Editorial
Pemex: accidente y dudas
Fuente:
jornada.unam.mx
(26/10/07)
• El accidente ocurrido
el martes pasado en el pozo Kab-101 de Petróleos Mexicanos (Pemex),
ubicado en la Sonda de Campeche, enlutó a dos decenas de familias,
dejó un número indeterminado de heridos y provocó daños económicos y
ambientales aún no evaluados. Hasta el cierre de esta edición,
cuatro trabajadores continuaban desaparecidos, como lo reconoció
horas antes frente a la Comisión de Energía del Senado de la
República el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, quien
situó las muertes en 19 y prometió el pronto inicio de una
investigación sobre el desastre. El funcionario atribuyó la colisión
entre la plataforma Usumacinta y el choque del árbol de válvulas del
pozo a condiciones climatológicas “excepcionalmente malas” que
imperaban en la zona, y el titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira
Quesada, culpó del accidente al cambio climático porque, según él,
las olas de 12 metros que azotaron la plataforma superaron los
estándares y sistemas de seguridad de Pemex.
Un accidente es, por definición, inevitable. Sin embargo, hasta
ahora ningún funcionario ha respondido las preguntas que formularon
antier en Ciudad del Carmen algunos de los deudos: ¿por qué la
paraestatal y sus contratistas no desalojaron la plataforma si desde
dos días antes de la tragedia ya se sabía que entraría un norte?
¿Quién y por qué decidió continuar las labores en el pozo con
vientos de 130 kilómetros por hora y un oleaje excepcional?
Desde otro punto de vista, llama la atención que de los 19
fallecidos sólo cuatro fueran trabajadores de Pemex y el resto
empleados de empresas contratadas por la paraestatal para operar el
pozo. Siete de los muertos laboraban para la Compañía Perforadora
Central, señalada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez por violar derechos laborales, y operadora de una
plataforma que, en abril de este año, sufrió un percance en el que
perdieron la vida tres trabajadores de la paraestatal y resultaron
heridos cinco de la empresa contratista. En esa ocasión, el diputado
Cuauhtémoc Velasco atribuyó ese y otros accidentes a la carencia de
mantenimiento, la falta de supervisión de técnicos de Pemex
especializados en el manejo de las instalaciones petroleras y la
deficiente o nula capacitación del personal.
Por añadidura, en estos días se ha hablado de las malas condiciones
de mantenimiento en que se encuentran los botes salvavidas adheridos
a las plataformas petroleras –conocidos entre los trabajadores
petroleros como mandarinas, por su color anaranjado– y, de acuerdo
con el testimonio de uno de los sobrevivientes del Kab-101, una de
estas embarcaciones falló cuando algunos integrantes del personal de
la plataforma trataban de salvarse en ella.
La suma de estos elementos no sólo da pie para sospechar la
existencia de irregularidades y de decisiones inadmisibles en la
génesis del desastre ocurrido el martes en la Sonda de Campeche,
sino que evidencian el desmembramiento de la industria petrolera
nacional, favorecido desde hace años por el Poder Ejecutivo Federal
no para dar mayor eficiencia y rentabilidad a la paraestatal, sino
para abrir oportunidades de negocio a contratistas particulares, y
no necesariamente en condiciones de transparencia y probidad.
En lo inmediato, ha de exigirse a las autoridades y a las empresas
que no escatimen esfuerzos para rescatar a los trabajadores
desaparecidos y para atender con justicia y humanidad a las familias
de los fallecidos; en suma, que no se repitan en Campeche los
indignantes maltratos y el desdén que han experimentado los deudos
de los mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, ni las
escandalosas connivencias entre la empresa propietaria de ese
yacimiento y las autoridades de la Secretaría del Trabajo.
Ciertamente, la investigación señalada ayer por Reyes Heroles es
obligada y perentoria. Debe procederse a un minucioso deslinde de
responsabilidades a fin de determinar si hay acciones que perseguir
por el accidente por parte de funcionarios de la paraestatal y
mandos de las empresas involucradas y, en caso afirmativo, imponer
las sanciones correspondientes y corregir los procedimientos de
seguridad ineficaces.
Más allá de las soluciones de emergencia y del esclarecimiento legal
de lo ocurrido en el pozo Kab-101, es necesario restituir la
dignidad del gremio petrolero, afectada por un sindicalismo charro
que sigue siendo más aliado del gobierno que protector de sus
agremiados, y rescatar a la industria energética nacional del
contratismo privatizador que la carcome y que es impulsado sin pudor
desde la cima del poder político.
