Los que pagan el nuevo régimen de
Pemex
Fuente:
eluniversal.com.mx
(28/10/05)
( Fernando Calzada Falcón )
El veto presidencial al nuevo régimen fiscal de Pemex fue abordado
por el pleno de la Cámara de Diputados. En lo general, el dictamen
que presentaron las comisiones unidas de Energía y Hacienda y
Crédito Público fue aprobado con tan sólo cuatro votos en contra y
tres abstenciones. Al comparar esta votación con la que se produjo
el año pasado se observa que hubo un mayor consenso. Buena parte de
las observaciones del Ejecutivo fueron aceptadas y hubo algunos
cambios propuestos por los legisladores.
En la víspera de la votación se registraba en el recinto cierta
expectación, sobre todo porque había aspectos que no terminaban de
convencer al conjunto de las entidades federativas y eso hacía
pensar que los gobernadores podrían estar en comunicación con los
diputados y, probablemente, no se alcanzaran las dos terceras partes
de los diputados presentes. El hecho de que antes de discutirse lo
relativo a las reformas a la Ley Federal de Derechos en lo
concerniente a hidrocarburos se sometiera a la consideración del
pleno la propuesta de la Junta de Coordinación Política de un punto
de acuerdo en beneficio de los estados y se aceptara, despejó dudas:
a aquellos diputados que por el impacto a las finanzas estatales
podían haberse opuesto se les brindó una buena señal de disposición
a atender las preocupaciones legítimas. En efecto, se propuso que
por la afectación que padecerían las entidades, para suavizar la
transición, se asumía el compromiso de una asignación
sustancialmente mayor en términos reales a la del presente año y los
dos anteriores en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
para el ramo general 39, Programa de Apoyos al Fortalecimiento de
las Entidades Federativas (PAFEF) que, como en otros años, el
Ejecutivo en el proyecto del PEF para 2006 no le asignó recursos.
Desde luego, sería impensable que este compromiso no se cumpliera.
Viene ahora el paso por el Senado de la República y, aunque se sabe
que ha habido comunicación entre las comisiones de ambos órganos
legislativos, todavía no está dicha la última palabra. Por lo
pronto, de pasar por el Senado en los mismos términos que en la
Cámara de Diputados, la reforma le significará a Pemex recursos
adicionales, suponiendo un precio de 31.5 dólares el barril, por
poco más de 23 mil millones de pesos (mmp). A su vez, esto implicará
una reducción de la recaudación federal participable (RFP) de unos
42 mmp. Y en cuanto al impacto a las finanzas estatales y
municipales como efecto de una disminución de la RFP, significará
una cifra cercana a los 5 mmp, reduciéndose las participaciones en
ingresos federales y en tres fondos de aportaciones del ramo general
33 (infraestructura social, fortalecimiento municipal y aportaciones
múltiples, los tres referenciados a un porcentaje determinado de la
RFP).
En realidad, el impacto es mayor para las entidades porque al entrar
en vigor el nuevo régimen se cancela la existencia de los
Aprovechamientos sobre Rendimientos Excedentes (ARE) que es el 39.2%
de la diferencia en el precio del barril estimado para el ejercicio
y el realmente observado.
De la recaudación de ese 39.2%, según establece el decreto del PEF
2005, la mitad es para proyectos de infraestructura de las entidades
federativas. El Secretario de Hacienda y Crédito Público ha
declarado que estiman que por este concepto las entidades recibirían
unos 21 mmp en el presente año. Este recurso, en caso de que el
precio fuera superior al estimado, las entidades ya no lo
recibirían.
Sin embargo, llama poderosamente la atención en lo que acaba de
aprobar la Cámara de Diputados lo señalado en el artículo 2
transitorio: “durante el ejercicio en el que entre en vigor el
presente Decreto, los recursos que genere el derecho sobre
hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el
artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, hasta por un precio
promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo mexicano
exportado igual al precio de exportación considerado en la
estimación de los ingresos contenidos en el artículo 1 de la Ley de
Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, se
destinarán a financiar gasto de infraestructura física en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio en el que
entre en vigor el presente Decreto. Los recursos que genere este
derecho por un precio superior al precio anterior, se destinarán al
fondo de estabilización de los ingresos petroleros”.
De este artículo transitorio se desprenden algunas observaciones.
En primer lugar, se espera que entre en vigor el primer día de 2006.
Segundo, este derecho lo paga Pemex al gobierno federal siempre que
el precio del crudo sea superior a los 22 dólares el barril.
Tercero, la recaudación de este derecho no es participable a las
entidades federativas, ya que no se integra a la RFP. Cuarto, a
pesar de que es un instrumento para la estabilización de los
ingresos petroleros, se le establece como destino, al menos para
2006, proyectos de infraestructura del gobierno federal, ya que en
su motivación los diputados establecen que habrá “una menor
disposición presupuestal”, dado “un escenario de recursos
insuficientes para financiar el gasto del Presupuesto de Egresos de
la Federación”. Quinto, si se piensa que puede darse un precio de 35
dólares el barril, esto le significaría al gobierno federal ingresos
superiores a los 48 mmp, cantidad que supera en más de 6 mmp la
afectación a la RFP por la entrada en vigor del nuevo régimen. Sexto
y quizá lo más importante, lo anterior significa que en verdad a
quien le pasan la factura del nuevo trato a Pemex es a las entidades
federativas.
Hasta donde tiene conocimiento el que esto escribe, es la primera
vez que se opera para que los estados transfieran recursos al sector
público federal. Con todo, si los diputados no quieren dejar en una
situación de indefensión a las entidades, pueden hacer mucho por el
lado del presupuesto. Veremos.
