El Legislativo mantiene facultad para
definir plataformas de producción y exportación
Aprueban en la Cámara dictamen sobre derechos aplicables a Pemex
Objetan estados que con la
disposición dejarían de recibir 4 mil millones de pesos
Fuente: jornada.unam.mx
(19/10/05)
ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO
Las comisiones unidas de Hacienda y de Energía de la Cámara de
Diputados aprobaron ayer el dictamen de reforma a la Ley Federal de
Derechos Aplicables a Petróleos Mexicanos (Pemex), que será incluida
para su discusión y votación en la sesión ordinaria de mañana. El
acuerdo de los legisladores permitirá destinar a la empresa,
incluyendo el impuesto sobre rendimientos petroleros, 23 mil 228
millones de pesos en flujo de efectivo para el próximo año, pero con
un costo fiscal aproximado de 18 mil millones de pesos en los
ingresos del gobierno federal y de los estados
Sin embargo, la insistencia de los gobiernos de Tabasco, Campeche,
Sonora, Chihuahua y de México, para que la Cámara de Diputados
garantizara ingresos mínimos por la transferencia de recursos de
origen petrolero impidió que el dictamen se turnara, como lo habían
acordado las comisiones y la Junta de Coordinación Política, para su
discusión en el pleno. La objeción de los gobernadores es que con el
nuevo régimen fiscal de Pemex dejarían de recibir 4 mil millones de
pesos, aun cuando la Cámara les asignará mayores recursos mediante
el Presupuesto de Egresos de la Federación, pues los cálculos se
realizaron a partir de un precio promedio de 31.50 dólares por
barril de la mezcla mexicana y a un tipo de cambio promedio de 11.40
pesos por dólar.
Asimismo, las comisiones aprobaron parcialmente las 13 observaciones
hechas por el Ejecutivo al régimen fiscal de Pemex, y mantiene para
el Congreso la facultad de definir las plataformas máximas de
exportación y producción de hidrocarburos y rechazó la petición de
incorporar los ingresos adicionales, por el cambio de régimen
tributario de la petrolera a la meta de balance financiero.
En el primer caso, los legisladores advierten que mantener para el
Congreso la facultad de establecer las plataformas máximas de
exportación y producción de crudo permitirá la entrada en vigor del
nuevo régimen fiscal de Pemex a la brevedad posible y terminará la
indefinición, la cual, independientemente de las razones jurídicas
esgrimidas por el Ejecutivo, que siembran dudas sobre la
constitucionalidad de dicha facultad para el Congreso, es nociva
para las finanzas de la paraestatal.
En el otro punto, si bien las comisiones coinciden con el Ejecutivo
en cuanto a mejorar la posición financiera de la empresa, el incluir
los ingresos adicionales en la meta de balance financiero no le
ayudaría porque no se permitiría a la paraestatal destinar sus
ingresos adicionales al pago de deuda o a inversión, que es el
espíritu original del cambio de régimen fiscal.
Respecto de las observaciones enviadas por Vicente Fox, las
comisiones decidieron ampliar a seis años, como lo sugirió el
presidente, el periodo de amortización de las inversiones,
originalmente definido para cinco años.
También le dio la razón respecto de la permanencia de los límites de
deducción de costos, y se establecerá un programa al respecto, que
mejore la eficiencia por parte de Pemex y se mantengan dichos
limites por cuatro años hasta 2009 y si en ese momento no se han
hecho reformas legales para eficientar y transparentar a la empresa,
el Congreso decidirá si los mantiene o si los ajusta a una propuesta
de la Secretaría de Hacienda.
También se aceptó la observación de modificar el destino de los
recursos en el fondo de estabilización de los ingresos petroleros,
punto en el que el gobierno federal defendió que había un exceso en
la acumulación de ingresos en dicho fondo y escasez en los recursos
presupuestales. Sin embargo, se condicionó que la administración
federal pueda tomar recursos del fondo, pero siempre y cuando los
destine a gastos de infraestructura primaria y no a gasto corriente.
A pesar de que se le dio la razón de manera parcial al Ejecutivo, el
presidente de la Comisión, el panista Gustavo Madero, afirmó que el
presidente Fox podría interponer una controversia constitucional en
el capítulo relativo a las facultades del Congreso para fijar la
plataforma máxima de explotación.
