados y
hasta dónde el Ejecutivo Federal.
¿Qué lograron en esta ocasión con el paquete económico para 2006? A
pesar de que el acceso a los excedentes petroleros por lo elevado
que se estimó el precio del crudo afectará los recursos de inversión
de los estados, básicamente los gobernadores lograron cinco cosas.
La primera tiene que ver con el Programa de Apoyos al
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), mismo que en
su proyecto el Ejecutivo envió en ceros. Los diputados no sólo le
asignaron los 17 mil millones de pesos (mmp) que ha tenido en los
tres últimos ejercicios, sino que lo aumentaron en 5.5 mmp para
quedar finalmente en 22.5 mmp. Se trata de un recurso fundamental
para los estados toda vez que su destino principal es la ejecución
de proyectos de infraestructura. Por lo demás, esta cantidad es
cercana a lo que no habrán de aumentar las participaciones y
aportaciones a entidades federativas como consecuencia de la
aplicación del NRFP.
La segunda es que se estableció un Aprovechamiento sobre
Rendimientos Excedentes (ARE) a cargo de PEMEX si el precio del
petróleo rebasa durante el ejercicio la estimación contenida en Ley
de Ingresos (36.5 dólares por barril). Si bien se trata de un precio
elevado y es poco probable que pudiera resultar una diferencia tan
grande como la que se ha vivido en este 2005, además de que la tasa
que ahora se fijó (6.5%) es menor a la que aplicó en el presente año
(19.6%), se mantiene una participación de las entidades federativas.
La tercera es que además de la anterior, para el caso de que el
precio que se observara resultara mayor que el estimado, Pemex
tendría que pagar un derecho extraordinario a una tasa de 13.1% cuyo
destino sería un fondo de estabilización para las entidades
federativas. Esto significa que, en última instancia, la suma del
ARE y de este derecho le daría a los estados la misma tasa que el
ARE en 2005, esto es, el 19.6 por ciento.
La cuarta es que los estados podrán cobrar el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) al régimen de pequeños contribuyentes (Repecos).
Hasta ahora y en los dos últimos años ya lo venían haciendo pero al
Impuesto sobre la Renta (ISR), mediante la suscripción de convenio
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque la suma
resultante es poco cuantiosa, sí significa la posibilidad de que se
hagan de algunos recursos más.
La quinta, y no por ello menos importante, es que al haberse
ampliado el gasto de inversión las entidades se benefician, o más
precisamente sus pobladores. El mayor gasto en carreteras, apoyos al
campo, universidades públicas, agua, etcétera, implica un impacto
mayor en el desarrollo económico y social de las entidades en
comparación con el que se hubiera logrado se haberse aprobado en sus
términos el proyecto del Ejecutivo. Quedan como interrogantes no
menores la decisión en torno al Instituto Mexicano del Seguro Social
y la menor asignación al Instituto Federal Electoral. La bienvenida,
aunque mesurada, sobre todo por lo del IMSS, con que se recibió la
noticia de la aprobación del presupuesto por parte del presidente,
tendría que reconocer la comprensión y oficio mostrados por los
gobernadores con la firma de convenios y compromisos de inversión
entre ambas instancias para el ejercicio 2006.
