Carlos Juaristi, de nuevo prófugo de
la justicia
Fuente:
cronica.com.mx
(30/09/05)
ALFREDO MENDEZ ORTIZ
Carlos Fermín Juaristi Septién, ex director corporativo de
Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), es por segunda
ocasión prófugo de la justicia, luego de que una juez federal con
sede en el Reclusorio Sur libró en su contra una nueva orden de
aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de peculado
derivado del Pemexgate.
Fue la juez 13 de distrito, Silvia Estrever Escamilla, dentro de la
causa penal 45/2002, quien emitió la orden de captura el pasado 22
de septiembre.
La medida cautelar se libró en cumplimiento de un amparo que
concedió hace dos meses a Juaristi un tribunal colegiado del
Distrito Federal, para que la juzgadora determinara la forma en que
el inculpado habría participado en la distracción de los mas de mil
millones de pesos de Pemex al Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana, así como la cantidad exacta que
supuestamente autorizó el ex funcionario y el destino que tuvo el
dinero.
A diferencia de la primera orden de aprehensión girada en 2002
contra Juaristi, por el mismo delito, en esta ocasión la juzgadora
precisó que el monto del peculado que se imputa al ex funcionario
asciende a 640 millones de pesos.
Asimismo, la juez libró la orden de captura tras concluir que "quedó
demostrado (que Juaristi), en forma conjunta con sus coindiciados,
tenía la administración y disponibilidad de los recursos
presupuestales de Pemex, en razón del cargo que ocupaba dentro del
organismo público descentralizado".
Lo único que no pudo comprobar la juzgadora fue el destino que tuvo
ese presunto desvío, aunque precisó que lo que quedó demostrado es
"que el dinero no se aplicó para el propósito que estaba
predestinado", y en cambio se ocupó para "beneficio ajeno de un
tercero", el sindicato petrolero.
De lo único que ya no puede ser juzgado Juaristi es del presunto
peculado electoral -delito que lo habría llevado a prisión por ser
considerado grave-, pues recibió un amparo definitivo.
Respecto del delito electoral, diversos juzgadores concluyeron que
la Procuraduría General de la República no aportó las pruebas
suficientes para demostrar que Juaristi Septién tenía conocimiento
de que parte de los recursos que autorizó para apoyar al sindicato
petrolero -más de mil millones de pesos durante 2000-, eventualmente
serían destinados por los dirigentes del gremio para apoyar la
campaña presidencial del priísta Francisco Labastida.
