José Antonio Rojas Nieto
De nuevo el nuevo régimen fiscal de Pemex
Fuente:
elfinanciero.com.mx
(24/10/05)
El Presidente de la República no publicó el decreto del nuevo
régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) aprobado en junio
pasado. Lo regresó con observaciones. Luego de considerarlas, los
diputados lo aprobaron nuevamente. Es probable que en unos días lo
hagan los senadores. ¿Qué observaciones formuló el Presidente al
decreto que reformaba diversas disposiciones del Capítulo XII, del
Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, emitido por el H.
Congreso de la Unión? Excepto una, todas se vinculaban a las tres
interrogantes fiscales fundamentales: 1) ¿Cuál es el ingreso base
para calcular la contribución de Pemex?; 2) ¿Qué parte se debe
aportar al fisco?; 3) ¿En qué se va a gastar?
La observación que llamaría rara -asunto sorprendente y que, en
realidad, desprestigia al Ejecutivo por estar fuera del contexto
fiscal- se refiere a la vieja intención de tener personeros privados
en el consejo de administración de Pemex. Fue ignorada,
entendiéndose que, en todo caso, se discutirá pronto, cuando se
analicen la autonomía y la nueva estructura organizativa de la
empresa. Pero lo esencial se centró en la base, el monto y el
destino de la contribución de Pemex.
La base de la contribución se obtiene restando al ingreso de Pemex
-calculado de acuerdo con la producción, ventas, precios y tipo de
cambio aprobados anualmente en la Ley de Ingresos- las deducciones
autorizadas. Cambios -primordialmente en precios- van a
recaudaciones extraordinarias. Muy importantes y debatidas, pero
extraordinarias, como lo serán los casi 40 mil millones de dólares
extraordinarios que recibirá este gobierno en el sexenio.
Las deducciones previstas se reducen a dos: costos de producción y
amortización de inversiones capitalizables, pues las otras van en
los costos. Y aquí los primeros puntos de diferencia entre
Legislativo y Ejecutivo. En el primer caso -determinación de la
base- quién o quiénes y con qué racionalidad determina las
plataformas de producción y ventas de Pemex y, finalmente, el precio
de referencia. El Legislativo quiere participar más en ello. De
hecho ya lo hace al discutir el precio. El Ejecutivo argumenta que
es su derecho constitucional exclusivo hacerlo.
La solución -mediada y leguleya- fue que el Legislativo participa en
las estimaciones, pero que la determinación corresponde al
Ejecutivo, y que aquél sólo la sanciona en la Ley de Ingresos, como
ya lo hace con el precio. Y en el segundo caso -deducciones-
Legislativo y Ejecutivo coincidieron en dos cosas: 1) reconocer
costos de producción máximos de crudo y gas asociado (6.50 dólares
por barril) y de gas no asociado (2.70 dólares por mil pies cúbicos)
para descontarlos al definir la base gravable; 2) aceptar la
necesidad de descontar la amortización anual de las inversiones
capitalizables. Y aquí, más que diferencias de fondo, hubo
reformulaciones del Ejecutivo que fueron aprobadas.
En el primer caso obligar a Pemex a establecer un programa
multianual de racionalización de sus costos -evaluado y supervisado-
asunto que fue aprobado y que debiera imponerse a toda empresa
pública. Y en el segundo, autorizar a una amortización de
inversiones en seis años (16.7 por ciento anual) y no en cinco (20
por ciento), como se había aprobado. En ambos casos -supuesto el
cumplimiento de las bases de producción, ventas, precios y tipo de
cambio- se garantiza un poco más ingresos a la Secretaría de
Hacienda que en la versión aprobada en junio pasado, asunto que se
resolverá con una reforma fiscal de fondo, que determine qué
ingresos sustituyen las aportaciones petroleras.
Dos deducciones más debatidas y aprobadas -para la Auditoría
Superior de la Federación y para el Fondo de Investigación
Científica y Tecnológica en materia de energía-, en realidad
debieron ser interpretadas como parte de los destinatarios de las
aportaciones, al cuidarse que no se entregaran con cargo al
patrimonio de Pemex. Respecto de los porcentajes de aportación, hay
que decir que prácticamente no cambiaron. Las tablas aprobadas en
junio continúan. Con ello, los montos de aportación se mantienen
prácticamente en el mismo nivel, con excepción del ligero volumen
excedentario que garantiza ampliar los plazos de amortización de
inversiones. El asunto más delicado está en torno al destino de las
aportaciones petroleras, es decir, en qué se van a gastar las
aportaciones petroleras. El fondo de la discusión y del rechazo
presidencial fue y seguirá siendo el destino de los ingresos
extraordinarios, porque -nos guste o no- los ordinarios ya forman
parte secular de los gastos, incluso corrientes del sector público.
Y seguirán en tanto no haya una reforma fiscal de fondo que los
sustituya. Gradualmente, si se quiere, pero que los sustituya.
Lo delicado del nuevo decreto es la presión -tremenda- que
ejercieron quienes creen que deben beneficiarse de los excedentes
petroleros extraordinarios, incluso al grado de menospreciar la
importancia estratégica -por el bien de todos- del Fondo de
Estabilización de los Ingresos Petroleros que, finalmente, quedó
relativamente cubierto en el nuevo decreto, aunque sigue existiendo
el riesgo de su manejo discrecional. Y aquí reitero algo lamentable.
Los gobernadores -como la Federación- quieren más dinero fácil. Y
esto no se resolverá con este nuevo decreto ni con la promesa de
tratar de aumentar las participaciones de estados y municipios.
En realidad sigue pendiente la discusión de fondo y sus dos
vertientes: la sustitución de los derechos ordinarios a que está
acostumbrado el fisco mexicano y el uso de los extraordinarios, que
indudablemente deben utilizarse para el fortalecimiento productivo
de Pemex, del sector energía y de la infraestructura del país. No
por eso -claro que no- despreciemos el hecho de que, efectivamente,
esta reforma le permite a Pemex contar con un poco más de recursos
de inversión y fortalecerse. Pero no nos olvidemos de determinar las
contribuciones alternativas a las petroleras. Nunca lo olvidemos.
Nos urge hacerlo. De veras.
