Reabren investigación contra los
Bribiesca
Fuente:
contralinea.com.mx
(23/10/07)
• Culpan a exdirectores
generales de Pemex
Oceanografía otorgaba jugosas comisiones
Para salvar el “honor” de la pareja expresidencial y que los hijos
de Marta Sahagún evadan la cárcel, el presidente Felipe Calderón ha
ordenado a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría
General de la República apuntar sus baterías en contra de lo
exdirectores generales de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos y
Luis Ramírez Corzo, quienes presionados desde Los Pinos fueron
obligados a otorgar millonarios contratos a la empresa petrolera
Oceanografía, propiedad de Amado Yáñez Osuna y su hijo Amado Yáñez
Correa, quienes otorgaban jugosas comisiones a los hermanos Manuel y
Jorge Bribiesca Sahagún y a su tío Guillermo Sahagún.
La interrogante es cuánto tiempo resistirán la presión Muñoz Leos y
Ramírez Corzo antes de que se decidan a hablar y revelar cómo el
expresidente Vicente Fox y su esposa Marta se enriquecieron con el
tráfico de influencias que ejercían desde Los Pinos y que para ello
utilizaron a la principal empresa del Estado: Pemex. O acaso los dos
exfuncionarios resistirán hasta la prisión por la embestida
gubernamental que ya preparan los órganos de justicia del gobierno
de Felipe Calderón, cuando ambos sólo cumplían órdenes que salían de
la casa presidencial.
Para Ramírez Corzo fue muy claro, como lo reveló a esta columna, que
Marta Sahagún y sus hijos Manuel y Jorge presionaron desde el 2004 a
Raúl Muñoz Leos, en ese entonces director general de Pemex, para
obligarlo a entregar contratos petroleros a la empresa privada
Oceanografía, a pesar de que no cumpliera con las disposiciones
legales en la materia. Pero esta versión la niega el propio Muñoz
Leos, quien sostiene que sí recibió presiones desde Los Pinos pero
asegura que nunca se apartó de la legalidad y que los contratos
otorgados a Oceanografía fueron mediante licitaciones y apegados a
lo que marca la ley.
Esta versión de Ramírez Corzo fue también confirmada a esta columna
por el propio Manuel Bribiesca Sahagún, quien en su intento por
deslindarse de las acusaciones en su contra, culpó a su hermano
Jorge y a su tío Guillermo de ser los únicos responsables de
gestionar en Pemex contratos para la naviera Oceanografía, a cambio
de lo cual reconoce que recibían importantes comisiones.
Ahora los hermanos Bribiesca son investigados bajo acusaciones de
tráfico de influencias y peculado, lo mismo en la Secretaría de la
Función Pública que en la Cámara de Diputados, en donde se ha
integrado una comisión especial encargada de revisar las actividades
de la empresa Construcciones Prácticas, en donde dicen que los
hermanos son responsables de quebrantar al erario por casi 6 mil
millones de pesos.
El presidente de dicha comisión, Elías Cárdenas, declaró al diario
La Jornada, que los hijos de Marta Sahagún obtuvieron estos recursos
por los fraudes en los contratos signados entre la empresa
Oceanografía y Petróleos Mexicanos (Pemex).
Pero Manuel Bribiesca niega que él haya participado y sí culpa a sus
familiares de gestionar esos contratos, por lo que ahora toda la
familia, incluida su madre Marta, es investiga por la Secretaría de
la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Por si hubiera dudas del tráfico de influencias de los hermanos
Bribiesca a raíz de que su madre llegó a Los Pinos al lado de
Vicente Fox, el primogénito Manuel acepta también haber asumido la
“defensa” del Grupo Miguel por considerar que el entonces secretario
de Hacienda, Francisco Gil Díaz, organizaba una persecución fiscal
“injusta” contra el consorcio.
En dos entrevistas realizadas a fines de 2004 y principios de 2005,
publicadas en Oficio de papel, Manuel Bribiesca revela los
pormenores de las relaciones personales y de poder que lo llevaron,
junto con su hermano Jorge y su tío Guillermo, a traficar
influencias, aunque según él estas negociaciones no fueron
irregulares.
En el caso del Grupo Miguel, el joven empresario guanajuatense
admite haber pedido protección al entonces secretario de Seguridad
Pública, Ramón Martín Huerta, a favor del empresario Alfredo Miguel,
actualmente prófugo de la justicia por cargos de evasión fiscal.
Además, señala que sus familiares solicitaron a la Dirección
Corporativa de la paraestatal Pemex que asignara un contrato a
Oceanografía por 154 millones de dólares (mil 800 millones de
pesos), para el alquiler de un barco grúa que le daría servicio a
las plataformas en la sonda marina de Campeche.
En la primera reunión, Manuel Bribiesca Sahagún reveló: “Te debo
decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a
Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre
con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa se dedicada
a trabajos petroleros, mi hermano y mi tío conocen bien a los
dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se
tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato.
–Pero Manuel, hablamos de un contrato de 160 millones de dólares. Y
esto significa tráfico de influencias, porque lo hacen a cambio de
una comisión. Tu familia puede verse involucrada en acusaciones de
corrupción.
–No, no, no. Nosotros no tenemos dinero y no hemos hecho ningún
negocio sucio. Mi familia no tiene ni un quinto, que nos busquen.
–Pero sí solicitaron el favor en la Dirección General de Pemex…
–Sí. Ellos lo hicieron por la relación que tienen con los dueños de
Oceanografía. Además, se trata de un negocio en el que la operación
del buque significa sólo 60 millones de pesos, así que hay
utilidades por 100 millones (de dólares).
–Es mucho dinero.
–Sí, y no hay nada ilícito.
–A ti te acusan de introducir mercancías de contrabando al país.
–No, no, de eso no hay nada, yo no tengo nada que ver con Aduanas ni
con Gil Díaz. No es mi amigo. Eso no es cierto, son difamaciones.
Que nos busquen y no van a encontrar nada.
–¿Dices que no tienen dinero, que tu familia no tiene recursos?
–No tenemos nada. El hecho de que mi mamá y el presidente vivan en
Los Pinos no ha significado para nosotros tener dinero.
–No tendría por qué.
–Bueno, hasta nos quitaron la “Partida Secreta”, ya no les dan
recursos.
–Esa partida desapareció desde el quinto año de gobierno de Ernesto
Zedillo. No fue por honestidad, sino para impedir que fueran
investigados por el desvío de fondos públicos, como le sucedió a
Carlos Salinas, pues a esa partida secreta se le asignaba una buena
parte del presupuesto federal y, aunque no fuera auditada, no
significaba que podía usarse ilícitamente.
–Pero por eso no tenemos dinero. Hasta el presidente Fox se ha
opuesto a que nosotros nos acerquemos a Los Pinos. Tenemos prohibido
hacer cualquier negocio que relacione a la Presidencia de la
República, pero tenemos que ganarnos la vida, y no porque mi mamá
viva con el presidente nosotros vamos a dejar de trabajar.
–¿Tú hiciste negocios en Pemex?
–No, nada tengo que ver ahí, los que llamaron fueron mi hermano
(Jorge) y mi tío (Guillermo). También a mí se me acusaban de tener
negocios con Carlos Ahumada, pero eso no es cierto. Un día él me
invitó a ver un partido de su equipo León y yo asistí al palco, y
allí platicamos brevemente y nos tomaron fotos, pero nunca tuve una
relación con él ni hice negocios.
–¿Entonces las acusaciones de corrupción en tu contra son falsas?
–Sí, totalmente. Y si quieres saber de corrupción, de verdadera
corrupción, debes investigar a Ramón Muñoz, lo que hace en Los
Pinos. A Francisco Gil, en Hacienda…
–¿Qué han hecho?
–Después hablamos de eso. Por ahora te digo que no tengo nada que
ver con las acusaciones que me hacen. Sobre todo, no tengo negocio
alguno de qué avergonzarme.
–¿Y Gil Díaz?
–Investiga los depósitos multimillonarios que se han hecho en China.
En el segundo encuentro, ocurrido el 27 de enero de 2005, el
primogénito de Marta Sahagún habla de una “persecución fiscal
injusta” contra 80 empresas del Grupo Miguel y de un cuantioso
fraude contra la empresa Servicios Aéreos del Centro, S.A. (SACSA),
fraguado, señala, desde las oficinas del entonces secretario de
Hacienda.
Según Manuel Bribiesca, Gil Díaz se coludió con su sobrino Alfonso
Díaz Percher, representante legal de la empresa Operadora de
Aviación General de Toluca, S.A. de C.V. (OAG), para apoderarse de
75 mil metros cuadrados de modernas instalaciones aeroportuarias
construidas en el estado de México, con un costo de 75 millones de
dólares, rentadas en 12 millones de dólares a la Policía Federal de
Preventiva.
El intrincado conflicto de intereses lo enfrentó con funcionarios
del primer equipo del gobierno de Vicente Fox, al hacer una recia
defensa de “sus amigos” del Grupo Miguel. “Es injusto lo que hace
Gil Díaz contra ellos: primero los persiguió fiscalmente hasta sacar
a Alfredo Miguel del país y ahora pretende apoderarse de sus
empresas, como ocurre con SACSA. Eso sí es corrupción”, dice.
–¿Qué relación tienes con ese Grupo?
–Son mis amigos, solamente.
–¿Se dice que eres socio del Grupo Miguel y que hasta tienes el 50
por ciento de las acciones?
–No. Sólo somos amigos, pero el gobierno ha cometido abuso de poder
y les ha fabricado delitos para quitarles sus propiedades y
desaparecer sus empresas.
–Pero hay investigaciones fiscales y judiciales que confirman que
esos empresarios sí son responsables de varios delitos.
–Yo sé que el gobierno ha abusado en contra de ellos y lo que les
hacen es injusto.
–¿Has hecho algo al respecto? ¿Has hablado con tu madre de ello?
¿Has intentado hablar con el presidente para frenar ese “abuso”?
–Con el presidente Fox no puedo hablar de esas cosas: tenemos
prohibido, mis hermanos y yo, acercarnos a Los Pinos y mucho menos
tratar con él estos asuntos.
–Entonces, ¿has buscado a Gil Díaz?
–No, con él no. No hablo con él.
–¿Alguien más?
–Sí. Hablé con Ramón Martín Huerta (secretario de Seguridad
Pública).
–¿Y qué pasó?
–Lo alerté del fraude que se estaba cometiendo al rentar a la PFP
(Policía Federal Preventiva) las instalaciones de SACSA.
–¿Qué ocurrió allí?
–Gil Díaz ha perseguido por varios años a los dueños del Grupo
Miguel, hasta que logró que le fincaran responsabilidades penales a
Alfredo Miguel, presidente del Grupo, quien tuvo que huir del país
para evitar ser detenido.
–Pero Hacienda sí comprobó que cometió evasión fiscal, ¿o no? Me
parece que por 7 millones de dólares.
–Fue mucho más, pero Hacienda había hecho un acuerdo con él y pagó
el crédito, y después ese pago fue utilizado por el fisco para
argumentar que con eso se comprobaba el delito. Fue una trampa. Y
entonces está prófugo sin deberle nada a Hacienda. Es una injusticia
de Gil Díaz, porque hay funcionarios a quienes les ha otorgado el
“perdón fiscal”, como al presidente de Tribasa, Alfredo Peñaloza,
con quien su sobrino Alfonso Díaz hace negocios.
–¿Qué le pediste al secretario de Seguridad Pública?
–Le dije a Ramón (Martín Huerta) que estaba metido en un grave
problema y que podía estallarle en las manos. Que se había cometido
un ilícito y que estaba involucrada la Policía Federal Preventiva
para beneficiar al sobrino de Gil Díaz con 12 millones de dólares.
–¿Y qué hizo el secretario?
–Está muy preocupado, no sabe qué hacer, porque este caso lo
enfrentaría con Gil Díaz y no quiere molestarlo. Pero pidió tiempo
para resolverlo.
–¿Y cuál es la participación de Gil Díaz en esto?
–Gil Díaz ordenó una partida extraordinaria, fuera del presupuesto,
y esto es fácilmente comprobable, porque ahí están los documentos,
para destinar 12 millones de dólares a la renta de las instalaciones
de SACSA, para que fueran ocupadas por la Policía Federal
Preventiva, y la Secretaría de Seguridad Pública aceptó sin
protestar.
–¿Y cuál es el problema de la renta de esas instalaciones?
–Primero, que están en litigio, por tanto no pueden ser rentadas por
el mismo gobierno; segundo, el dinero (los 12 millones de dólares)
fue triangulado para beneficiar al pariente de Gil Díaz, pues es el
representante legal de la empresa Operadora de Aviación General de
Toluca, de tal manera que ese dinero fue triangulado hasta los
bolsillos de Gil Díaz y de su sobrino, Alfonso Díaz. Fue un robo.
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