La SFP protege a SMC y Hermanos
Bribiesca
Fuente:
diarioolmeca.com.mx
(20/09/06)
AFrena inhabilitación de un año a la empresa de Juan de Dios Saint
Martín Zepeda y guarda silencio por el presunto fraude de 300
millones en Pemex Refinación; exoneran a los hijos de Martha Sahagún...
Debería estar inhabilitada, en cambio está a un paso de firmar
contrato por 61 mdp.
Por: Arturo Cruz.
Las presuntas condonaciones a la empresa Saint Martín Construcciones
no sólo se limitan a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), que el año 2005 perdonó una multa por un millón
272 mil pesos por violaciones a la Ley General de Equilibrio
Ecológico; ahora éstas se trasladan a la Secretaria de la Función
Pública (SFP) y los Órganos Internos de Control de Petróleos
Mexicanos, desde donde se protegen las irregularidades de la empresa
de los hermanos Saint Martín Zepeda, quienes reiteradamente han sido
ligados a Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún.
Extrañamente, existen dos demandas frenadas en la SFP,
específicamente en los Órganos Internos de Control de Pemex
Exploración y Producción y en Pemex Refinación: la primera de ellas
va con relación a una inhabilitación por un año por falsear
información en una de las licitaciones; y la segunda, por un
presunto fraude de más de 300 millones de pesos al alterar bitácoras
de transporte de material contaminado por la explosión del pasado 22
de diciembre de 2004 en Nanchital, Veracruz.
¿Y la inhabilitación de un año?
Se recordará que el pasado 26 de abril de 2006, en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) se publicó la notificación del expediente DS/174-4/2005
que señalaba que la empresa Saint Martín Construcciones había sido
inhabilitada un año –del 27 de abril de 2006 al 27 de abril de 2007-
y una multa de 280 mil 488 pesos.
La causa de la sanción, detalla el DOF, porque proporcionó
información falsa al haber manifestado que las celdas de
almacenamiento temporal que ofertó, cumplían con las autorizaciones
en materia de impacto ambiental exigidas por las bases concursales,
lo que resultó contrario a lo determinado por la Dirección General
de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, con lo que se ubicó en
el supuesto de la fracción IV del Artículo 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas.
Sin embargo, más tardó el OIC de PEP en dar este resolutivo que la
empresa Saint Martín Construcciones en presentar el juicio de amparo
No. 417/2006 el 2 de mayo de 2006 –cuatro días después-, que
determinó conceder la suspensión “provisional” de la sanción de
inhabilitación de un año que le fue impuesta a la citada empresa,
hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, por lo que dicha
sociedad mercantil, puede participar en los eventos licitatorios a
que se convoque, y en su caso, ser adjudicataria.
Sin embargo, esa suspensión provisional ya cumplió cuatro meses y
extrañamente el OIC de PEP, representado en esta ocasión por Juan
Alfredo Montiel Nataren, mostró opacidad y conformismo en las
investigaciones permitiendo a la empresa ligada a los hermanos
Bribiesca Sahagún siga participando en licitaciones.
Desde aquél 2 de mayo, Saint Martín Construcciones ha participado en
15 licitaciones: 18575008-022-06, 18575008-031-06, 18575008-035-06,
18575008-046-06, 18575008-050-06, 18575008-064-06, 18575062-038-06,
18575062-041-06, 18575062-080-06, 18575062-086-06, 18575062-096-06,
18575099-006-06, 18575106-027-06, 18575107-025-06 y 18576019-005-06.
A un tris de ganar 61 millones de pesos
De estas, sólo se adjudicó el pasado 8 de septiembre el fallo de la
licitación 18575062-080-06 por concepto de inspección,
rehabilitación y certificación a ductos –algo en lo que Saint Martín
Construcciones tiene mucha experiencia- por un monto de 61 millones
727 mil 121 pesos. Sin embargo, la firma del contrato está en duda y
se le puede venir abajo a los poblanos.
Mutis en Pemex Refinación
Pese a que debe ser un delito que se sigue por oficio hasta en la
Procuraduría General del República, el OIC de Pemex Refinación
argumenta que se necesita una demanda y las pruebas para iniciar una
investigación por el presunto fraude de 300 millones de pesos
cometido por la empresa Saint Martín Construcciones, S.A. de C.V.
El fraude fue denunciado en su momento por el ex trabajador de la
empresa Luis Priego Colorado, responsable directo del contrato en
cuestión, quien aportó los elementos como para que se iniciará una
investigación, y de una buena vez se le pusiera el último clavo al
ataúd de la corrupción que es el estigma de la empresa de los
hermanos Saint Martín Zepeda.
El fraude en cuestión se fraguó y ejecutó en las labores de
saneamiento de Nanchital, Veracruz, donde en diciembre del 2004
fueron derramados unos 10 mil barriles de crudo. Ahí, Saint Martín
Construcciones falsificando reportes, infló el pago final del
contrato SDSE-OPU81-172/2004 hasta alcanzar cobrar 450 millones de
pesos.
La empresa contratista alteró presuntamente las bitácoras de trabajo
y reportes de volumen de petróleo recogido, según denuncia en la
Contraloría de la paraestatal por parte de Unidad de Contratos de la
Superintendencia General de Mantenimiento de Pemex Refinación, con
sede en Minatitlán, Veracruz.
Basta revisar los importes pagados por las dos fianzas entregadas y
los importes manifestados (casi 1000% mas) en la tabla que conforman
el porcentaje de los costos indirectos para detectar el megafraude
cometido por directivos de Saint Martín Construcciones.
De estas maniobras resultó un importe de $637’758,375.62
(seiscientos treinta y siete millones setecientos cincuenta y ocho
mil trescientos setenta y cinco pesos 62/100 M.N.); sin embargo,
cuando Pemex Refinación se da cuenta en la trampa en que había caído
se alarma, rechaza e insiste en anular el acta de formalización del
catalogo de precios de fecha 12 de abril del 2005, pero Saint Martín
se niega.
Finalmente Pemex Refinación opta por reajustar este catalogo de
precios por cuenta propia y se le comunica a Saint Martín y que
finalmente gustoso acepta la empresa por $450’492,648.64
(cuatrocientos cincuenta millones cuatrocientos noventa y dos mil
seiscientos cuarenta y ocho pesos 64/100 M.N).
La actuación de la SFP, y de su titular Eduardo Romero Ramos, para
con la empresa SMC va muy en la lógica y actuar de la dependencia
que acaba de exonerar por tráfico de influencias los hijos de Martha
Sahagún.
Absuelven a los hijos de Sahagún
Tras concluir 30 auditorías, la Secretaría de la Función Pública (SFP)
determinó que los hermanos Bribiesca no cometieron los delitos de
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
que les imputó la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados.
La dependencia anunció que, al término de sus investigaciones, no
halló indicios de delito ni tampoco evidencia que vincule a la
empresa Construcciones Prácticas, de Miguel Khoury, con otras tres
compañías que supuestamente estaban relacionadas con Manuel
Bribiesca.
Eduardo Romero, titular de la SFP, envió este jueves una carta y las
auditorías concluidas a Jorge Zermeño, Presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, para informarle de los
resultados de las indagaciones solicitadas por el hoy ex legislador
Jesús González Schmall.
"De la documentación enviada por la Comisión Investigadora, no se
desprenden elementos que permitan acreditar la comisión del delito
de Tráfico de Influencia", le informa Romero a Zermeño, en la carta
a la que se tuvo acceso.
De acuerdo con la Contraloría federal, en las auditorías realizadas
por despachos contables privados sólo se determinaron observaciones
que podrán ser solventadas en 45 días hábiles, pero no se trata de
conductas que ameriten siquiera el inicio de un procedimiento
administrativo de responsabilidad.
"En las auditorías realizadas por los despachos independientes y las
practicadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, no se evidenció relación de negocios
entre la empresa FACOPSA, Clínica Hospital San José y Construcciones
Saint Martín, con la firma Construcciones Prácticas, empresa objeto
de la investigación de la extinta Comisión legislativa
investigadora.
"Respecto a un probable 'Trafico de Influencia y Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita (lavado)', señalado en el informe
elaborado por la extinta Comisión de Diputados, el análisis
realizado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría
establece que en la documentación enviada por los legisladores no se
encontraron elementos que permitan sustentar una denuncia de hechos
probablemente constitutivos de los delitos mencionados".
La institución a cargo de Romero también investigó en sus auditorías
el presunto enriquecimiento ilícito con la probable ayuda de
funcionarios, mediante el incremento del capital social de 8
empresas de Manuel Bribiesca y Miguel Khoury, y concluyó que tampoco
había ilícito alguno.
"No se advierte su participación en los hechos señalados, ni
afectación alguna a la Federación. Estas 8 empresas son: Poliductos
de Tamayo; Conductores Mexicanos Especializados; Ferrosocios;
Ángeles, Flores y Regalos; Urbanizaciones Inteligentes, Superblocks
de Celaya, Emabra y Grupo Inmobiliario Kilate", expuso.
En su carta enviada por Romero a Zermeño, se señala que los
auditores determinaron varias observaciones, antes hechas por la
Auditoría Superior de la Federación, que tampoco presentó denuncia
por este caso, que deberán ser solventadas en un plazo de 45 días
hábiles.
De no subsanarse -sólo hasta entonces- se iniciarán procedimientos
administrativos disciplinarios.
La SFP y los despachos que contrató realizaron 28 auditorías a los
convenios de construcción de carreteras que otorgó la SCT a Facopsa,
empresa de Cosme Mares, a quien acusaron de ser prestanombres de
Manuel Bribiesca.
Una auditoría más se aplicó a la Profepa, para revisar si los
procedimientos que siguió para retirar los sellos de clausura y
condonar las multas a la empresa Saint Martín Cosntrucciones se
apegó a la normatividad vigente.
La otra auditoría se aplicó a Petróleos Mexicanos, por un contrato
que le dio a la Clínica Hospital San José, de Alberto Sahagún,
hermano de la primera dama. En ninguno se detectó delito.
